29 de Agosto de 2019, 21:05
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible necesitan no sólo de una importante movilización política, sino también financiera: de acuerdo con la Red de Desarrollo Sostenible, las necesidades de financiación de los ODS alcanzan, para todo el periodo 2015-2030, hasta un total de 11 billones de dólares, aproximadamente la producción de toda la economía norteamericana en un año.
Parece una cifra absolutamente inalcanzable si tenemos en cuenta que la ayuda oficial al desarrollo reportada por los países donantes en el Comité de Ayuda al Desarrollo supone 146.000 millones de dólares, esto es, un 15% de la financiación necesaria a nivel global. Bien es cierto que este concepto es sólo uno de los elementos que conforman los flujos de inversión necesarios para los ODS. Tan es así que la OCDE ha generado uno nuevo para identificar todos los flujos tendentes a promover el desarrollo sostenible, como el TOSSD, o apoyo total oficial para el desarrollo sostenible, cuya definición final todavía está en fase de refinamiento y consenso.
[Con la colaboración de Red Eléctrica de España]
La cifra de financiación parece, por lo tanto, lejana. Pero si nos fijamos en los flujos internacionales de inversiones, empieza a palidecer. Teniendo solamente en cuenta las inversiones directas transfronterizas, la cifra se eleva hasta 1,4 billones de dólares en 2017, un año particularmente negativo para este tipo de inversión. Si sumamos a este tipo de inversiones directas la capitalización bursátil de los mercados de acciones a nivel global, alcanzamos los 46 billones de dólares en 2018, cifra a la que habría que incorporar los 40 billones que anualmente se movilizan en los mercados de bonos. La financiación de los ODS supone una cifra considerable si sólo contamos con la ayuda oficial, pero es sólo una fracción de la financiación privada movilizada a nivel mundial. La clave, por lo tanto, está en ser capaces de utilizar una parte importante de esta financiación global para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La idea de movilizar recursos financieros para la sostenibilidad ambiental o social no es nueva. Existen numerosos instrumentos dirigidos a favorecer una relación positiva entre riesgo, rentabilidad e impacto social y ambiental positivo. El programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente mantiene desde hace años una iniciativa para la vinculación de los mercados financieros con la sostenibilidad, al tiempo que otros actores privados han comenzado a desarrollar sus propias estrategias: de acuerdo con el Global Impact Investing Network Report 2019, los gestores de fondos de inversión de impacto reconocen tener bajo gestión hasta un total de 239.000 millones de dólares en activos con un efecto social o ambiental positivo.
Este tipo de inversiones son las que se dedican a productos, proyectos o empresas cuyo objetivo es generar un impacto positivo de manera consciente, estratégica e intencionada. Van, por lo tanto, más allá de la tradicional categoría de inversiones social o ambientalmente responsables, en la que el factor fundamental era evitar el daño o minimizar los riesgos asociados a la actividad económica. En este caso, el sector de las inversiones de impacto supone un instrumento que sitúa el beneficio social o ambiental como un 'driver' fundamental del modelo de negocio, y no como una mera externalidad generada en el proceso de producción o prestación de servicios. Desde cooperativas de consumo energético basadas en renovables, empresas de inserción social, prestadoras de servicios a precios asequibles para amplias capas de la población o empresas promotoras de innovaciones capaces de solucionar problemas vinculados a los ODS, el sector de la inversión de impacto ha aparecido con fuerza como un nuevo pilar en el que basar la transición hacia la sostenibilidad.
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España ha llegado tarde a la puesta en marcha de las inversiones de impacto. Nuestro mercado es particularmente pequeño en comparación con los europeos -alrededor de 300 millones de euros en 2017- y su nivel de desarrollo es muy preliminar y con un fuerte potencial de crecimiento. En un informe publicado por Foro Impacto, la red que agrupa a lo más representativo del sector en nuestro país, se han identificado debilidades y potencialidades de crecimiento tanto del lado de la oferta de financiación como de la demanda de la misma, destacando como una de las principales la ausencia de una verdadera base de proyectos en los que invertir en el caso en el que el dinero decidan incorporar estos activos a sus carteras.
El propio Foro Impacto ha logrado movilizar a diferentes agentes públicos y privados para poner en marcha un plan de acción dirigido a reforzar la generación de nuevos proyectos, a fortalecer la intermediación y a movilizar recursos tanto públicos como privados para la inversión en este terreno, logrando que España se incorpore en el Global Steering Group de Inversiones de Impacto, la alianza global que moviliza y promueve este tipo de inversiones.
Es bastante probable que éstas avancen como un instrumento financiero clave para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, para poner en pie el sector, incipiente en España, deben producirse importantes cambios en la estructuración de nuestro proceso de financiación de los emprendimientos sociales. España cuenta con una buena base productiva vinculada a la economía social, pero este tejido productivo adolece de sistemas confiables, verificables y comparables de medición de su impacto social y ambiental.
La propia Administración utiliza criterios diversos y poco desarrollados para medir el impacto de las iniciativas que financia a través de subvenciones e incentivos, como se está encargando de poner en evidencia la AiRef. Existen inversores privados deseosos de mantener activos de estas características, pero lo cierto es que hay una enorme brecha entre los proyectos que se inician y los que alcanzan las condiciones de madurez suficientes para ser atractivos para aquéllos. Existe ahí un importante hueco que las políticas públicas podrían contribuir a solventar, particularmente con los fondos europeos.
En conclusión, España se encuentra en un momento de cierta efervescencia en materia de inversiones de impacto, pero el establecimiento de mecanismos de medición estandarizados y la necesidad de apoyar, desde las políticas públicas, los proyectos más incipientes para que puedan consolidarse y crecer suponen los principales retos a los que atender. Las posibilidades son inmensas, pero los desafíos también.
