Uno de los rasgos más peculiares de la corrupción en España es el de la enorme distancia que existe entre la corrupción percibida por la ciudadanía y los datos más objetivos sobre condenas judiciales o personas que reconocen que se les ha solicitado un soborno para acceder a servicios públicos. En este aspecto, España lidera los países de la Unión Europea, pues según el último Eurobarómetro, de 2017, el 94% de los encuestados cree que la corrupción está bastante o muy extendida en España y tan sólo el 2% reconoce que le han solicitado un soborno (la media europea es de un 68% y un 7%, respectivamente). La pregunta lógica es por qué se produce este desacoplamiento tan intenso en nuestro país desde hace años.
La respuesta no es sencilla pero, tras diferentes análisis de encuestas, una de las claves probablemente esté en qué entendemos los españoles por corrupción y, al tiempo, qué confianza nos ofrecen nuestros representantes políticos. Si por corrupción se entendiera simplemente el soborno, los datos anteriormente mostrados serían incomprensibles, pero si se entiende también la ausencia de ética de la denominada
clase política, entonces empezamos a comprender algo más.
La ciudadanía incluye en su concepción de la corrupción actividades como el clientelismo, el enchufismo, las conexiones privilegiadas, el incumplimiento de los compromisos electorales o el despilfarro. Además,
observa a las instituciones de representación (partidos, Gobierno y Parlamento) con enorme desconfianza, de forma tal que cualquier indicio de falta de integridad es inmediatamente creído, pues confirma los asunciones previamente existentes. En suma, que la corrupción sería, sobre todo,
una enfermedad moral de los responsables públicos y que, tomada la temperatura a esta patología, los resultados para España son, sobre todo desde hace ocho años, percibidos como preocupantes.
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Es obvio que para entender plenamente esta situación conviene incorporar al análisis los demoledores efectos de la crisis económica y, sobre todo, la estrategia utilizada para superarla: recortes, precariedad laboral, salarios de miseria, desigualdad, pobreza infantil son sus efectos. Y mientras se iban desplegando, hemos convivido con constantes noticias de corrupción política en la prensa. El resultado ha sido la indignación y un
incremento espectacular de la desafección si lo comparamos con Europa. Entre 2006 y 2012, la desconfianza en los partidos políticos creció en Europa en siete puntos porcentuales, pero en España lo hizo en 28. En ese mismo periodo, la desconfianza en el Parlamento creció e Europa en 13 puntos, pero en España en 36 (del 46% al 82%); finalmente, la desconfianza en el Gobierno pasó en Europa del 58% al 64%, pero en España del 45% al 83%.
Estos datos tienen su correlato en el incremento de la percepción de corrupción.
En 2005, la diferencia con la media europea era prácticamente inexistente (+ 1%), pero en 2017 era ya enorme (+ 26%). Ese año, el 75% de los españoles creían que era parte de la cultura de los negocios en el país (la media europea era del 62%), el 81% opinaba que el soborno y las conexiones eran la forma más sencilla de obtener servicios públicos (la media europea, el 66%), y el 69% (en 2013 era el 67%) que la única forma de tener éxito en los negocios son las conexiones políticas (media europea, 52%).
Y
todo esto pasaba cuando, muy probablemente, la corrupción real era muy inferior a la de 2005, al menos por dos razones: la primera, que existía menos dinero en circulación, sobre todo en urbanismo; la segunda, que ha habido algún avance en la normativa anti-corrupción (reforma del Código Penal, leyes de transparencia, creación de agencias anti-corrupción autonómicas, etc) y que tenemos policías, fiscales y jueces mejor preparados para hacer frente al fenómeno.
Con todos estos datos en mente, la imagen de país no sale muy fortalecida y, lo que es peor, la satisfacción con el funcionamiento de la democracia se ha deteriorado.
Algunos pensarán que la clave para salir de este problema de imagen se llama crecimiento económico. Al fin y al cabo, el final del Gobierno de Felipe González tuvo también percepciones de corrupción altas y preocupación ciudadana por tal fenómeno. Pero el cambio de Gobierno y el crecimiento económico que se inició en esos años, y que duró prácticamente hasta la llegada de la Gran Crisis, produjo una disminución enorme de la percepción y, sobre todo, de la preocupación por esta patología política.
Durante los años de mayor corrupción en la España democrática, los del 'boom' urbanístico, la preocupación por la corrupción era inexistente entre los españoles. La puntuación en los
rankings (por ejemplo, el CPI de Transparencia Internacional) llegaba al notable y España estaba entre los 25 países menos corruptos del mundo. Más aún, la desconfianza en nuestros representantes no era superior a la media europea. Centrémonos en el crecimiento económico y el problema desaparecerá de la agenda política y de la problemática social, piensan algunos, máxime cuando ya no está en el Gobierno el partido más
infectado por la corrupción.
Obviamente,
esta estrategia elude el problema de fondo: la existencia real de corrupción; y, además, obvia que cuanto más dinero exista en circulación, más corrupción habrá, por lo que si no se atacan las raíces del problema podríamos ver cómo se reduce la preocupación y percepción mientras la corrupción objetiva se expande, de nuevo, por todos los intersticios de nuestro sector público y empresarial.
España, objetivamente, tiene un importante problema de corrupción y de falta de integridad en sus elites políticas y empresariales. Las medidas tomadas hasta el momento para desincentivar este tipo de conductas son claramente insuficientes y la ciudadanía así lo reconoce.
El crecimiento económico puede ser una droga que adormezca los efectos, pero la enfermedad está ahí.
Prevenir y combatirla es la única solución efectiva, y para ello se necesitará: 1)
Invertir en educación cívica; 2)
disminuir los niveles de desigualdad a efectos de eliminar privilegios sin control, incrementar la confianza inter-subjetiva y reducir las barreras a la acción colectiva frente a la corrupción; 3) desarrollar una política de integridad holística, en la que se consideren normas, procedimientos y órganos adecuados para trabajar en todos los frentes a favor de la ética pública, desde las empresas hasta los ejecutivos, pasando por el Poder Judicial, el Legislativo, los órganos constitucionales y, cómo no, los partidos políticos.
