La Organización Mundial del Comercio (OMC), pilar central del multilateralismo y la cooperación en materia económica internacional, se está desintegrando a cámara lenta. La Comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmstrom, decía recientemente que
"el sistema de la OMC probablemente está en su crisis más profunda". Por su parte, la economista Alicia García Herrero, una de las más finas y provocadoras analistas de la economía política internacional, afirmaba la semana pasada que
ya no puede jugar ningún papel en la resolución de los conflictos comerciales, y que lo peor era que los europeos nos seguíamos agarrando a ella como al
Titanic, sin darnos cuenta de que se está hundiendo.
Desde que, en 2018, la Administración Trump iniciara sus guerras comerciales y frenara la nominación de jueces para su tribunal de resolución de conflictos (lo que supondría el bloqueo de la
'joya de la corona' de la institución a finales de este año porque ya no podría dictaminar sobre los contenciosos y, por tanto, no habría fuerza legal para que sus reglas pudieran aplicarse),
la Unión Europea está intentando rescatarla. La tarea es titánica, pero la UE debe continuar poniendo todo su peso económico y político al servicio de una reforma de la OMC que seguramente secundarán otros muchos países que añoran el liderazgo europeo.
De lo contrario, nos deslizaremos rápidamente hacían un mundo sin reglas en el que todos, pero sobre todo los países europeos como España, perderemos mucho.
En todo caso, es importante moderar las expectativas. Hay que reconocer que
la OMC, ya antes de ser boicoteada por Estados Unidos, no era la institución adecuada para regular multilateralmente muchas de las nuevas formas del comercio internacional que tienen que ver con los servicios y las cadenas de suministros globales, que por su enorme complejidad requieren acuerdos pluri-laterales entre menos países.
Pero eso no significa que no valga la pena mantener un mínimo común denominador, que pasa por salvar su mecanismo de resolución de disputas (que es, probablemente, el tribunal económico internacional que mejor ha funcionado en la historia), así como de garantizar que sus miembros pueden dormir tranquilos sabiendo que el acceso de sus exportaciones de bienes a otros mercados está garantizado y no será obstaculizado por aranceles oportunistas que, además de generar pérdidas agregadas de bienestar, crean incertidumbre y frenan la inversión, reduciendo el crecimiento futuro.
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Como ha explicado
Baldwin, la OMC (y antes su predecesor, el GATT), fue muy eficaz en liberalizar y regular el comercio internacional cuando la mayoría de los intercambios eran de manufacturas y los bienes se producían íntegramente en un país y se exportaban a otro. Hoy, sin embargo, la propia naturaleza de los intercambios internacionales se ha transformado.
El comercio se ha estructurado en cadenas de valor que 'desnacionalizan' el concepto clásico de la ventaja comparativa, al tiempo que los avances tecnológicos han dado un espectacular impulso al comercio de servicios, que se acelerará todavía más en los próximos años. Todo ello ha redefinido los patrones clásicos del comercio y la inversión, dando lugar a una nueva geografía de los intercambios en la que los países emergentes, sobre todo China, desempeñan un papel cada vez más relevante
en un mundo cada vez más asiático y menos europeo.
En este contexto,
la regulación y expansión de los intercambios pasa cada vez más por armonización de estándares y la protección de inversiones y propiedad intelectual, y menos por reducir aranceles, que de hecho ya son muy bajos (al menos antes de que llegara Trump). La OMC es un buen foro para rebajarlos, pero no para poner de acuerdo a 164 países en asuntos regulatorios que afectan directamente a la soberanía nacional, que son mucho más peliagudos que las barreras arancelarias en frontera.
A estas dificultades técnicas hay que añadir las guerras comerciales y el boicot directo de la Administración Trump al multilateralismo en general y a la OMC en particular. Por una parte, Estados Unidos insiste en que como no le gustan muchas de las decisiones del tribunal de la OMC que no le favorecen, prefiere bloquearlo. Por otra, utiliza la excusa de la seguridad nacional para imponer aranceles cuando le viene en gana. Pero
la actitud estadounidense no se entiende sin considerar la magnitud del auge económico y político de China, que se apoya en su dudoso cumplimiento del espíritu de las normas de la OMC. La triste realidad es que China, en general, no incumple las normas de la organización, sino que las normas no fueron diseñadas para un país que dista mucho de tener una economía de mercado al uso.
Ante esta realidad, que amenaza con corroer la institución hasta desahuciarla,
la Unión Europea ha puesto sobre la mesa una ambiciosa propuesta de reforma centrada en su
modernización y el aumento de la transparencia, sobre todo en las normativas de subsidios, propiedad intelectual, tratamiento de empresas públicas, reglamentaciones sobre servicios. También pretende
clarificar definitivamente la peligrosa cláusula de seguridad nacional, redefinir el concepto de país en desarrollo en la OMC y las ventajas asociadas al mismo,
promover un nuevo modelo más garantista para dirimir los conflictos entre empresas y estados relativos a las inversiones y, sobre todo, salvar antes de su parálisis el sistema de resolución de conflictos.
Parece que, recientemente, un número cada vez mayor de países (entre los que desgraciadamente no está China),
habrían aceptado crear un mecanismo de resolución de disputas paralelo para que su tribunal pudiera seguir dirimiendo disputas comerciales en virtud de las normas OMC. Esto muestra la capacidad de liderazgo de la Unión. El objetivo es que
si una masa crítica suficientemente grande de países apoya esta iniciativa, la presión sobre Estados Unidos sea tan grande que su Administración levante el bloqueo a la nominación de jueces. Y, si no, al menos tener un sistema que sea operativo sin EE.UU..
En todo caso, y más allá de que este urgente tema consiga desatascarse, la Unión Europea debe entender que cada vez
es más probable que la OMC tenga que ir avanzando en formato pluri-lateral; es decir, a varias velocidades y con geometrías variables. Esto, que para algunos puede resultar decepcionante porque no incluiría a todos sus miembros, puede ser una solución práctica y operativa (un
segundo óptimo) para continuar mostrando la utilidad de la institución y evitar que caiga en la parálisis.
La Unión Europea, que ya avanza a varias velocidades, no tiene por qué poner trabas a que la OMC pueda hacerlo de forma similar.
