Con la aprobación de la
Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre Mujer, Paz y Seguridad, de octubre de 2000, la comunidad internacional reconoció el
sufrimiento adicional de mujeres y niñas en contextos de violencia, conflicto armado y post-conflicto. Y también,
el papel clave de las mujeres en la prevención y resolución de esos conflictos para lograr una paz duradera y construir sociedades más justas e igualitarias.
La Resolución se constituyó, así, como un hito en la incorporación de la perspectiva de género en la prevención de conflictos, operaciones de mantenimiento de la paz, etapas post-conflicto, de desarme, desmovilización y reintegración. Además, dio inicio a la
Agenda de Mujer, Paz y Seguridad.
Las mujeres y niñas sufren discriminación y violencia en todo el mundo, pero su situación en países en conflicto armado y post-conflicto empeora significativamente. Puesto que los conflictos armados suelen tener lugar en países ya de por sí complejos para ser mujer, con elevados índices de violencia de género, violaciones de derechos humanos o pobreza endémica, la desigualdad que soportan mujeres y niñas en estos contextos se incrementa considerablemente porque a la discriminación estructural de género que experimentan (como problemas de acceso a la educación, a la sanidad, a los empleos más cualificados y mejor remunerados y a su menor presencia en puestos con capacidad de decisión política y económica) se une su condición de víctimas de conflictos y violencia.
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En este sentido, siendo la población civil el objetivo principal de las hostilidades en conflictos armados,
la vulnerabilidad y desprotección de mujeres y niñas es utilizada por las partes.
La violencia sexual como táctica de guerra y terrorismo para humillar, dominar, amedrentar o reubicar a comunidades o grupos étnicos y otras circunstancias relacionadas con el crimen organizado,
los embarazos forzados o la explotación son algunas de las vulneraciones a sus derechos humanos que, por desgracia, sufren mujeres y menores en zonas de conflicto y post-conflicto. Es especialmente preocupante la vulneración de derechos humanos que sufren menores atrapados en esas zonas, donde se incrementa el número de niñas forzadas al
matrimonio infantil.
Los asuntos de Mujer, Paz y Seguridad deben priorizarse más que nunca y sin excusas en la agenda internacional. Así lo requieren las nuevas tipologías de conflictos y entornos de seguridad (en menos de una década, el número de grandes conflictos se ha triplicado) y el surgimiento de amenazas como el auge de extremismo violento y el terrorismo, el incremento exponencial del número de refugiados y desplazados internos huyendo (también) del crimen organizado, las hambrunas u otros retos para la seguridad humana.
Son muchas las organizaciones internacionales, de la sociedad civil y estados trabajando por una
seguridad inclusiva que refuerce el papel de las mujeres como agentes activas para el cambio en su comunidad y por su protección a través de la implementación de la Resolución 1325 y posteriores (
Resolución 1820 (2008),
la 1888 (2009),
la 1889 (2009),
la 1960 (2010),
la 2106 (2013),
la 2122 (2013) y
la 2242 (2015); y en la promoción de los valores que las inspiran.
A diciembre de 2018,
son 79 los estados que han adoptado planes de Acción Nacional para implementar la Resolución 1325. Estos planes deben guiar con buenas prácticas, mecanismos de monitorización, evaluaciones independientes y recursos suficientes la implementación de esta Resolución y las siguientes; y, a su vez, promover la concienciación global sobre los asuntos de Mujer, Paz y Seguridad.
Además, esta Agenda está interconectada con otra, la
2030 y, en particular, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 5 (igualdad de género y empoderamiento de la mujer), 16 (promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas) y 17 (alianzas para lograr los objetivos).
Se debe, entre otras medidas, garantizar la protección y derechos humanos de mujeres y niñas en zonas en conflicto y post-conflicto trabajando, por ejemplo, por
la inclusión de la perspectiva de género en todos los acuerdos de paz y los procesos de mediación;
fomentar la participación significativa de la mujer como decisora en la prevención y resolución de conflictos; asegurar una
política de tolerancia cero a todo el personal desplegado en estas áreas para evitar el abuso y la explotación;
luchar contra la impunidad reconociendo el dolor de las víctimas; promover el
acceso universal a la salud sexual y derechos reproductivos; favorecer la participación de la mujer en la prevención del extremismo violento y radicalización, y empoderar a las mujeres en todos los ámbitos de tal forma que sean capaces de alcanzar todo su potencial.
Todo ello, fomentando la
incorporación y liderazgo de las mujeres en puestos vinculados a la seguridad internacional y las Fuerzas Armadas. La presencia de
personal femenino en operaciones y misiones de mantenimiento de la paz es clave porque mejora el apoyo a la mujer local y las empodera en la comunidad; fomenta un mayor sentido de seguridad en la población local, en particular en mujeres y niños y, amplía los conocimientos sobre la situación de conflicto o post-conflicto.
Pero aún queda mucho por hacer
La inclusión de la perspectiva de género en la prevención, gestión y resolución de conflictos y post-conflictos es aún marginal. Se necesita que muchas más mujeres refuercen su capacidad de decisión política y económica y, a su vez,
la implicación total de los hombres en la Agenda de Mujer, Paz y Seguridad.
A nivel nacional, sólo el 40% de los estados cuentan con Planes de Acción Nacional para implementar la Resolución 1325, con diferentes grados de compromiso, recursos y herramientas de análisis y monitorización. Y, además, a pesar de que los conflictos impactan de forma diferente en hombres y mujeres, los presupuestos de recuperación post-conflicto tienden a ignorar las
necesidades específicas de éstas, como las referidas a su empoderamiento económico (según el Norwegian Peacebuilding Resource Centre,
menos del 5% de los fondos propuestos se centra en proyectos que abordan esas necesidades).
En definitiva, la consecución de la Agenda de Mujer, Paz y Seguridad no será posible sin la firme
voluntad política de los Estados y organizaciones internacionales y la implicación de la
sociedad civil que permita cambios transformadores a largo plazo. La igualdad de género es una cuestión de derechos humanos, vital para alcanzar una paz sostenible y duradera.
