5 de Mayo de 2019, 22:12
Hoy, 5 de mayo, se realizarán en Panamá las sextas elecciones generales desde la transición a la democracia lograda a través de la invasión estadounidense al país en diciembre de 1989. Siete aspirantes están intentando ganar la elección presidencial. ¿Cómo son las elecciones en este pequeño país centroamericano, cuya economía es la que más ha crecido en Latinoamérica en los últimos años pero que, al mismo tiempo, es uno de los diez más desiguales del mundo?
De la incertidumbre a las encuestas
Muy pocos se enteraron de que Panamá vivió a su manera, entre los años 2004 y 2009, un terremoto electoral con magnitud parecida a los que hubo durante la misma época en Ecuador y Bolivia. Aunque el alcance político fue menor que en esos países, en Panamá el sismo barrió con el sistema de alianzas existente y con la alternancia en la que se turnaban en el poder el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y el Partido Arnulfista, ahora Panameñista, que hacían que la política electoral fuera moderadamente predecible. La sabiduría popular resumía este modelo predictivo con la frase "el gobierno nunca gana". Ahora, al menos en el punto de partida, los candidatos de los tres principales partidos políticos -Laurentino Cortizo (PRD), José Blandón (Panameñista) y Rómulo Roux (Cambio Democrático)- han tenido las mismas posibilidades estructurales de ganar la elección presidencial. Si a eso le sumamos la evidente relevancia de las candidaturas por libre postulación de Ana Matilde Gómez, Ricardo Lombana, gracias a un contexto ventajoso para ellos, la incertidumbre del resultado es más alta que nunca desde la transición a la democracia.
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Las pocas encuestas que se han realizado en el país coinciden en poner en el primer lugar de intención de voto, con diferentes pero siempre cómodas ventajas, al empresario agrícola y ex diputado Laurentino Cortizo. En segundo lugar colocan al abogado y ex ministro Rómulo Roux. El tercer lugar depende de la encuesta, en ocasiones ha correspondido a Ricardo Lombana, quien aparentemente tiene una dinámica de intención de voto ascendente, y otras veces al ex diputado y Alcalde de la Ciudad de Panamá José Blandón.
El contexto: partidos versus "independientes"
Los aspirantes por la libre postulación han logrado enmarcar la elección como un enfrentamiento entre ellos y los partidos políticos. Este encuadre ha sido propiciado por unos medios de comunicación amigables a los candidatos por libre postulación y por una sucesión de eventos: el bombazo global de los Panama Papers, el vínculo de los tres últimos gobiernos -de los tres partidos principales- con la empresa brasileña Odebrecht y diferentes y cada vez más escandalosos actos de corrupción en el órgano legislativo. Debido a estos acontecimientos, la legitimidad de la elite económica, pero sobre todo de las elites políticas, como generadoras de un modelo de país capaz de generar bienestar, orgullo interno y prestigio internacional se ha debilitado. El malestar producido se articuló a través de las redes sociales utilizando la etiqueta #NoALaReelección y fue dirigido casi exclusivamente a los diputados de la Asamblea Nacional, luego de que en el año 2014, por primera vez en la historia reciente, más de a mitad de los diputados fueron reelegidos. Hasta el momento, el efecto de la campaña virtual ha sido que, según encuesta de GAD3 para La Prensa, el 77.6% del electorado rechaza la reelección de los actuales diputados. En ese contexto, a los candidatos por la libre postulación se les ha atribuido cualidades éticas y capacidades políticas reformistas que descansan exclusivamente sobre su autoproclamación como "independientes" de los partidos políticos. Con todo y la superficialidad del planteamiento y la prácticamente inexistente movilización callejera, los tiny acts of participation en las redes sociales, como les han llamado Margetts, Hale y Yasseni, podrían ser el anuncio de una barrería en la Asamblea Nacional cuya onda expansiva podría alcanzar la elección presidencial.
A esa dimensión del contexto hay que agregarle la mala valoración que hace la ciudadanía del gobierno. Podrían ser tres los asuntos sobre la que descansa esta mala evaluación: por un lado, el órgano ejecutivo sale mal librado de la injusta comparación que se ha hecho entre su gestión de la economía y la trepidante dinámica económica del gobierno anterior, encabezado por Ricardo Martinelli; por otro lado, ha habido importantes problemas de gobernabilidad al no contar con una mayoría legislativa estable; por último, los compromisos de campaña relacionados con el fortalecimiento de la maltrecha institucionalidad fueron en gran medida desatendidos.
