Para quienes han seguido con interés el proceso político en Nicaragua, es indudable que
se ha abierto una nueva fase en el camino para resolver la crisis que inició en abril de 2018. Después de 11 meses de una fuerte represión gubernamental a todas las protestas ciudadanas, en
febrero de 2019 el Gobierno accedió a instalar una
nueva mesa de negociación, con un formato distinto del diálogo realizado
en mayo de 2018. Esta vez, la mesa contaba con seis negociadores de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, en representación de los ciudadanos, y seis del Gobierno. Como garantes, se nombró a un enviado del secretario general de la OEA y el nuncio apostólico.
El acuerdo más importante de esta nueva fase se firmó el 29 de marzo y se denomina
'Acuerdo para fortalecer los derechos y garantías ciudadanas'. Incluye entre sus puntos más importantes la liberación de todos los prisioneros políticos, el restablecimiento de los derechos y libertades ciudadanas, el desarme de los grupos paraestatales y el retorno seguro de los miles de exiliados. Menos de 24 horas después de firmado, el Gobierno
ya lo había incumplido, ocasionando un
impasse en las negociaciones cuando la Alianza decidió levantarse de la mesa hasta que no se avanzara en el cumplimiento de los compromisos.
El 8 de junio, el Parlamento aprobó una
ley de amnistía enviada por el Gobierno, y el 10 de ese mismo mes fueron liberados 56 prisioneros políticos, entre ellos los más connotados líderes del movimiento cívico de oposición. Con anterioridad, el Ejecutivo había excarcelado a unos 600 prisioneros en diferentes fechas entre febrero y junio. Sin embargo,
en las cárceles todavía permanecen cerca de 180 más y las detenciones arbitrarias de ciudadanos han continuado por parte de la Policía, así como el asedio a las protestas ciudadanas. Evidentemente, Ortega utilizó la liberación de los prisioneros como un recurso para detener las sanciones que Estados Unidos y la Unión Europea habían anunciado, y forzar a la Alianza a regresar la mesa de negociaciones. Pero hizo las cosas tarde y mal.
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En efecto, esa medida de última hora y el incumplimiento de los acuerdos por parte del Gobierno no frenaron un proceso en curso y este 21 de junio,
Estados Unidos y Canadá anunciaron la aplicación de sanciones a cuatro funcionarios gubernamentales cercanos a la pareja presidencial, alcanzando la decena el número de personas sancionadas desde diciembre de 2017 hasta la fecha. Tanto los congresistas como otras personas del Gobierno de Estados Unidos se han percatado de que esta medida es temida por la dupla Ortega-Murillo.
El Ejecutivo tampoco ha conseguido su objetivo más estratégico: desmovilizar el movimiento cívico y a sus líderes. Los prisioneros y prisioneras han salido de la cárcel con mucha firmeza y dignidad. En cada una de sus ciudades, los vecinos han salido a recibirlos con júbilo y sin temor, a pesar del hostigamiento policial. Además, durante los últimos meses
las protestas cívicas se han multiplicado en diferentes localidades y al Gobierno le resulta cada vez más difícil contenerlas, a pesar de todas las intimidaciones y amenazas.
El país se encuentra bajo un estado de excepción 'de facto' desde hace un año.
La salida de todos los prisioneros y prisioneras acerca el cierre de la primera etapa de la negociación, que consiste en crear las condiciones necesarias antes de entrar a los puntos críticos de la agenda: reformas electorales y adelanto de elecciones, y justicia para las víctimas. De esta primera etapa todavía hace falta restablecer las libertades y los derechos ciudadanos (principalmente, que la gente pueda marchar sin temor a la represión), la libertad de expresión y prensa y la devolución de los bienes confiscados arbitrariamente por el Gobierno a medios de comunicación y ONGs.
Las alternativas se cierran rápidamente para el Gobierno y se están configurando un escenario donde cada vez crece más el imperativo de negociar por la presión de las sanciones que penden sobre la cabeza de los funcionarios públicos allegados a Daniel Ortega y Rosario Murillo, y a las puertas de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde se espera la aprobación de una resolución que acerca el camino para la aplicación de la Carta Democrática.
Sin ánimos triunfalistas, es bueno reconocer que
a la vista están todos los signos de una derrota estratégica de los Ortega-Murillo frente a la contienda que ha planteado el movimiento cívico. Aún no se ha resuelto, los retos son complejos, pero hay avances importantes en el proceso democrático, especialmente para el movimiento ciudadano que emergió en abril de 2018.
