Dado que la región es también la más desigual del planeta en términos de ingresos, parece lógico vincular ambos problemas. ¿Es esto correcto?
¿Hasta qué punto es la desigualdad la causa principal de la violencia? Si se reduce la una, ¿caerá la otra?
Para algunos, la respuesta es inequívocamente positiva: "Está demostrado: con menos desigualdad, se tiene menos crimen", destacaba
una investigación del Banco Mundial de la que se hacía eco la prensa española hace unos años. Para ello, se apoyaba en una comparación de los municipios mexicanos durante los 2000s que mostraba una relación positiva entre una peor distribución de la renta y la tasa de homicidios a nivel local.
La evidencia cuantitativa, sin embargo, es menos clara de lo que pudiera parecer. De hecho,
otro informe del mismo Banco Mundial llegaba a la conclusión contraria: "El coeficiente de Gini parece que no predice los cambios en el número de asesinatos". Y no hace falta ir a estudios cuantitativos complejos: basta con mirar al hecho de que, durante los 2000s,
la desigualdad disminuyó de forma significativa mientras que los asesinatos aumentaron en un 12%.
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¿En qué quedamos entonces? ¿Violencia y desigualdad están correlacionadas?
La respuesta final es claramente positiva, pero la relación es estructural más que inmediata. Para entenderlo,
debemos concentrarnos principalmente en la situación de los jóvenes, que son tanto víctimas como verdugos. De hecho, en 2009 la tasa de homicidios de los varones entre 20 y 24 años era de 93 por 100.000; casi cuatro veces más que la media para toda la población. En
Venezuela, los homicidios son hoy la primera causa de muerte para los chicos de entre 15 y 24 años, un 83% de los cuales provienen del estrato precario-urbano.
Aunque no son los más pobres de cada país,
muchos de estos jóvenes se enfrentan a estructuras de desigualdad que contribuyen a su marginación y falta de expectativas. La debilidad de su inserción laboral, por ejemplo, hace que busquen la violencia como vía de escape: un
estudio reciente estima que un aumento de un punto porcentual en el desempleo juvenil aumenta la tasa de homicidios en un 0,34 por 100.000. Esa tasa de desempleo no está repartida de forma similar entre distintos grupos poblacionales, sino que afecta mucho más a los individuos de bajos ingresos.
Millones de jóvenes latinoamericanos son conscientes de que sus oportunidades de ascenso social están limitadas por la calidad de sus escuelas, las discriminación racial y urbanística (vivir en una favela reduce, todavía hoy, las oportunidades de encontrar empleo formal) y la debilidad del mercado laboral. Muchos de los que se incorporan a las pandillas juveniles y a las maras se sienten socialmente marginados:
"La sociedad no es nuestra, les pertenece a otros", explicaba hace pocos años un joven ex marero, añadiendo "Cuando nos incorporamos a las maras, vemos con indiferencia al resto del mundo".
Por otro lado,
al centrarse en proteger a los ricos y, a la vez, utilizar una violencia desmedida en los barrios marginales, los estados latinoamericanos (que en varios países
están capturados por la élite económica) no ha hecho sino empeorar más las cosas. En Sao Paulo, cada año la Policía mata a más personas que durante las dos décadas de dictadura militar. Una de las representantes de Amnistía Internacional en Brasil
denunciaba de forma elocuente el problema: "El joven negro que vive en la periferia parece un sujeto
matable
la favela es un territorio enemigo a ser conquistado
Si la Policía parara de matar, tendríamos entre un 20% y un 25% de descenso en los homicidios".
En el caso venezolano, la socióloga Verónica Zubillaga ha mostrado cómo un porcentaje significativo del aumento reciente de los homicidios en Caracas es el resultado de las acciones policiales.
También las cárceles se convierten en manifestación de la desigualdad y, además, en escuela del crimen. La mayor parte de presos en América proviene de familias con pocos ingresos y con muy bajos estudios. Las condiciones en las prisiones son complicadas e inseguras; de hecho,
en una encuesta realizada hace poco,
un 75% de los presos en Chile, México y Perú decía estar menos seguros entre rejas que en la calle.
Hay una forma más en la que la desigualdad se vincula a la violencia:
el crecimiento de la seguridad privada. Se estima que en la región hay 2,4 millones de guardas privados, un número muy superior a los policías.
En Guatemala, por ejemplo, hay cinco guardas por cada policía; en Honduras la relación es de 7 a 1. Esta expansión de la industria, promovida por las empresas privadas y por los estratos más ricos de la población,
contribuye a debilitar la gobernanza pública, asegurando la protección de unos pocos en detrimento, una vez más, de los estratos más pobres.
Combatir la desigualdad es, por tanto, importante para combatir la violencia en América Latina. Sin embargo, es un proceso mucho más complejo que reducirlo al Gini:
se requiere más bien redistribuir oportunidades y crear mayores expectativas en los sectores marginados. Para ello,
habría que emprender una verdadera democratización del Estado y un fortalecimiento de sus capacidades burocráticas. La Policía debe investigar más que matar; la seguridad privada debe ser regulada y su crecimiento, controlado; las necesidades de los barrios marginales, puesta en el centro de las políticas públicas y no en los márgenes; la política de empleo, vincularse a la política social y a la política de seguridad.
No está nada claro si la región caminará en esa dirección o la contraria en los próximos años. Hay motivos para la esperanza en países como El Salvador (el más violento de América Latina), donde el nuevo Gobierno ha promovido acabar con la mano dura y promover el diálogo social. En cambio, como en otras muchas áreas, en el Brasil de Bolsonaro (que básicamente ha propuesto luchar contra la violencia con más violencia), el retroceso es casi seguro.