Nuevas y esperanzadoras reglas del juego con árbitro debilitado
Las grandes novedades de estas elecciones panameñas son la restricción de hacer campaña electoral sólo sesenta días antes de las elecciones generales y la transparencia del financiamiento privado y máximos de gastos y donaciones para las campañas. La veda electoral y las nuevas normas de financiamiento se instituyeron con el objetivo de disminuir los costos de las campañas electorales panameñas que, gracias a sus montos exorbitantes, presumiblemente han sido las más caras per cápita del continente. Las largas campañas y el esquema altamente permisivo de financiamiento que hubo hasta esas elecciones dieron como producto una competencia electoral inequitativa que ha excluido a importantes actores políticos y segmentos de la ciudadanía, convirtiendo la democracia panameña en plutocracia. El impacto de estas nuevas normas sobre la competencia no será inmediato, pero ya propiciaron la revalorización de las elecciones internas o primarias de los partidos políticos, como consecuencia de que los periodos definidos por la veda permitieron que la opinión pública se concentrara en cada evento electoral interno partidista. Asimismo, generaron un periodo corto pero valioso en el que sólo fueron discutidas propuestas electorales, toda vez que se realizaron Foros y debates presidenciales sin el ruido que genera el marketing propio de la campaña electoral.
La nueva legislación electoral implica la necesidad de un organismo electoral fuerte técnica y políticamente. Lamentablemente, según datos del Barómetro de las Américas de 2017, sólo el 54.2% de la ciudadanía panameña confía en el Tribunal Electoral, habiendo perdido entre los años 2004 y 2017 más de veinticuatro puntos porcentuales de confianza. El caos del proceso de recolección de firmas para conseguir la libre postulación presidencial seguramente no ayudó a detener esa pérdida reputacional.
La gestión del estatus quo
En Panamá se vota, pero no se elige. Es así porque la oferta electoral está lejos de ser diversa ideológicamente. La exitosa fórmula panameña para el crecimiento económico incluye la tenaz asfixia política de las ideas extrañas al libre mercado. En consecuencia, quienes aspiran a la presidencia con posibilidades de triunfo muy difícilmente reflejan en sus diagnósticos y propuestas de gobierno las líneas de conflicto obvias en el sexto país más desigual del mundo. De esa guisa, el debate de ideas en las elecciones panameñas de 2019 prácticamente se ha limitado a hacer énfasis en algunas prioridades de políticas públicas, enumerar medidas administrativas y remarcar diferencias en el estilo de liderazgo. Los candidatos presidenciales panameños han optado por presentarse ante el electorado como buenos gerentes, prácticamente renunciando a la representación de distintos sectores de la sociedad cuyos intereses podrían entrar en conflicto con otros. El economista Javier Stanziola, refiriéndose a las propuestas económicas en los planes de gobierno, ha señalado que los candidatos presidenciales panameños, "a pesar de mostrar preocupación por el estado de las finanzas públicas, proponen seguir utilizando el mismo sistema tributario y de empresas estatales, solo que de manera más eficiente". En el sistema tributario se resume toda la política de un país, y la necesidad de revisarlo ha estado ausente de la campaña electoral panameña.
El debate sobre la educación ha pasado por alto si se privilegiará lo público o se le subordinará a la oferta privada; la discusión sobre la reactivación del sector agropecuario, que genera sólo el 2.5% del producto interno bruto del país, ignoró el problema de la tenencia de la tierra; la patronal convocó a los candidatos presidenciales a un Foro televisado sobre el turismo, pero por ejemplo no fue realizado un evento parecido sobre la situación de las comarcas indígenas, donde más del 90% de la población es pobre.
Igual que en las elecciones de 2009 y 2014, los débiles vínculos representativos entre la oferta política y el electorado ha llevado a que diferentes actores hayan planteado a todos los candidatos la firma de pactos sectoriales. La firma de cada pacto ha sido una nueva confesión de la debilidad de estos vínculos y la confirmación de que, al comprometerse todos a lo mismo, estos candidatos presidenciales son muy parecidos entre ellos, aunque sean de gobierno, de oposición, de partidos o de libre postulación.
El sistema político panameño tiene claros síntomas de agotamiento que se reflejan en el resquebrajamiento de los patrones de competencia electoral, gobiernos divididos, enorme corrupción y escasísima confianza en las instituciones políticas duras, entre otras señales. Quizás por eso la omnipresencia en la agenda pública de la necesidad de modificar la Constitución. Sin embargo, el país no encuentra aún una vía democrática para conseguir cambios que vayan más allá de remplazar las caras en el gobierno y que realmente sean transformaciones que propicien bienestar general.
