28 de Mayo de 2019, 22:01
"Idiotas útiles". Así llamó Jaïr Bolsonaro, el pasado 15 de mayo, a los miles de estudiantes, profesores e investigadores que protestaron en las calles de todo Brasil. En la base de las protestas están los recortes del Presupuesto universitario anunciados por el presidente brasileño y su ministro de Educación, Abraham Weintraub, quien echó leña al fuego diciendo que las universidades públicas eran todas un "lío".
El Gobierno anunció un recorte del 42% en el Presupuesto del Ministerio de Ciencia, así como una reducción del 30% del fondo presupuestario del Ministerio de la Educación para las universidades y los institutos federales. De igual manera, ya se habían congelado más de 3.000 becas de investigación que aún no habían sido concedidas de la Coordinación de Perfeccionamiento del Personal de Nivel Superior (Capes) que, junto al CNPq, es el principal órgano de concesión de becas de maestría y doctorado del país.
Según los datos del Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Educacionales Anísio Teixeira (Inep), organismo autónomo adscrito al Ministerio de Educación y Cultura (MEC), en Brasil son 296 las Instituciones de Enseñanza Superior (IES) públicas frente a 2.152 privadas. Sin embargo, aunque existan muchos más centros privados que públicos, según datos Clarivate Analytics (ligada a la Thomson Reuters), prácticamente toda la investigación científica brasilera se realiza en las universidades públicas. De acuerdo con Vahan Agopyan, rector de la Universidad de São Paulo (USP), la universidad del país que más artículos científicos publica en revistas académicas de alto impacto, las Capes representan el 60% de las becas de maestría y doctorado que recibe la institución, de manera que los recortes suponen un serio reto al sostenimiento de la investigación y formación de posgrado.
¿Cómo justifica el Gobierno estos recortes?
Las razones son poco claras, incluso para la mayoría de los parlamentarios. En su sabatina ante la Cámara de Diputados, el ministro de Educación reafirmó la justificación oficial de que los recortes son necesarios para evitar actos contrarios a la Ley Presupuestaria (motivo del impeachment de la ex mandataria Dilma Rousseff). Sin mencionar la investigación académica, Weintraub también argumentó que la expansión de la enseñanza superior fue un logro de la red de centros privados y que el país ya había cumplido con algunas de las metas impuestas a las universidades, pero sin dar mayores especificaciones sobre cuáles eran esas metas. El ministro ya había declarado que el MEC estaba estudiando recortar en los cursos universitarios de Filosofía y Sociología, puesto que el Gobierno busca invertir en educación primaria y técnica (aunque éstas también hayan sufrido recortes) y en disciplinas como medicina, ingeniería y veterinaria; es decir, invertir en lo que el actual Gobierno considera que "generan retornos de hecho".
?[Recibe diariamente los análisis de más actualidad en tu correo electrónico o en tu teléfono a través de nuestro canal de Telegram]
Luego de las polémicas declaraciones del ministro respecto a la menor importancia dada a los cursos de Filosofía y Sociología, la Asociación Brasilera de Antropología (ABA), la Sociedad Brasilera de Sociologia (SBS), la Asociación Brasilera de Ciencia Política (ABCP) y la Asociación Nacional de Post-Grado e Investigación en Ciencias Sociales (Anpocs) emitieron una nota conjunta. Según estas entidades, "es tan equivocado y engañoso avalar las diferentes áreas y la reflexión filosófica por su aplicabilidad inmediata cuanto desconocer la importancia histórica de las Ciencias Sociales aplicadas en el desarrollo de diferentes tecnologías destinadas a la resolución de graves problemas de la sociedad".
Weintraub afirmó que a las medidas no se las podía llamar "recortes", sino "contingencia", y destacó que esa contingencia podría ser levantada si se aprobaban otras medidas en el Congreso, como por ejemplo la polémica reforma de la Seguridad Social apoyada por el Gobierno de Bolsonaro, alegando que generararía más ingresos. El punto más controvertido de esa reforma es que esa "nueva Seguridad Social" busca aumentar la edad mínima, así como el tiempo de contribución para que el trabajador pueda jubilarse .
Aunque el principal argumento del Gobierno se base en la responsabilidad presupuestaria, algunas declaraciones oficiales desnudaron su marcado carácter ideológico. En la noche del 7 de mayo, por ejemplo, en una entrevista concedida a una de las principales cadenas televisivas del país, la Red TV, Bolsonaro afirmó que "nadie va a recortar dinero por placer. Para algunas universidades, que reciben militantes y nada más, quizás el recorte sea un poquito mayor". En el mismo sentido, en una polémica entrevista concedida al periódico Estadão, el ministro Weintraub declaró que las universidades federales que, "en lugar de buscar mejorar su desempeño académico, estuvieran haciendo "balbúrdia" (en castellano sería algo como lío), verán reducidos sus Presupuestos".
Partidos de oposición (PSB, PV, Rede y PCdoB) recurrieron al Superior Tribunal Federal (STF) para pedir la anulación de esas medidas, sosteniendo que no se justifican por razones presupuestarias sino ideológicas. En lo que refiere al 30% de reducción del fondo presupuestario para las universidades federales, los portavoces gubernamentales destacan que sólo afecta a los gastos discrecionales de la universidad como agua, luz, limpieza, manutención, etc. Dada la declarada antipatía de Bolsonaro y sus ministros por la universidad y los institutos públicos, es comprensible que los miles de estudiantes y profesionales que estudian y trabajan en ellos no crean en los argumentos gubernamentales y se sientan motivados a tomar las calles.
La ABCP apoyó a los manifestantes e incluso emitió una nota solicitando a sus asociados "que estén atentos a la posibilidad de actuar en defensa de la Universidad, de la investigación y de las Ciencias Sociales". El clima de incertidumbre marca de esos cinco meses de mandato, hace difícil predecir el futuro de la investigación científica en Brasil.
