7 de Mayo de 2019, 23:06
Hace pocas semanas, unas declaraciones de Pablo Casado y otros dirigentes del Partido Popular sobre el aborto traían a primera línea del debate público el reto demográfico y la natalidad en España. Al igual que muchos países desarrollados, España muestra un nivel de fecundidad decreciente y una tasa de dependencia cada vez mayor a la que urge enfrentarse. Afortunadamente para las mujeres, existen políticas públicas de fomento a la natalidad que no pasan por penalizar el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos.
La existencia de retos demográficos no es específica del Estado del Bienestar español, si bien el modo en que está diseñado dificulta la posibilidad de reformarlo hacia un modelo más sostenible. El descenso de la natalidad en los países desarrollados se ha ligado a una serie de transformaciones socio-económicas que han tenido lugar en las últimas décadas, y entre las que destaca la incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral a partir de los años 70. Este proceso, sin embargo, ha sido una revolución incompleta, término acuñado por el sociólogo danés Gosta Esping-Andersen, al no haberse visto acompañado por una transformación de nuestros sistemas sociales que permita que tanto mujeres como hombres compaginen el hecho de tener hijos con sus carreras profesionales.
En España, además, este efecto se ve potenciado por un mercado laboral precario y dualizado, en el que los jóvenes carecen en muchas ocasiones de la seguridad económica necesaria para formar una familia. ¿El resultado? La tasa de fecundidad más baja de la Unión Europea junto con la de Italia (gráfico 1), acompañada por uno de los niveles de gasto en política familiar más bajos de la OECD: sólo Portugal y Grecia gastan menos (gráfico 2). España es, además, uno de los países con mayor desigualdad ente hombres y mujeres en el reparto de tiempo dedicado a tareas no remuneradas.
En un contexto de envejecimiento de la población, no podemos permitirnos que las mujeres tengan que renunciar a sus carreras para tener hijos, ni que su capital humano esté siendo desaprovechado por falta de políticas públicas adecuadas. Muchos países europeos han llevado a cabo reformas con el fin de facilitar la conciliación entre maternidad (o paternidad) y vida laboral: no sólo los nórdicos, pioneros en materia de igualdad, sino también países como Alemania, que solían delegar gran parte de los servicios de cuidado a las familias. Y si bien España se situaba en la década de los 2000 como pionero hacia este tipo de políticas en el sur del continente, la crisis económica supuso un parón e, incluso, un retroceso.
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¿Cuál es el camino a seguir si queremos aumentar la inversión en conciliación? Pocos parecen dudar a estas alturas del círculo virtuoso de invertir en capital humano mediante la educación 0-3, aumentar las cotizaciones de la Seguridad Social a través de un aumento en el empleo de las mujeres y, en última instancia, incluso hacer más sostenible nuestro sistema de pensiones. Sin embargo, las reformas son lentas, rara vez prioritarias y en numerosas ocasiones se quedan a medio camino.
¿Pero hasta qué punto hay demanda social por ese tipo de políticas? Utilizando la Encuesta Social Europea de 2016, vemos que hasta un 80% de los encuestados se sitúan entre un 7 y un 10 al ser preguntados sobre si el Estado debiera ser responsable de garantizar servicios de guardería para los hijos de padres trabajadores (gráfico 3). Este apoyo se mantiene incluso cuando se menciona el coste de estos servicios: un 67% se sitúan a favor o totalmente a favor de introducir mayores medidas de conciliación incluso si éstas suponen impuestos "mucho más altos" (gráfico 4).
Es posible, además, que la mera presencia de políticas de conciliación incentive su demanda. En una investigación reciente he analizado el efecto de haber recibido el cheque bebé (en vigor entre 2007 y 2010) en las actitudes hacia el gasto público en materia de conciliación. La intuición con la que empecé este trabajo, que ha terminado por verse corroborada por los datos, era la siguiente: es posible que la gente no demande activamente políticas familiares si nunca las ha recibido, pero tal vez estar expuestos a ellas aumente el apoyo al gasto público en esta partida.
La elección del cheque bebé para examinar esta hipótesis responde a que, habiendo sido un beneficio universal, permite combinar datos de opinión pública con los de haber sido beneficiario. Sin embargo, los efectos de los que hablo a continuación podrían estar relacionados con otras medidas de igualdad aprobadas en ese período, como las recogidas en la ley de igualdad de 2007.
Utilizando la encuesta de Familia y Género del Centro de Investigaciones Sociológicas de 2012, analizo la variación entre la proporción de encuestados que considera que el Estado debe ser el principal responsable de los costes de niños menores de seis años entre quienes han recibido el cheque bebé y quienes no. La diferencia entre las proporciones brutas es de 11 puntos, y se reduce un poco, hasta los siete puntos de diferencia, al introducir controles por género, edad, estudios y nivel de renta. Haber recibido la prestación es el factor que más afecta a la variación de porcentajes, si bien ser mujer, estar en edad de tener hijos o tener un nivel de estudios más alto también tiene un impacto.
Sería posible, sin embargo, que este efecto viniese de que la gente que tiene hijos pequeños sea, en general, más propensa a apoyar este tipo de medidas. Al fin y al cabo, en el momento en que se llevó a cabo la encuesta habían recibido el cheque bebé personas que tenían niños de entre uno y cinco años. Para examinar esta posibilidad, utilicé datos de 2003 y de 2008, sin encontrar ningún efecto. Y lo que es más interesante, el significativo sólo aparece en 2008 entre aquellas personas que tenían un hijo de un año o menor; es decir, aquéllos que ya habían recibido el cheque.
En definitiva, los resultados de mi trabajo apuntan a que la opinión de la gente, así como sus demandas, se ven afectadas por los servicios y transferencias que reciben. Si añadimos esto a los datos de apoyo a políticas de conciliación, parece que existe en España una base sólida a favor de emprender este tipo de medidas. La opinión pública, por tanto, no es quien se interpone en el camino de las reformas.
Tener debates sosegados sobre el futuro de nuestro Estado del Bienestar no es fácil en un contexto de inestabilidad política, como tampoco lo es traer los temas sociales a la primera línea del debate público. Sin embargo, adaptar nuestro modelo social a las circunstancias socio-económicas actuales, dotando de un marco de políticas que asegure la seguridad económica y ayude a compaginar vida laboral y familiar, debe ser una prioridad para cualquier Gobierno.
