Con la discusión monopolizada por los
top jobs, el impulso que el Consejo Europeo del pasado 20 de junio dio a la
lucha contra la desinformación ha pasado casi desapercibido. En él, los líderes nacionales apoyaron el incremento de la supervisión de la Comisión sobre plataformas como Facebook o Twitter y abogaron por reforzar la cooperación.
La lucha contra la desinformación aparece ya en la agenda europea al más alto nivel.
El problema es evidente: mientras que la confianza social en el poder de la información ha sido un rasgo permanente, quizá el más definitorio, de la
civilización europea, la sustitución de ésta por la emoción, la desconfianza y la imprecisión distorsiona el funcionamiento de la
esfera pública, en la que se produce la discusión razonada de los asuntos colectivos. Lo cierto es que la sociedad europea está siendo desafiada en el centro mismo de su identidad.
La doble tensión resistencia-resiliencia y público-privado
Seamos claros desde el principio:
estamos fracasando en protegernos frente a la desinformación. Diversos
expertos consideran que,
aunque en el corto plazo la democracia liberal carece de instrumentos efectivos, su flexibilidad sí la convierte en un sistema muy robusto en el largo plazo. De ahí que las respuestas planteadas oscilen entre la resistencia (reducir el impacto en el corto plazo desde el respeto a la libertad de expresión) y la resiliencia (dotar a la sociedad civil de las herramientas para enfrentarse a la desinformación).
La desconfianza hacia la capacidad y las intenciones de los poderes públicos explica, además, que
la mayor parte de propuestas desplace el peso hacia la iniciativa privada: frente a la coerción, se opta por fórmulas de co- y/o auto-regulación.
Tabla 1. Una tipología de políticas contra la desinformación
Fuente: Elaboración propia.
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Esta doble tensión resistencia-resiliencia y público-privado radiografía bien el despertar europeo contra la desinformación. Como la Tabla 1 muestra,
en el corto plazo el Estado se convierte en mero impulsor y coordinador de actividades privadas encaminadas a incrementar los daños reputacionales de las malas prácticas.
A medio plazo, el objetivo es ayudar a las sociedades a autodefenderse, facilitando el éxito de narrativas persuasivas, sí, pero también reales, contra el
hacking cognitivo.
La proliferación de iniciativas en diversas jurisdicciones no debiera convertirse, sin embargo, en obstáculo a una política que, dado el carácter público de la información, deberá adquirir
dimensiones globales. Los Grupos de Expertos Gubernamentales (GEGs) convocados hasta la fecha han mostrado reducidas cotas de consenso y, de hecho, en la actualidad son dos los foros distintos en los que empieza a cobrar forma la
futura gobernanza del ciberespacio: un nuevo GEG impulsado por la UE y Estados Unidos, y un Grupo de Trabajo Abierto bajo liderazgo ruso.
El despertar de una política común: gracias, Putin
El estallido de la crisis ucraniana en 2014 convenció a los líderes comunitarios de la necesidad de una política frente a la
intoxicación informativa rusa. Para contrarrestarla, en junio de 2015 se presentaba un
Plan de Comunicación Estratégica a iniciativa del Consejo Europeo, que ya esbozaba líneas de trabajo con desarrollos posteriores.
La llegada de Estonia a la Presidencia del Consejo Europeo, en julio de 2017, supuso un impulso más decidido. El país báltico, a la vanguardia de esta lucha, puso el acento en la proactividad y en respuestas integrales. A finales de ese año se lanzaba un
Eurobarómetro sobre la materia, se abría un proceso de consulta pública y la Comisión creaba un Grupo de Expertos de Alto Nivel con el objetivo de orientar a las instituciones comunitarias en la elaboración de políticas.
El
informe final del Grupo evidenciaba principios básicos, pero también acciones concretas. Como resultado de estas recomendaciones, la Comisión anunciaba en abril de 2018 la elaboración de un Código de Buenas Prácticas, así como el impulso a la alfabetización mediática y la creación de una red europea de verificación de información. Al Código le acompañaban un
Plan de Acción contra la desinformación y el despliegue de un
sistema de alerta rápida, dirigidos a detectar con mayor rapidez las acciones de desinformación y coordinar al máximo las respuestas dentro del ámbito de la UE.
