5 de Marzo de 2019, 22:01
Hace unos días, el Gobierno envió a Bruselas el Plan Integrado de Energía y Clima (PNIEC), una obligación que tienen todos los ejecutivos de la Unión Europea y que tenía que haberse remitido antes de finales del año pasado. En él se concreta la evolución prevista del sistema energético de España hasta 2030 y debe ser coherente con los objetivos de la UE de que, al menos, el 32% de la energía final consumida sea de origen renovable para ese año. El Gobierno de España ha estructurado un plan muy ambicioso en el que se compromete a que represente el 42% en dicha fecha; muy por encima del objetivo mínimo, lo que muestra su firme compromiso a favor de la transición energética y en la lucha contra el cambio climático.
El plan detalla cuál va a ser la evolución prevista de las distintas fuentes de energía y, entre ellas, la de una fuente enormemente polémica: la nuclear. Tal y como se había informado durante las semanas anteriores, el Gobierno y las compañías propietarias de las centrales nucleares han acordado un cierre escalonado de las mismas, ampliando unos cuantos años su funcionamiento más allá de su vida de diseño pero sin llegar a extenderlo 10 ó 20 años, como se había llegado a especular.
En colaboración con Red Eléctrica de España
La vida de diseño de las centrales (40 años) marcaba teóricamente el cierre de todo el parque nuclear en 2028, pero finalmente el de la última de las centrales se producirá previsiblemente en 2035. Para 2030, ya habrán cerrado cuatro de los siete reactores en funcionamiento en España, tal y como contempla el PNIEC.
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Esta extensión de unos pocos años, que recordemos iba en contra del programa electoral del PSOE y de las opiniones iniciales de la ministra Ribera, se ha hecho por dos razones. La primera de ellas es evitar que el cierre nuclear provoque un aumento indeseado de las emisiones de CO2 por hacerse antes de que las energías renovables puedan sustituir a todas estas centrales. La energía nuclear produce residuos radioactivos muy peligrosos y tiene sus riesgos (estadísticamente muy pequeños, aunque potencialmente destructivos), pero no emite ni CO2 ni contaminantes atmosféricos, así que objetivamente es una energía descarbonizada más y tiene su utilidad en la lucha contra el cambio climático.
Los 7.400 MW de potencia nuclear, que producen energía más del 80% de las horas del año, debieran sustituirse por una potencia renovable (eólica o fotovoltaica) mucho mayor, del orden de cuatro veces más, acercándonos a 30.000 MW de potencia renovable. Instalar esos volúmenes requiere varios años y, además, en el horizonte tenemos el cierre de la mayoría de las centrales de carbón y una progresiva electrificación del transporte que requerirá más generación eléctrica, así que un cierre completo en 2028 parecía demasiado prematuro y probablemente hubiese llevado a tener que usar más intensamente los ciclos combinados de gas natural, que son emisores de CO2 (aunque menos que el carbón).
Las energías eólica y fotovoltaica ya son las energías más competitivas en costes, pero son inherentemente intermitentes y, por tanto, necesitan un respaldo de energía gestionable que permita responder a la demanda de los consumidores.
Como soluciones renovables gestionables tenemos las centrales hidroeléctricas, que generan más del 10% de la electricidad en España, y también de biomasa (aunque en España son muy escasas), pero no son suficientes por sí mismas para garantizar el suministro en todo momento, así que todavía necesitamos centrales convencionales. Para poder prescindir de ellas, necesitaremos mecanismos de almacenamiento (bombeos, baterías u otros), una ampliación de la interconexión con Europa y mecanismos de flexibilización de la demanda, pero todo esto requiere tiempo e inversión y 2028 está demasiado cerca. La prudencia, pues, aconsejaba replantearse el cierre nuclear de todas las centrales a los 40 años de funcionamiento.
Pero hay una segunda razón, tan importante como la primera: una vez se cierra una central nuclear, hay que desmantelarla y hay que gestionar sus residuos. Este coste, estimado en 14.300 millones de euros para todo el parque nuclear español, lo deben pagar las centrales a través de un impuesto específico, la tasa Enresa, actualmente fijada en 6,64/MWh generado, que alimenta un fondo para tal fin. El problema es que actualmente hay menos de 6.000 millones de euros en ese fondo y cada una de las centrales paga unos 60 millones de euros anuales de media, por lo que de cerrar las centrales a los 40 años de funcionamiento el fondo hubiese sido claramente insuficiente. Alargando su tiempo de funcionamiento a 45-46 años por reactor se recaudarán 2.500 millones de euros adicionales, lo que reducirá el problema de la insuficiencia de fondos para el desmantelamiento.
