España es uno de los países europeos que menos ha explotado el campo de la tributación ambiental. A pesar de tener serias dificultades para cumplir con los compromisos internacionales de emisiones de gases contaminantes, apenas ha hecho uso de la política fiscal verde. Esto contrasta con la elevada sensibilidad de la ciudadanía española respecto a los problemas ambientales. Un artículo recientemente publicado por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), bajo el título 'Imposición al carbono: derecho comparado y propuestas para España', repasa la actuación de las instituciones españolas en el campo de la fiscalidad verde desde una óptica de gobernanza multi-nivel, y propone la creación de un impuesto sobre el carbono dióxido basada en la experiencia internacional.
La falta de compromiso de España con esta tributación le ha llevado a ser objeto de numerosas llamadas de atención por parte de la Comisión Europea, que en el marco de su programa 2020 marcó unos objetivos de sostenibilidad ambiental que la economía española difícilmente cumplirá. Sí lo hizo en el caso de los objetivos del Tratado de Kioto, pero únicamente debido al desplome de la actividad económica durante la crisis. El cumplimiento de los compromisos asumidos requiere de la implantación de medidas efectivas para incentivar un comportamiento más sostenible de los agentes económicos. Los impuestos tienen una gran capacidad para lograr este objetivo.
Las medidas en este ámbito adoptadas hasta el momento han sido principalmente de iniciativa autonómica, aunque de forma muy dispar por territorios y con escaso éxito debido a su orientación recaudatoria, en un contexto de necesidad de incrementar los ingresos públicos más que ambiental. No obstante, han supuesto el primer acercamiento a un camino que debiera recorrerse en un nivel de gobierno superior.
[En colaboración con Red Eléctrica de España]
Es decir, se requieren medidas globales para resolver un problema que es global; pero debido al mantenimiento de la regla del QMV en el Consejo de la UE para adoptar acuerdos en materia tributaria, es necesario que se adopten medidas en el ámbito nacional.
Así, el artículo publicado por el IEF propone seguir el ejemplo de países como Suecia, que han demostrado que un impuesto sobre el CO2, además de recaudar (desmontando mito de la falta de capacidad para generar ingresos de estas figuras impositivas) es capaz de contribuir a la reducción de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera.
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La contribución del artículo se basa en el método de cálculo de la base imponible. Propone elaborar un catálogo de procesos productivos y medir las emisiones mínimas que puede generar cada uno de ellos con la tecnología disponible, gravando el exceso. Esto generaría un incentivo para que las empresas adaptasen sus procesos con el objetivo de reducir su factura fiscal. El catálogo se iría actualizando conforme a los avances tecnológicos, de modo que el nivel mínimo de emisiones se iría reduciendo con el tiempo, garantizando el mantenimiento de la recaudación. Las empresas que se adaptaran lograrían no sólo reducir el pago de impuestos, sino también ser más competitivas y sostenibles gracias a la mejora de sus procesos productivos.
El artículo ofrece también dos propuestas en las que invertir la recaudación de este nuevo impuesto. La primera afectaría los ingresos a un fondo de innovación verde, que funcionaría siguiendo la lógica del doble dividendo ambiental. La Administración dotaría al fondo con un euro por cada euro puesto por el sector privado, incentivando la inversión en innovación de las empresas que, como la pública, se mantiene por debajo de la media europea. La alternativa pasa por destinar la recaudación a la Seguridad Social, que acarrea un creciente déficit por la escasez de cotizaciones sociales.
Tres elementos justifican la creación del tributo propuesto. En primer lugar, España es, de entre las grandes economías europeas, la que mayor incremento de las emisiones ha sufrido entre los años 1990 y 2016, según Eurostat. Por otro lado, existe aún un amplio margen para el incremento de impuestos, ya que España se mantuvo en 2017 seis puntos de PIB por debajo de la media europea. Esta diferencia debe cerrarse si se pretende mantener un Presupuesto sostenible con el nivel de gasto público actual, éste sí más cercano a la media europea.
Por último, España es uno de los estados miembros en los que la ciudadanía tiene una mayor sensibilidad por la cuestión ambiental. Así, ya en el Eurobarómetro sobre cambio climático de 2015, los españoles señalaban como extremadamente serio el calentamiento global provocado por las emisiones que se propone gravar, a la vez que señalaban mayoritariamente (47% de los encuestados) al Gobierno central como responsable en la materia. Esto favorecería el apoyo social a la medida, que debería incluir la creación de los impuestos ambientales como una nueva categoría tributaria, separada de los impuestos especiales con el fin de dotarles de una mayor visibilidad.
Con los datos disponibles en la mano, se revela necesaria la implantación de un impuesto al CO2 a nivel estatal, en paralelo a los trabajos para alcanzar medidas de ámbito comunitario y global. El Gobierno actual realizó una declaración de intenciones con la creación del Ministerio para la Transición Ecológica, pero el aspecto ambiental de la revolución industrial 4.0 requiere reforzar la política con una apuesta decidida por la tributación, que aún en 2019 se mantiene como un campo a explorar en nuestro país.
