Hungría y la restricción sistemática de la libertad académica

Después de haberlo hecho ya con la Universidad Central Europea (CEU, en sus siglas en inglés), el Gobierno húngaro está ahora atacando otra de las instituciones académicas principales, la Academia Húngara de las Ciencias (HAS), retirándola el presupuesto y privando a la casi dos veces centenaria institución de sus institutos de investigación, en los que han trabajado cerca de 5.000 investigadores de diferentes disciplinas. La Academia era una de las principales voces neutrales de la enseñanza húngara. Considerada la institución nacional de investigación más importante, conocida y fiable, también ha desempeñado un rol central en el apoyo a la financiación de las universidades. Su destrucción es equiparable a que el Estado alemán aboliera los Institutos Max Planck, o el Gobierno italiano el Consejo Nacional de Investigación (CNR). No es de extrañar, pues, que muchas instituciones europeas también hayan protestado contra esta iniciativa, incluidas nueve alemanas, como el Max Planck Gesselschaft, el Stiftung Humboldt y el DFG.

Sin embargo, incluso aunque el destino de la Universidad Central Europea o de la Academia sean desalentadores, para entender los cambios no podemos centrarnos únicamente en dos instituciones; y es un error que cometen la mayoría de los analistas. Dado que la educación superior y el bagaje legal del entorno académico han cambiado drásticamente desde 2010, la limitación sistemática de la libertad académica se ha convertido en la nueva norma en Hungría; los casos de la CEU y la Academia son sólo la punta del iceberg. El Partido Popular Europeo (EPP, en sus siglas en inglés) suspendió a Fidesz por el caso de la CEU; no obstante, no fueron mencionados en la decisión otros casos que habían afectado a la libertad académica. Es un grave error: demuestra que el EPP no quiere hacer frente todavía a la complejidad de los cambios de carácter autoritario en Hungría, y que no pretende tomarse en serio los problemas de retroceso democrático.

Las restricciones sistemáticas a la libertad y el sistema académico

Al igual que las principales acciones gubernamentales que he recopilado en un artículo de investigación para el Max Planck Institute, hay cientos de regulaciones que se han introducido para limitar, directa o indirectamente, la libertad académica en Hungría (sólo he seleccionado unas cuantas docenas). Entre otras cosas, el Gobierno ha creado un entorno académico oligárquico, que sitúa a la cabeza a determinadas universidades. Estas universidades recién fundadas (como la Nacional de Servicio Público, o la John von Neumann) reciben, de lejos, mucha más financiación que el resto, y además cuentan con otras normas que les favorecen.

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Asimismo, el Ejecutivo ha nombrado a numerosos responsables universitarios afines a él. Y ha cambiado la estructura de los gobiernos de las universidades: por ejemplo, los cancilleres delegados por el Ejecutivo han recibido muchos de los derechos de los rectores. También ha hecho retroceder la autonomía institucional de muchas otras maneras: por ejemplo, todos los dirigentes universitarios son nombrados por el Gobierno.

El Ejecutivo ha usado su máquina de propaganda para elaborar listas de profesores, intelectuales e instituciones considerados enemigos del Estado (representantes de Soros). Estas listas estaban integradas por diversos colectivos de académicos de diferentes instituciones como la CEU, la Universidad Corvinus, la Academia Húngara, la Universidad Eötvös Loránd y la Universidad Católica Pázmány Péter. En un gran número de casos, los académicos críticos con el Gobierno han sido expulsados de forma dramática. Los periódicos propagandísticos han pedido a los estudiantes que les manden los nombres de los profesores que criticaban al Ejecutivo. También han señalado a determinados profesores individualmente, fabricando artículos despectivos sobre ellos.

El Gobierno ha limitado aún más la libertad de circulación de los estudiantes: si se van de Hungría, tienen que devolver los honorarios de su educación. Esta medida, que viola claramente la normativa de la Unión Europea, fue considerada acorde con la libertad de circulación de personas por el Comisionado Navracsics, quien, como ministro de Justicia, fue una de las principales personalidades detrás de las iniciativas de carácter autoritario llevadas a cabo a partir de 2010. Además, han sido prohibidos muchos programas, incluyendo los estudios sociales generales, los audiovisuales, antropología cultural en el nivel de Grado y, recientemente, los estudios de género.

Se han introducido medidas aparentemente progresistas (como los sistemas de crédito para universitarios) que han acabado provocando un temor generalizado a una amenaza existencial. Además, el Gobierno invierte miles de millones de florints en organizaciones no gubernamentales promocionadas por él mismo (GoNGOs), y en laboratorios de ideas (think tanks), que podrían sobrepasar el rol de las instituciones educativas e investigadoras en la comunidad intelectual.
Finalmente, la CEU y la Academia Húngara han sido atacadas. En consecuencia, hay muchos menos estudiantes que antes en la educación superior; las universidades húngaras han perdido cientos de posiciones en los 'rankings' internacionales; y una de las universidades más reconocidas internacionalmente, la CEU, ha tenido que abandonar el país.

La restricción sistemática de libertad y el régimen jurídico abusivo

Cuando hablo de este problema en las instituciones occidentales, me hacen muchas preguntas: ¿cómo es posible que permitáis que esto suceda? ¿Por qué no recurrís al Tribunal Constitucional? ¿Por qué no acudís al Tribunal Europeo de Derechos Humanos? La mayoría de ellos me demuestra que muchos de los investigadores de países democráticos de Europa Occidental todavía no entienden cómo funciona la opresión en una autocracia como Hungría.