Ojo, que lo reduzca no quiere decir que lo elimine, porque incluso en este caso el dinero no parece suficiente (siguen faltando unos 3.000 millones de euros), así que el Gobierno ya se está planteando subir la tasa Enresa para no encontrarse con un agujero en el futuro. Y todo ello asumiendo que el coste estimado va a ser efectivamente ése, algo incierto y más en un sector que tiende a los sobrecostes como el nuclear. Algunos analistas, en virtud de la experiencia del desmantelamiento de Zorita, han estimado que podríamos irnos hasta más de 20.000 millones de euros, lo que descuadraría absolutamente los costes.
A la vista de los problemas que plantea el cierre nuclear, podría pensarse que lo más conveniente sería ampliar aún más sus años de funcionamiento, pero eso sería extraordinariamente problemático. Para empezar, las empresas propietarias no han demostrado, en general, demasiado interés por seguir con el negocio, con la oposición activa y declarada de una de las más importantes, que declara perder dinero con este negocio.
Para ampliar la vida de diseño de una central, ésta debe solicitarlo y realizar las inversiones que le requiera el Consejo de Seguridad Nuclear. La consultora PwC, por ejemplo, señala que las centrales deberían hacer una inversiones mínimas de 3.200-3.500 millones de euros para alargar su funcionamiento 10 años más. En Francia, un caso comparable al nuestro, se ha estimado que ampliar la vida útil de sus 58 centrales podría costar entre 55.000 y 100.000 millones de euros, una cifra bastante superior a la cifra mínima dada por PwC para España. La cantidad exacta sólo se sabría si se pidiese la ampliación, pero en todo caso representa un alto coste fijo que habría que amortizar durante los años restantes de funcionamiento de la central.
Esta amortización podría ser factible en las condiciones de mercado actuales, ya que para entonces la inversión inicial estaría prácticamente amortizada, pero pudiera no serlo con el sistema eléctrico que viene. Conforme pasen los años, cada vez tendremos más energía eólica y solar en nuestro mix eléctrico, y eso llevará a que cada vez más asiduamente nos encontremos con momentos en los que la energía renovable cubra todas las necesidades del sistema. En esa situación, las centrales nucleares deberían parar o bajar potencia (pues no tendría sentido desaprovechar la energía del sol y del viento, sin coste marginal).
Sin embargo, nuestras centrales nucleares no están preparadas para eso. Si reducimos su potencia, ésta tardará muchísimas horas en poder recuperar la potencia plena y eso es un problema para responder a las necesidades de demanda del sistema. Nos guste o no, los ciclos combinados de gas están mucho mejor preparados para esta función.
Este problema no es técnicamente irresoluble. En otros países se han adaptado centrales nucleares para trabajar con seguimiento de carga, es decir, para poder subir y bajar potencia conforme lo requiera el sistema, pudiendo recuperar su potencia máxima en menos de media hora. Algunas en países como Suiza, Francia o Alemania funcionan así.
Pero que sea técnicamente viable no implica que lo sea económicamente. Además de suponer una nueva e importante inversión a amortizar, hacer el seguimiento de carga haría trabajar a una central muchas menos horas de las que lo hace actualmente (cerca del 85% de media), y entonces generaría menos MWh anualmente y tendría que imputar un mayor porcentaje de los costes fijos en esa energía. Es decir, que a menores horas de funcionamiento mayores son los costes por MWh, lo que podría llevar a la central a ser económicamente inviable, sobre todo si los precios del mercado cayesen debido a la entrada masiva de energía renovable.
A la vista de la situación y del desinterés de muchas empresas propietarias, no parece raro que se haya optado por esta situación intermedia y que no se vaya a ampliar la vida útil de las centrales más allá de 2035. No parece en absoluto una decisión ideológica, sino meramente técnica y económica. Podría haberse tomado otra, pero probablemente se hubiese tenido que garantizar a las centrales nucleares unos ingresos fijos y superiores a los del mercado y a los que pueden ofrecer otras energías, lo que habría encarecido la factura de los consumidores.
Podría haberse defendido esta opción, pero el debate se tendría que haber planteado en otros términos más realistas, con pros y contras; no se ha hecho y ahora ya parece tarde. En un par de décadas, la energía nuclear pertenecerá al pasado en España y no seremos los únicos, pues es una energía en decadencia en Occidente y en los países desarrollados en general; no así en Asia.
¿Y construir nuevas centrales nucleares? A la vista de los casos que vemos en Europa, eso sí que hubiese sido económicamente disparatado. El caso más paradigmático es el del reactor británico Hinkley Point C, todavía en construcción, que va a costar alrededor de 23.000 millones de euros y al que se le va a pagar la energía generada a más de 110 /MWh (el doble del precio del mercado español el año pasado, 57 /MWh, considerado altísimo).
No es el único caso: el tercer reactor de la nuclear francesa de Flamanville también ha triplicado su presupuesto inicial y va a acabar teniendo un coste por MW instalado similar a Hinkley Point C. Otros casos en Europa siguen la misma estela, así que la decisión de no plantear la construcción de nuevas nucleares sí que parece difícilmente discutible.