La preocupación por lograr niveles de colaboración privada adecuados se ha hecho patente en los distintos
llamamientos a la responsabilidad de plataformas y redes sociales. El
Código, presentado en septiembre de 2018, ha sido suscrito por Facebook, Google y Twitter. Hasta ahora, sin embargo, el suministro de información al que quedan obligadas no ha satisfecho a las autoridades comunitarias, que exigen una
información más detallada. De mantenerse esta insatisfacción, es de prever que la evaluación de los primeros meses de vigencia del Código, prevista en la segunda mitad de 2019, anime a las autoridades comunitarias al uso de instrumentos legislativos. Después de las
zanahorias, podrían venir los
palos.
Políticas nacionales europeas: ¿unidos en la diversidad?
El despliegue de una política comunitaria no se puede desligar de las diversas iniciativas nacionales. Sin ánimo de exhaustividad, la Tabla 2 resume la situación de las mismas en varios estados miembros. Esta panorámica apunta a un avance desde instrumentos
ad hoc meramente informativos hacia una institucionalización en órganos permanentes. Países como Alemania y Francia han adoptado incluso medidas legislativas. Cabe recordar, en todo caso, que estos países representan a la vanguardia europea: en la mayoría de estados miembros aún está todo por hacer.
Tabla 2. Políticas anti-desinformación en distintos estados miembros
Fuente: Elaboración propia.
Primeros pasos de una política española: y, sin embargo, se mueve
Aunque las amenazas sobre procesos electorales vecinos comenzaron a despertar recelos, no fue hasta octubre de 2017, durante el clímax del desafío independentista catalán, cuando España comenzó a tomarse
en serio estas amenazas.
A finales de ese año, y aprobada la última Estrategia de Seguridad Nacional 2017, el Gobierno anunciaba la creación de un centro de operaciones contra ciberataques y desinformación. Este anuncio era revelador por dos motivos: por un lado, España hacía patente el predominio del enfoque de defensa a la hora de afrontar este problema; por otro, y en línea con la entonces vigente
Estrategia de Ciberseguridad 2013, se vinculaban explícitamente ciberataques y desinformación, dos fenómenos marcadamente diferentes. Apuntábamos al objetivo, pero errábamos el tiro.
Ha habido que esperar más de un año para que ese anuncio se materializase. En marzo de 2019, se procedía a la creación de dicha
unidad especializada, integrada en Presidencia del Gobierno. En el tiempo transcurrido desde su anuncio en 2017, las autoridades españolas parecen haber adquirido una imagen más precisa de la amenaza. En febrero, el CNI admitía que, si bien el Gobierno sí disponía de capacidad suficiente para garantizar la seguridad informática electoral,
no ocurría lo mismo con las acciones de desinformación. Y todo ello al mismo tiempo que el
Informe Anual de Seguridad Nacional alertaba de que ésta constituye una de las amenazas más importantes para nuestro país.
Parece que es ahora cuando se empieza a mover algo en España. La ingenuidad inicial que vinculaba ciberseguridad y desinformación ha dado paso a una progresiva toma de conciencia. En línea con esta preocupación creciente, el Centro Criptológico Nacional publicaba en febrero una
Guía de Buenas Prácticas. La creación de un marco de actuación que señale el papel y responsabilidades del sector privado será de hecho uno los retos principales que deberá abordar la implementación de la recién publicada
Estrategia de Ciberseguridad Nacional 2019.
Conclusiones
Lejos de plantear respuestas nítidas, nuestras conclusiones esbozan los retos principales a los que se enfrenta la lucha contra la desinformación:
1.- Además de políticas focalizadas, la lucha contra ella exige también abrir un debate general sobre qué tipo de comunicación necesitan las democracias en la era digital.
Todos los ciudadanos, y especialmente los líderes de opinión, tenemos la responsabilidad de recuperar una narrativa que sea a la vez persuasiva y veraz, en vez de sólo persuasiva y verosímil.
2.- Recortar libertades para luchar más eficazmente contra esta amenaza
equivale a conceder un éxito anticipado a este desafío. Sin embargo,
la libertad de expresión tampoco debería ser el parapeto de los cínicos y los temerosos de una democracia militante.
3.- En el corto plazo, el principal reto es diseñar
un sistema de incentivos que haga atractiva la colaboración privada. Cualquier política con visos de éxito deberá formar parte de un paquete global de políticas sobre las grandes compañías tecnológicas, que incluya también los otros
issues clave:
privacidad, fiscalidad y competencia.
4. Los flujos globales de información hacen inevitable una
armonización internacional. La creciente multipolaridad mundial augura que ese equilibrio no sería tanto el resultado de la imposición hegemónica, sino más bien una
Paz de Westfalia digital que redefinirá conceptos hasta ahora indiscutibles (como
agresión o
proporcionalidad).
(Con la colaboración de Manuela Sánchez y Carlos Samitier)