En primer lugar, no es cierto que no haya ninguna protesta. Hubo muchas manifestaciones, por ejemplo, cuando el Gobierno introdujo el sistema de cancilleres, cuando se prohibieron proyectos, cuando la CEU fue expulsada y durante las negociaciones relativas a la Academia. Por otro lado, en un país en el que estas protestas no reciben un apoyo activo de la población general, el efecto que éstas pueden tener es muy limitado.  

En segundo lugar, en esta situación, probablemente también como consecuencia de la presión autoritaria, se vuelve demasiado frecuente que los dirigentes de las instituciones traicionen al personal académico y lleguen a adoptar acuerdos inmorales. Un buen ejemplo de ello es la cesión que, hace un par de años, hicieron al Gobierno los responsables de la Academia Húngara de las Ciencias, al entregarle algunos de los edificios mejor valorados del distrito del Castillo de Budapest (el lugar de trabajo de varios institutos) sin apenas oponer resistencia. Es más, también se vuelve frecuente en la sociedad aceptar tales acuerdos inmorales: la nueva autocracia está basada en una parálisis post-feudal de las voces críticas. Los críticos son considerados dementes, casos aparte o peligrosos rebeldes: la presión social convierte a esos rebeldes en 'lobos solitarios'.   
En tercer lugar, las universidades y los centros de investigación nunca litigan en defensa de sus derechos; ni siquiera la CEU optó por hacerlo. Hay muchas razones para ello. En primer lugar, este tipo de procesos llevan mucho tiempo, y en un par de años la destrucción ya está hecha y no tiene reparación. Ocurre lo mismo que en el caso de incumplimientos de mercado: los litigios difícilmente pueden hacer frente a la manipulación en la forma de legislar. Además, las autocracias no funcionan como las democracias. Si las universidades litigasen, sería muy probable que fueran castigadas con otras medidas, probablemente más dañinas.

En cuarto lugar, las universidades y las entidades de investigación no pueden recurrir al Tribunal Constitucional, que se ha convertido en una institución propagandística inútil, probablemente dirigida directamente por el Gobierno. Como demuestra este informe, las decisiones que se alinean con los posibles intereses del Gobierno han llegado al 76,9% de los casos estudiados. El Tribunal Constitucional da por válidas, masivamente, acciones manifiestamente ilegales e inconstitucionales.

En quinto lugar, recurrir a las cortes internacionales tampoco es una opción válida. Entiendo que los investigadores tienden a sobreestimar la relevancia de estos tribunales, pero es extremadamente sorprendente para mí que muchos no sepan que el Estado húngaro adoptó varias resoluciones parlamentarias que prohíben la aplicación de ciertas disposiciones de la legislación europea, o de la normativa de Estrasburgo (mi compañera, Veronika Czina, ha recopilado algunas de ellas aquí, pero se pueden encontrar otras muchas). La mayoría de estas decisiones fueron adoptadas en casos simbólicos. Además, en varios casos las leyes no cambian, y la indemnización después de los casos de Estrasburgo tampoco llega, o pasa mucho tiempo hasta que eso ocurre. Un buen ejemplo es el caso de la ley discriminatoria de la iglesia, que también afectó de una forma horrible a una de sus universidades, la John Wesley College, dado que el Estado húngaro no le pagó la indemnización correspondiente.

Más aún, mientras determinadas sentencias son presentadas a lo largo y ancho de Europa como grandes triunfos del constitucionalismo, en realidad no lo son. Por ejemplo, como demuestra un detallado análisis realizado por Gábor Halmai, después de la purga de jueces, no es cierto que los discriminados recuperaran sus puestos de trabajo como respuesta a las actuaciones de la Unión Europea. Consecuentemente, es un grave error por parte de los académicos describir el sistema jurídico de la Unión Europea o la normativa de Estrasburgo como algo que podría salvar universidades o centros de investigación. Si los autoritarios quieren imponerse, pueden controlar completamente su sistema jurídico.

La solución

Es difícil escribir algo optimista en una situación como ésta. Probablemente, la primera respuesta sería olvidar la interpretación naif y minimalista de disposiciones como la del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y la normativa sobre la libertad académica de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. No podemos formar una comunidad sin valores comunes de aplicación en toda Europa, y no hay acuerdo entre los valores democráticos y los autoritarios. O los demócratas se rinden o defienden los valores en los que creen.

Para poder formarla, la Unión Europea tendría que dejar de financiar autocracias, no mantener un silencio bochornoso cuando es atacada la libertad académica, y (como también menciona Lando Kirchmair) ser más activa en los estados miembros. Sin embargo, si el Partido Popular Europeo protege a Fidesz y no se libra del partido (su última decisión no parece encaminada en esta dirección; ni siquiera menciona los principales problemas del país), no hay muchas posibilidades de que exista una Academia libre allí.

Las instituciones de la Unión Europea probablemente aceptaron la existencia de una autocracia entre los estados miembros, y la restricción a la libertad académica es una consecuencia directa de esta situación. Como resultado, las voces neutrales son silenciadas poco a poco de una forma sistemática. No se trata sólo de la CEU o de la Academia Húngara de las Ciencias: todo el sistema académico está siendo atacado.