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'Hackear' las elecciones de WhatsApp en WhatsApp

Alberto Fernández Gibaja

25 de Marzo de 2019, 22:06

La campaña política de las elecciones del 28 de abril se está dando no sólo en los medios más tradicionales sino, de manera cada vez más relevante, online. Nuestras redes sociales se han convertido en el medio preferido de los partidos políticos para comunicarse con sus potenciales seguidores. La actual no es la primera campaña política en línea en España, y desde hace varios años todos los partidos combinan una estrategia de medios más tradicionales (intervenciones en televisión, radio, y prensa escrita) con componentes 'online'. Sin embargo, el campo de éstos últimos ha cambiado sustancialmente desde las últimas elecciones generales, de junio de 2016, y las vulnerabilidades del sistema se han agrandado.

A principios de 2018 estallaba a nivel global el escándalo de Cambridge Analytica. La empresa había encontrado la manera de obtener ingentes cantidades de datos de Facebook para usarlos en campañas de 'microtargeting' durante el referéndum del Brexit y la campaña electoral de Donald Trump. A partir de entonces, se suscitó un gran debate internacional con dos ejes; la seguridad e importancia de los datos digitales y la regulación de las campañas políticas online para asegurar la integridad electoral. Ninguno de los dos debates ha cambiado realmente mucho el panorama de las campañas en línea. Si bien los gigantes tecnológicos, con Facebook a la cabeza, han invertido miles de millones para proteger su imagen e intentar evitar el uso de sus servicios para manipular a la opinión pública, el debate ha aumentado la conciencia pública sobre los peligros, aunque ha dado lugar también a una cierta confusión sobre el asunto, su influencia y los riesgos que implican.

Desinformación, 'bots', 'astroturfing'… ¿qué está pasando?

El concepto clave que es capaz de englobar todo este debate tiene un nombre complejo: propaganda computacional. ¿Y eso qué es? Se define como el uso de técnicas digitales automatizadas, semi-automatizadas o basadas en el uso de grandes bases de datos para influir y manipular la opinión pública, especialmente la política.

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Esto no es nuevo: se ha utilizado prácticamente desde que existe la comunicación oral entre humanos. Sin embargo, al añadir el potencial digital sus posibilidades de influencia y alcance se han multiplicado exponencialmente. Toda campaña política y electoral se ha basado siempre en influir en la opinión pública. El uso de herramientas digitales simplemente ha otorgado un arsenal de técnicas de influencia y manipulación que, por un lado, no están reguladas y, por otro, tienen un alcance aun desconocido.

El efecto principal de la propaganda computacional es su capacidad para erosionar una de las bases de la democracia: el acceso equitativo a información veraz por parte de la ciudadanía; o, al menos, acercarse más posible a ello. Esto permite confrontar ideas y propuestas y ejercer el derecho a voto basado en un entendimiento relativamente objetivo de la realidad.

¿Estamos a salvo?

Probablemente no. Durante esta campaña electoral previa a las elecciones del 28 de abril, es probable que los partidos políticos desplieguen (o hayan desplegado ya) un considerable arsenal de técnicas de propaganda computacional para aumentar su base de votantes. Estas técnicas se pueden agrupar en tres grupos muy relacionados: segmentación o 'microtargeting', desinformación y manipulación semi-automatizada del discurso.

Tras el escándalo de Cambridge Analytica, el foco se centró en Facebook, el microtargeting y el rol de la multinacional en proteger la integridad electoral. De golpe, gran parte de la sociedad entendió cómo la segmentación altamente detallada, que se puede hacer gracias a las huellas digitales que vamos dejando en internet, podía ser usada como arma política. Todas esas huellas digitales (cada vez que le damos like a un artículo, que buscamos un producto por internet, que vemos una película en Netflix, que comentamos una foto en Instagram, etcétera la generan) dicen de nosotros mucho más de lo que pensamos; incluso cómo pensamos políticamente. Una campaña electoral con acceso a esos datos puede segmentar sus mensajes casi a nivel individual y usar diferentes técnicas para influir en la opinión de cada grupo.

