Un grupo de ONGs europeas ha planteado una Iniciativa Ciudadana en la UE para que se promueva una medida de fiscalidad ambiental en los estados miembros.
La propuesta pretende reducir las emisiones de la UE, en línea con los objetivos del Acuerdo de París. No aumentaría la presión fiscal, pues devolvería lo recaudado a los ciudadanos mediante tarifa plana. Su impacto esperado en la economía y el empleo es positivo.
La Comisión Europea acaba de aceptar la Iniciativa. A partir de este momento, los promotores tienen un año para conseguir un millón de firmas de ciudadanos europeos que la apoyen. Si logra ese número de adhesiones, la UE deberá estudiar la propuesta y proponer su adopción a los estados miembros.
Se basa en el principio económico de que, si se incrementa el precio de algo, se reduce su demanda. Estableciendo un precio creciente a las emisiones de CO2, la economía se verá incentivada a eliminar primero las más eficientes en coste. A medida que el precio suba, este proceso continuará hasta que todas las emisiones sean eliminadas.
[En colaboración con Red Eléctrica de España]
El recargo comienza bajo para evitar un shock a la economía y sube poco a poco, de manera constante, irreversible y predecible. Esto permite a las empresas y consumidores tomar decisiones relativas a eficiencia energética, inversiones e innovación. La economía recibe un empujón inicial y una señal clara para el futuro. Todos los agentes económicos (empresas, familias y particulares) son motivados para adoptar soluciones limpias por la sencilla razón de que serán más baratas que las producidas con CO2.
El lugar más eficiente para imponer el recargo es el punto de entrada de los combustibles fósiles en la economía: pozo, mina o puerto de entrada. El efecto de este recargo en origen se repercutirá en toda la economía, impactando todas las actividades basadas, directa o indirectamente, en emisiones de CO2.
Esta propuesta comenzaría con un recargo inicial de 15 euros por tonelada de CO2 y con incrementos anuales de 10 euros. Eso encarecería unos tres céntimos el litro de gasolina el primer año y dos céntimos anuales después. Se estima que, en 2050, se alcanzarían los objetivos del Acuerdo de París.
2.- La devolución (o dividendo)
Se pretende que la fiscalidad sea neutra. Para proteger a los colectivos vulnerables y asegurar el apoyo público necesario, se devolvería mediante tarifa plana, de manera que las familias de renta media y baja recibirán más de lo que hayan pagado por el recargo.
Habría otras formas de devolver lo recaudado, como rebajar la fiscalidad de la energía sin emisiones o una deducción en el IRPF, también por tarifa plana. Pero hay estudios realizados en Estados Unidos y Canadá que demostrarían que esto no tendría el mismo efecto en el consumo y la creación de empleo.
3.- Ajustes arancelarios al CO2
Se diseña para proteger la industria de la UE de la competencia desleal y promover la adopción de sistemas similares en otros países.
En las relaciones comerciales con regiones sin impuestos al CO2, las importaciones se gravarían con un arancel basado en su huella de carbono, y las exportaciones a esos países se desgravarían de manera equivalente. Esto impediría la fuga de empresas hacia países más contaminantes (carbon leakage).
Es importante resaltar que este ajuste arancelario es compatible con las reglas de la Organización Mundial del Comercio.
Esto crearía un poderoso incentivo para que se promueva la adopción de sistemas comparables en otros países. Los socios comerciales de los estados con este sistema se verán presionados a adoptarlos para conservar ellos los impuestos retenidos que, de otro modo, irían a los ciudadanos de los países con estos sistemas.
Problema global, políticas fiscales nacionales
La UE, por sí sola, no puede resolver este problema global. Cada región que adopte un precio al carbono y aplique los aranceles descritos incrementará la presión sobre el resto para que haga lo mismo, acelerando la adopción global de un sistema de precio al carbono.
Estados Unidos, China y la UE representan más del 50% del comercio mundial. Si dos de esos bloques adoptan el sistema de ajustes arancelarios, la política ganaría legitimación, además de su justificación legal.
La simplicidad y transparencia de este sistema hace que sea fácil de implementar. Puede ser desplegado en 6-12 meses y apenas necesita nuevas infraestructuras gubernamentales (en España, lo podría hacer la Agencia Tributaria).
Principales beneficios
1.- Reducción de emisiones y lucha contra el cambio climático: un precio al carbono es la forma más eficiente de reducir emisiones de CO2.
2.- Progresividad fiscal: la mayor parte de los hogares de renta media y baja recibirán más por el dividendo de lo que paguen por el cargo.
3.- Creación de empleo: el mayor consumo por la mayor renta disponible de las familias, así como las inversiones necesarias para las tecnologías sin emisiones (eficiencia y renovables) creará empleo en las comunidades locales.
4.- Calidad del aire: menores emisiones de CO2 y otros contaminantes químicos (NOx, PM, etcétera) mejorarán la calidad del aire. Se evitarán muchas muertes prematuras y episodios de daños a la salud pública.
5.- Ahorros económicos adicionales: se generarán al eliminar regulaciones y subsidios innecesarios.
6.- Eficiencia energética: los agentes económicos tendrán incentivos para mejorarla.
7.- Innovación e inversión de la UE: la señal de precio sobre el CO2 para los años venideros incrementará las inversiones limpias, mejorando la competitividad de tecnologías bajas en carbono: renovables, eficiencia y electrificación.
8.- Dependencia energética: esta política la reducirá, al sustituir energías importadas por locales (sol y viento).
9.- Crecimiento económico: reducción de importaciones, mayor consumo e inversiones implicarán un importante crecimiento del PIB.
10.- Fomenta la adopción global: la simplicidad y transparencia de esta política, combinada con los ajustes arancelarios, animará a otros países a adoptar políticas similares.
Sin duda, una propuesta complicada. Pero si queremos internalizar los costes externos de la contaminación ambiental y los daños al clima que causan las emisiones de CO2, ésta es una propuesta digna de consideración. No hacer nada es seguir quemando y frenando el desarrollo de las tecnologías sin emisiones que no acaban de penetrar, porque algunas convencionales basadas en combustibles fósiles son, aparentemente, más baratas.
