15 de Marzo de 2019, 08:45
El pasado mes de diciembre entró en vigor la nueva Directiva (UE) 2018/2001, sobre el fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables. El plazo de transposición a nuestra legislación finalizará el 30 de junio de 2021.
Con la colaboración de Red Eléctrica de España
De acuerdo con el Reglamento (UE) 2018/1999 de gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, la directiva se rige por el principio de primero, la eficiencia energética, por el que todas las decisiones de política en esta ámbito deben incluir medidas alternativas de eficiencia, no sólo en costes, sino en oferta y demanda de energía, que faciliten el ahorro de energía y la gestión de la demanda.
La nueva directiva establece el "despliegue eficiente de las energías renovables" que se concreta en cuatro aspectos:
La energía flexible
Alcanzar el 32% de objetivo de consumo final de renovables en 2030 y el 14% de renovables en el transporte dependerá del aumento de la flexibilidad del sistema energético. Es la idea clave de la directiva de renovables y del reglamento de gobernanza, hasta el punto de que se pide a los estados miembros que establezcan objetivos de flexibilidad en sus planes nacionales integrados de energía y clima.
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La energía flexible permite reducir el consumo y desplazar la demanda en función de la disponibilidad de energía renovable. Ajustar la oferta y demanda de energía en tiempo real es el resultado de la energía flexible al que se llega por las sinergias y la interacción del autoconsumo con almacenamiento, el punto de recarga para el vehículo eléctrico (VE) y las aplicaciones inteligentes para gestionar la demanda en el mismo centro de consumo.
La energía flexible es la gran protagonista del paquete de invierno. Está también incorporada en la nueva Directiva (UE) 2018/844 de eficiencia energética de los edificios y representa la más alta eficiencia en todos los usos de la energía. Pero es también el recurso fundamental para cumplir los compromisos del Acuerdo de París, que para la descarbonización, exigen al menos un 60% de electrificación de la economía a través de la gestión inteligente de la demanda con redes, contadores y tarifas inteligentes.
Gestionar grandes recursos renovables en periodos de alta demanda o desplazar la demanda a periodos de mayor generación renovable rebaja considerablemente los costes energéticos, estabiliza la red eléctrica y desconecta el consumo y las emisiones del crecimiento económico. Pero el cambio más importante es que sitúa al consumidor en el centro del sistema energético, como único dueño de la energía flexible, y abre la competencia a millones de auto-generadores que remplazan el poder de mercado de las grandes eléctricas.
Los nuevos derechos de los consumidores
La directiva de renovables no sólo establece objetivos y medidas, sino una relación de derechos de los consumidores en un lenguaje desconocido en nuestra regulación:
Competencias exclusivas de comunidades autónomas y ayuntamientos
Una vez que la directiva está en vigor y publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea (Doue), los nuevos derechos obligan a todos los poderes públicos. Que éstos sean efectivos y no se queden en mera declaración va a depender en gran medida de las capacidades de llevarlos a cabo por parte de las autoridades locales, porque la mayor parte de ellos afectan a sus competencias en urbanismo, vivienda, ordenación y planificación del territorio.
La directiva cita reiteradamente a los poderes regionales y locales como impulsores de las renovables mediante el ejercicio de sus competencias en la ordenación del territorio y las ordenanzas municipales. En muchos casos no habría que esperar a su transposición al ordenamiento jurídico nacional, como dictaminó en 2017 el Tribunal Constitucional para el autoconsumo compartido o el informe de evaluación del edificio y la certificación energética.
Cada municipio debería hacer su propio plan integrado de energía y clima. Como afirmó el sociólogo alemán Ulrich Beck, las ciudades son la última esperanza climática y un ejemplo de cómo el poder se desplaza hacia lo local mediante la gestión de los problemas globales, como la contaminación, la salud, la movilidad, el empleo o el cambio climático, incorporando los usos de la energía a la ordenación del territorio.
Si el consumidor es el dueño de la energía flexible, la política local es su espacio determinante.