Aunque, 'per se', la segmentación no es negativa, puede tornarse muy peligrosa cuando la información difundida es falsa y se usa de manera perniciosa. De ahí el gran protagonismo de la desinformación en este debate. Aunque es un fenómeno que siempre ha existido, su impacto nunca ha alcanzado los niveles que tiene hoy en día. Muy a la par con las teorías conspirativas, la desinformación no suele convencer, sino que genera dudas sobre un hecho y deja un poso de incertidumbre que puede influir en la formación de opinión sobre ciertos temas (por ejemplo, la inmigración), lo cual puede condicionar el voto. Aunque su efecto es difícil de medir, existen plataformas e intentos de frenar la desinformación tanto por parte de las grandes redes sociales (Facebook, por ejemplo) como a través de grupos periodísticos como Maldita.es.

El mayor riesgo que existe hoy en día es el uso de redes encriptadas (principalmente, WhatsApp) para la difusión de información. Al ser encriptadas, es imposible saber qué información se está compartiendo y qué tipo de mensajes circulan por los grupos de carácter político.

Sin embargo, difundir desinformación de una manera más o menos segmentada no es la única estrategia de manipulación de la opinión pública. Una vez sembrada la duda, existe todo un entramado de técnicas que permiten manipular y alterar el discurso online. En redes sociales se da el uso de una amalgama de cuentas falsas, semi-falsas, mercenarias y/o automatizadas para, de manera coordinada, crear la apariencia de un comportamiento u opinión pública mayoritarios. Con todo ello, se aspira a activar lo que Noelle-Neumann llamó la espiral del silencio, es decir, el seguimiento de una idea o corriente de opinión pública que parece mayoritaria, o al menos establecer la sensación de que una idea, de hecho, lo es. Esto puede llegar a tener una efecto sobre el voto. Por ejemplo, gran parte de la estrategia en redes de Vox ha sido dar a entender que son muchos los que apoyan el partido (con hashtags como #YovotoVox), para así activar dicha espiral.

Pero en España el principal punto de preocupación es el medio principal a través del cual se llevan a cabo estas actividades. WhatsApp es la punta de lanza de la mayoría de los partidos políticos en España para poner en funcionamiento su propaganda computacional. Cada red social se adecúa mejor a cada técnica de propaganda computacional, pero la interacción por WhatsApp parece ser el elemento que dirige muchas de las campañas de cara al 28 de abril.

El principal problema surge de que, al estar totalmente encriptado, las autoridades y el público en general no pueden monitorizar las actividades. La propia empresa, que pertenece a Facebook, ha entendido el peligro del uso de la aplicación para la propaganda computacional y ha establecido una serie de medidas a nivel global para minimizar, en la medida de lo posible, dicho uso; y ésa es la razón por la que sólo puedes reenviar un 'guasap' a cinco personas como máximo a la vez.

¿Y ahora?

A corto plazo, solo se puede apelar a la responsabilidad y lealtad de los partidos políticos al proceso democrático. Utilizar la tecnología para mejorar la comunicación política no es sólo posible, sino que puede ser positivo. Se pueden crear nuevos canales de comunicación con la ciudadanía, una relación más cercana y una exposición más intensa de los políticos al mundo real. Sin embargo, la tecnología actual también permite un grado nunca visto antes de manipulación de la opinión que, dependiendo de quién la use y con qué fin, puede ser muy peligroso. Sin entrar a analizar los temas, buscar sembrar dudas sobre el proceso democrático y exacerbar la polarización son dos de los objetivos más peligrosos que pueden buscarse a través de la propaganda computacional. A largo plazo, la única solución es el diálogo amplio entre expertos, partidos, entes reguladores y empresas privadas; una conversación abierta que garantice la integridad del sistema electoral.

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