27 de Febrero de 2019, 21:52
El pasado viernes 22 de febrero, el Gobierno dio luz verde al Marco Estratégico de Energía y Clima, un paquete integral de medidas que sitúa en el corazón de la acción política nacional la lucha contra el cambio climático. De esta forma, sienta las bases para una transición energética hacia las energías limpias que nos permita aprovechar las importantes oportunidades de generación de empleo y actividad económica, así como evitar aquellas inversiones que supongan un riesgo climático y financiero en el futuro.
El mencionado Marco Estratégico, presentado por el Gobierno a instancias del Ministerio para la Transición Ecológica, se compone de tres documentos. El primero, el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, recoge el marco normativo para avanzar hacia la descarbonización de la economía española, y tendrá que esperar a la próxima legislatura para ser debatido y, en su caso, aprobado en sede parlamentaria.
El segundo, el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), que ya ha sido remitido a la Comisión Europea para su evaluación, recoge la planificación energética para la próxima década, así como los objetivos nacionales en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, energías renovables, ahorro y eficiencia energética.
El último documento, La Estrategia de Transición Justa, incluye los planes de acción para las comarcas donde la transición podría generar dificultades y garantiza que la inclusión social sea una pieza clave del proceso. Todos estos documentos se han puesto a exposición pública y están disponibles en la página web del Ministerio.
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Las propuestas mencionadas suponen un formidable impulso para avanzar en la senda hacia la descarbonización de la economía española, al tiempo que nos alinea con la hoja de ruta de la Unión Europea y con el Acuerdo de París. Las emisiones de gases de efecto invernadero habrán de reducirse al menos un 90% con respecto a 1990 para 2050 y al menos un 20% para 2030. Esto supone que, en poco más de una década, tendremos que eliminar de la economía una de cada tres toneladas de CO2 equivalente emitidas a la atmósfera, un reto alcanzable.
Para ello, el PNIEC estima que las energías renovables habrán de doblar su contribución para 2030, alcanzando el 42% sobre el uso final de la energía. En el sector eléctrico, las renovables alcanzarán un 74% de generación en 2030 y el 100% en 2050.
Afortunadamente, este objetivo no es sólo necesario y técnicamente factible; también es rentable. Las tecnologías para las que se prevé un mayor crecimiento, como la eólica terrestre o la solar fotovoltaica, tienen ya unos costes notablemente inferiores a los precios medios del mercado eléctrico, por lo que se espera que el precio de electricidad baje en 2030 un 12%.
El PNIEC prevé la salida del carbón en 2025-2030 y el cierre gradual de todas las centrales nucleares entre 2025 y 2035, fruto de un marco de referencia presentado por el Ministerio para la Transición Ecológica al que las empresas propietarias han dado su conformidad. Además, y como consecuencia de la aplicación de las medidas de ahorro energético, la eficiencia energética mejorará un 39% en 2030, haciéndola más sostenible y competitiva. Para ello, es necesario un cambio sustancial en nuestro estilo de vida, modos de movilidad y consumo energético de las viviendas, que comenzarán a ser productoras de energía renovable de la mano del autoconsumo.
El Plan ha sido sometido a un estudio de impacto económico, de empleo, social y sobre salud pública que concluye que será muy positivo. Las inversiones acumuladas movilizadas se situarán en el entorno de los 235.000 millones de euros a lo largo de la década 2021-2030 e irán destinadas principalmente a medidas de ahorro y eficiencia energética, promoción de energías renovables y desarrollo de las redes y la electrificación de la economía.
Una parte muy sustancial de estas inversiones (cerca del 80%) la realizará el sector privado, que ya ha mostrado su disposición y para lo que pide un marco regulatorio claro y estable a largo plazo. De hecho, al poco de conocerse el Plan una de las principales compañías eléctricas del país ha anunciado inversiones en España por valor de 8.000 millones de euros en los próximos tres años. El impacto económico del Plan supondrá la creación de una media de 300.000 empleos a lo largo de toda la década. Además, favorecerá a los colectivos más vulnerables y reducirá las muertes prematuras asociadas a la contaminación atmosférica en un 25%.
Estas elevadas cifras económicas y de empleo reflejan el cambio estructural que supondrá la implementación del Plan. No sólo las inversiones generarán un impacto notable durante el periodo de ejecución, sino que el ahorro energético y la reducción del consumo de combustibles fósiles mejorarán la balanza comercial, liberando recursos que podrán ser destinados a otros bienes y servicios, generando un impulso económico añadido.
Sin duda, reducir nuestra dependencia de combustibles fósiles importados, contaminantes y dañinos para la salud, y cuyos precios son cada vez más elevados y volátiles, por unas energías renovables autóctonas, limpias y con unos costes decrecientes y más estables, es una gran oportunidad económica. Así lo señalan recientes estudios elaborados por la Comisión Europea o, más recientemente, un informe presentado por Cambridge Econometrics, en el que se apunta que España será uno de los países donde más crecerá el empleo gracias al cumplimiento del Acuerdo de París (crearía más de 200.000 puestos de trabajo). Estas cifras, lógicamente, varían en función de las hipótesis y las inversiones consideradas, pero nadie duda de la enorme contribución que la transición energética supone para el progreso, el empleo y el interés general.
En este sentido, los objetivos y políticas del paquete de medidas presentados por el Gobierno envían señales claras, adecuadas y con antelación suficiente para que las empresas y los inversores puedan posicionarse. Actuar a tiempo y adelantarse a los cambios será crucial para aprovechar las oportunidades, ya que hará más probable que las industrias del futuro se acaben desarrollando en nuestro país y que podamos alcanzar el liderazgo en algunos de los sectores clave de esta nueva revolución industrial.
Un ejemplo a seguir es el del sector industrial eólico nacional, que supo anticiparse y pasó de no existir hace un par de décadas a contar ahora en nuestro país con 22.500 trabajadores, 195 centros de fabricación en 16 comunidades autónomas, más 1.000 parques eólicos instalados en 803 municipios y empresas líderes a nivel global.
Por ello, es necesario (y valiente, dado el coste político que en estos casos tiene señalar algo evidente) insistir que los vehículos matriculados a partir de 2040 tendrán que ser de 0 emisiones (gCO2/km), como recoge el anteproyecto de ley y como expresamente señala la Comisión Europea. O que las inversiones en energías fósiles habrán de ser las mínimas necesarias, o que los balances de las principales compañías tendrán que ser evaluados por organismos independientes para conocer su grado de exposición a los activos fósiles que podrían depreciarse y convertirse en un riesgo para los accionistas y la economía en su conjunto.
Durante demasiado tiempo, la lucha contra el cambio climático ha ocupado un lugar secundario en la agenda política española. De hecho, en los últimos años la transición energética no sólo se había detenido, sino que retrocedió. La llegada de Teresa Ribera y su equipo al Ministerio para la Transición Ecológica ha sido determinante para corregir el rumbo y situar la acción climática como unas de las prioridades del Gobierno. El Ejecutivo ya ha hablado a través de su paquete de medidas. Ahora es el momento de que la ciudadanía, los agentes económicos y sociales asumamos nuestro protagonismo y abramos un amplio espacio para un diálogo constructivo sobre la base de la hoja de ruta marcada por el Gobierno. No podemos perder esta oportunidad de progreso ni la ocasión para revitalizar y reafirmar nuestro compromiso con el futuro del planeta.
