25 de Abril de 2019, 20:53
El evidente fracaso de la unilateralidad, la judicialización del conflicto en Cataluña y la pérdida de sus principales figuras a causa de la controvertida prisión provisional ha conducido a los principales partidos independentistas a una estrategia política errática en los últimos meses. El independentismo catalán ha pasado por estadios diferentes y contradictorios: de la defensa de la legitimidad del mandato del 1 de Octubre a aprovechar la ventana de oportunidad abierta con la moción de censura para entablar un diálogo entre ambos gobiernos; luego ha vuelto a reclamar un referéndum pactado con el Estado y ha tumbado unos Presupuestos que garantizaban la continuidad de un Gobierno que había realizado un modesto cambio en el tratamiento del conflicto.
Esta falta de estrategia compartida nace de la tensión existente en el seno del independentismo entre sus diferentes actores. En los últimos meses se han esbozado dos caminos diferentes: uno más pragmático y pactista y otro basado en el 'cuanto peor, mejor'. Muestra de ello son la división en el Gobierno de la Generalitat entre juntaires y republicanos o el distinto papel que quieren desempeñar en el Congreso los de Puigdemont y los de Junqueras. Sea como sea, estas desavenencias han reflejado la imposibilidad de tejer una hoja de ruta pactada entre los diversos protagonistas del independentismo. La incapacidad del Gobierno de Torra de asumir una línea estratégica determinada, o incluso de gestionar el día a día en Cataluña, son la prueba más palmaría de ello.
Además, todos estos movimientos se están produciendo en un contexto en el que parece imperar cierto cansancio y hartazgo respecto el conflicto político. Parece que el nacionalismo español, por puro electoralismo, es el más interesado en seguir incendiando algo que en Cataluña ha entrado en una fase de relativo estancamiento a la espera de la sentencia del Tribunal Supremo. La sensación de impasse es palpable y los actores políticos empiezan a adaptar sus estrategias a este nuevo contexto. Parte de la sociedad civil se ha movido en estas coordenadas y entidades como Òmnium defienden un programa de mínimos que pase por una desjudicialización del conflicto, la puesta en libertad de los presos y una solución dialogada, abriéndose a otras fórmulas que no pasen única y exclusivamente por un referéndum por la independencia.
Es en este contexto donde debemos situar el giro discursivo que está realizando ERC desde la convocatoria de las elecciones generales. Los republicanos han basado su precampaña en garantizar que ellos van a Madrid con actitud dialogante, a desbloquear la situación política y a negociar sobre el conflicto. El partido pretende ser un actor relevante de la nueva legislatura y así lo expresan sus liderazgos. Incluso han llegado a afirmar que no pondrán líneas rojas para una hipotética investidura de Sánchez y que una mesa de negociación entre diferentes partidos es un buen inicio para encauzar el problema. Una carta de Junqueras a la militancia en la que llamaba al diálogo y a no poner líneas rojas certifica la estrategia.
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Junts per Catalunya también está dando este giro, aunque de manera mucho más moderada. La candidatura liderada por Laura Borràs, que en un principio se había alejado de la estrategia republicana y apostaba por una política de bloqueo (la defendida por Puigdemont desde Bruselas), ha ido virando su posición hasta apostar por hacer política y desbloquear el conflicto, como pedían en una carta los lideres encarcelados Sànchez, Turull, Rull y Forn. La estrategia de apaciguamiento por parte de las dos grandes formaciones independentistas parece consolidarse, al menos discursivamente.
Sin embargo, hay factores que pueden poner en cuestión esta nueva estrategia del independentismo. El primero de ellos es la falta de credibilidad en este papel. Hace unos meses, tanto republicanos como post-convergentes tenían los votos necesarios para que Sánchez sobreviviera políticamente pese a su precaria mayoría y no lo hicieron. El resultado fue el voto en contra de la tramitación presupuestaria y la convocatoria posterior de elecciones. Si bien es cierto que el PSOE claudicó en cuanto al relator, no es menos cierto que la no tramitación de los Presupuestos abrió la puerta a una convocatoria electoral que puede traer consigo una mayoría similar a la de Andalucía, de nefastas consecuencias para el auto-gobierno de Cataluña. Además, los liderazgos seleccionados como cabezas de cartel tampoco ayudan en este sentido: Rufián y Borràs son dos de los exponentes del independentismo más duro.
El segundo factor importante es la aparición de un nuevo referente político en el campo independentista: el Front Republicà. La candidatura liderada por Albano Dante, y que cuenta con el respaldo de la mitad de la CUP, ha dejado claro que su misión es ir a Madrid a bloquear la situación política y a defender el mandato del 1 de Octubre. En un momento en que las dos grandes formaciones independentistas parecen frenar su apuesta y reasentarse en el nuevo escenario, una nueva fuerza política claramente unilateralista aboga por mantener el envite al Estado. La ultima encuesta del CEO les daba representación por Barcelona y puede ser un elemento distorsionador para la nueva apuesta estratégica del independentismo, ya que podría aglutinar el voto descontento de las bases republicanas y post-convergentes, que ven en la nueva apuesta estratégica un abandono de las aspiraciones independentistas.
Por último, la no menos importante pugna por el liderazgo del movimiento independentista. Aunque en este momento parece que los republicanos se están alzando con la hegemonía del movimiento, ambas formaciones se disputan grandes cantidades de voto no decidido. El último barómetro del Centre dEstudis dOpinió fijaba en 153.000 los votos en disputa entre ambas formaciones de cara a las elecciones de este 28 de abril, mientras que la encuesta pre-electoral del Centro de Investigaciones Sociológicas lo elevaba a 320.000. La competición por este voto indeciso puede llevarles de nuevo a una competición política basada en la sobrepuja nacionalista, resquebrajando así la estrategia pactista que quieren llevar a cabo.
A pesar de todo esto, una cosa está clara: lo que parecía imposible hace unos meses empieza a hacerse realidad. El independentismo ha aceptado que cualquier resolución del conflicto en Cataluña sólo podrá surgir de una negociación con el Estado, ya sea con el Gobierno o a través del Congreso. La solución pasa por Madrid. Los discursos basados en la unilateralidad han topado con la incapacidad de poder encontrar una solución política sin la mayoría social en Cataluña, sin aliados en el resto del Estado y sin las simpatías de la comunidad internacional. El independentismo vuelve a la casilla de salida del catalanismo: influir en la política española y en su gobernabilidad para obtener mejoras en el autogobierno. Ahora bien, el resultado de la vuelta a España del independentismo dependerá de las mayorías que se conformen a partir del 28 de abril y del papel que ellos puedan desempeñar.