Ventajas de la monarquía parlamentaria

El reciente desplante del president Joaquim Torra y de la alcaldesa Ada Colau al Rey Felipe VI es, de entrada, ridículo e hipócrita, toda vez que en privado y sin cámaras sí le mostraron una mínima cortesía al saludarlo.

Torra parece ignorar que, como president de la Generalitat es, además, el principal representante ordinario del Estado en Cataluña (artículo 67.1 del 'Estatut d'Autonomía'), pero su gesto no sorprende porque está instalado en una irreal perspectiva política. En cambio, es más criticable Colau, porque se le suponía en una actitud de respeto institucional que ahora no ha mantenido. Naturalmente, estos gestos inamistosos son una respuesta soberanista al criticado discurso del Rey del 3 de octubre de 2017: es probable que no fuera la mejor de las intervenciones posibles (un recordatorio de que todo el ordenamiento es reformable dentro de la Ley y la utilización del catalán en parte de su intervención habrían reducido la hostilidad que se generó después entre los partidarios del soberanismo), si bien es obvio que su papel tenía que ser el de la defensa de la Constitución.  

Todo esto viene a cuento porque no deja de ser recurrente el debate (que sólo interesa a determinados partidos) sobre la Monarquía. Si es puramente doctrinal, la Monarquía es indefendible porque no tiene justificación teórica democrática que el cargo de Jefe del Estado sea vitalicio y de transmisión hereditaria, pero si se razona en términos empíricos comparados se constata que las monarquías parlamentarias son plenamente compatibles con la democracia, mientras que algunas repúblicas son autoritarias. La clave no es, por tanto, la forma política, sino la naturaleza del régimen: las monarquías parlamentarias sobreviven simplemente porque resultan útiles en la práctica, y si dejaran de serlo perderían su última razón de ser.

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En el 'Democracy  Index' de 'The Economist', que ha adquirido relieve últimamente, entre las 20 democracias plenas resulta que nada menos que 10 son monarquías parlamentarias. Éste es el ranking: 1) Noruega, 3) Suecia, 4) Nueva Zelanda, 5) Dinamarca, 6) Canadá, 9) Australia, 11) Holanda, 12) Luxemburgo, 14) Reino Unido y 19) España, que ha empeorado por la ley mordaza y, en parte, por el conflicto catalán. Es decir, algunas de las democracias más avanzadas del mundo son monarquías parlamentarias, siendo una forma política muy minoritaria a nivel internacional.

En un país tan partitocrático como España no se ve qué ventajas podría aportar una III República, pues lo más probable es que ésta dificultara aún más la gobernabilidad, sobre todo en caso de eventuales cohabitaciones; y tampoco sería descartable el fuego amigo en el supuesto de que la Jefatura del Estado y la Presidencia del Gobierno recayeran en el mismo partido: baste pensar, como hipótesis especulativa, en las más que probables tensiones entre un presidente de la República como Alfonso Guerra y un primer ministro como Pedro Sánchez. El bloqueo estaría asegurado, dada la estrategia de la crispación alentada por diversos partidos españoles.

No puede ignorarse que, por pocos poderes que tuviera, un presidente de la República de tipo parlamentario (no parece que los modelos presidencialista o semi-presidencialista pudieran ser bien acogidos en España) sí dispondría de algunos significativos. En Alemania e Italia, por ejemplo, sólo ellos deciden la disolución anticipada del Parlamento y, en el segundo caso, el presidente de la República tiene poder de veto sobre la ley aprobada.

En cambio, en la actual Monarquía parlamentaria española el Rey no puede disolver las Cortes (es decisión del presidente del Gobierno), no decide su nombramiento (sólo lo propone, teniendo el Congreso de los Diputados la última palabra al respecto) y, sobre todo, carece de derecho de veto legislativo. A todo ello hay que añadir una importante ventaja: un Jefe del Estado sin carnet de partido resulta, aquí y ahora, mucho más práctico.

A veces, se ha esgrimido como ventaja el menor coste de la Monarquía con relación a los presidentes de República (algunos son muy caros), pero éste es un asunto controvertido porque la comparación no es sencilla toda vez que a menudo se barajan conceptos y partidas diferentes según los países. En principio, la Monarquía española es de las más económicas, si bien no se incluye en su cómputo el mantenimiento de edificios patrimoniales o la Guardia real, por ejemplo. No obstante, el argumento económico no es muy relevante porque la clave es de práctica política, como se ha señalado.

Una buena parte de la izquierda española (la post-comunista y comunista) sigue vinculada a visiones mitificadas del pasado (la idealización de la II República) y a prejuicios sobre las renuncias de la Transición. En este sentido, la Monarquía parlamentaria de la Constitución de 1978 no tiene nada que ver con la del 18 de julio que pretendió instaurar el dictador Francisco Franco. Por último, esta izquierda doctrinaria debiera ver que los grandes valores republicanos (los que arrancan de la revolución francesa: libertad, igualdad y fraternidad) están perfectamente recogidos en el artículo 1 de la Constitución, que define a España como un Estado social y democrático de derecho.

Por tanto, la clave no son las abstracciones (¿Monarquía/República?), sino la práctica: mientras la Monarquía parlamentaria no se desvíe de sus funciones tasadas, podrá seguir siendo útil y perdurar. De ahí que hoy no sea en absoluto una prioridad discutir sobre su eventual abolición.