Cientos de miles de personas se han manifestado en Hong Kong durante la última semana, de manera mayoritariamente pacífica, contra la ley de extradición que está intentado aprobar el Gobierno hongkonés. Esta ley permitiría extraditar, caso por caso, a sospechosos de haber cometido un crimen a lugares con los que Hong Kong no tiene vigente un tratado de extradición. Esta medida está siendo impulsada por la jefa del Ejecutivo hongkonés, Carrie Lam, para evitar que quede impune el asesinato de la joven Poon Hiu-wing, descuartizada por su novio durante una escapada a Taiwán para celebrar el día de San Valentín. Entonces, ¿cómo es posible que esto haya detonado protestas más masivas y transversales que las del Movimiento de los Paraguas de 2014?
Lo que se presentó por parte de las autoridades locales como un intento de evitar que Hong Kong sea un santuario para criminales se ha convertido, a ojos de muchos hongkoneses, en un símbolo de los esfuerzos de Pekín por limitar el "alto nivel de autonomía" del que goza por ley la excolonia británica. Según los organizadores, uno de cada siete hongkoneses participó en la multitudinaria movilización del domingo 9 de junio, mientras que la Policía habla de 240.000.
En cualquier caso, este altísimo nivel de movilización ha sido posible debido a la evidente falta de confianza de gran parte de la población hongkonesa en sus instituciones políticas a la hora de hacer frente a las presiones que les llegan desde Pekín. Sólo así puede entenderse el masivo rechazo que está generando esta ley, a pesar de que, según el borrador actual, serían los tribunales hongkoneses quienes decidirían, caso por caso, si autorizan las extradiciones; que, además, podrían ser vetadas por el Poder Ejecutivo.
La retrocesión de Hong Kong bajo soberanía china en 1997 se hizo bajo el principio de un país, dos sistemas, por el que el Gobierno hongkonés mantiene un alto nivel de autonomía en todas las áreas, salvo Defensa y Asuntos Exteriores. En este marco, Hong Kong se aseguró hasta 2047 la pervivencia de un sistema que, sin ser plenamente democrático, garantiza un respeto de las libertades civiles y los derechos políticos sustancialmente mayor que en el resto de la República Popular China.
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Sin embargo, el Gobierno central chino ha mantenido desde entonces una gran injerencia en el proceso de elección de la máxima autoridad hongkonesa, el jefe ejecutivo, y ha intentado minimizar, especialmente en los últimos años, el nivel de autonomía de esta región de China. En este contexto, los manifestantes consideran que la ley de extradición podría socavar el estatus de Hong Kong y los derechos de sus ciudadanos, pues, en su versión actual, podría utilizarse para extraditar sospechosos desde Hong Kong a China continental, cuyo sistema judicial tiene un largo historial de violaciones de derechos fundamentales.
El carácter conservador de estas protestas, orientadas a mantener el statu quo, es lo que les ha permitido arrastrar a un porcentaje tan significativo de la población de Hong Kong, mucho más reacia a manifestarse a favor de reformas pro-democráticas o a favor de la independencia de esta región. De hecho, según una encuesta de la Universidad China de Hong Kong, sólo el 17% de los hongkoneses apoya su independencia y menos del 4% la considera factible. En cualquier caso, no debe obviarse que el descontento con el estatus político de Hong Kong es mucho mayor entre los jóvenes (un 40% de los hongkoneses entre 15 y 24 años apoya la independencia de esta región) y que éstos son los más proclives a manifestarse contra el Gobierno. En este sentido, cualquier radicalización de las protestas supondrá, al igual que en 2014 y como ya se ha visto en el cerco a la Asamblea Legislativa hongkonesa del 12 de junio, una contracción de la diversidad social de los manifestantes y un mayor protagonismo de los jóvenes.
Pekín, por su parte, ve esta ley de extradición como una excelente oportunidad para aumentar su control sobre Hong Kong y, más concretamente, para establecer mecanismos legales que imposibiliten que esta región sea utilizada como refugio por funcionarios corruptos y disidentes, entre otros. Esto es en sí mismo de gran valor para el Gobierno chino, que vive como una afrenta su incapacidad para evitar que este territorio chino sirva de base para actividades como la reciente conmemoración del 30º aniversario de la represión de las protestas de la plaza de Tiananmen.
Además, esta ley no sólo permitiría a las autoridades chinas luchar contra el crimen y reprimir más eficazmente a la oposición, sino que también se apuntarían un tanto político ante gran parte de su población, que recela de los efectos negativos sobre China continental de lo que perciben como privilegios de Hong Kong. Por consiguiente, no es de extrañar el apoyo público que desde el Gobierno central chino se ha dado a esta propuesta de ley.
En el exterior, las reacciones tampoco se han hecho esperar. En Taiwán, siempre se observa con especial preocupación cualquier deterioro de la autonomía de Hong Kong o de la situación de los derechos humanos, pues no se olvida que el principio de un país, dos sistemas se acuñó originalmente pensando en Taiwán. Asimismo, tanto el Reino Unido como Estados Unidos han sido particularmente claros a la hora de expresar su preocupación por los efectos que la ley de extradición podría tener sobre la salud del imperio de la ley en Hong Kong.
En este contexto, las escasas posibilidades que tenían los manifestantes de parar la ley de extradición se han reducido todavía más, toda vez que los medios de comunicación chinos han pasado a interpretar este asunto como un desafío al liderazgo de Xi Jinping por parte de actores externos que intentan radicalizar a la población hongkonesa en detrimento de la unidad nacional. Lo más probable, por tanto, es que la ley de extradición salga adelante, aunque pueda modificarse durante su tramitación para hacerla más digerible para la población hongkonesa.
