Cuba, ¿otra vez sopa?

Mafalda, el personaje creado por el dibujante argentino Quino, es conocida por su rechazo a la sopa, plato que su madre le ofrecía con frecuencia. La frase se ha incorporado al sentido común para referir a lo que siempre ocurre de la misma manera, "siempre lo mismo". Aquí la tomamos para preguntamos si el proceso de reforma constitucional en Cuba es o no más de lo mismo (Por una descripción de procesos participativos previos véase aquí). Miremos: ¿quién y cómo participó?, ¿quién y cómo procesó las sugerencias recibidas?, ¿quién decidió qué entraba al texto final?, para cerrar con la campaña o las opciones de voto.

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Y como de continuidades y cambios estamos hablando, vale hacer un poco de historia. Tras la revolución de 1959 se abrió un "periodo de excepcionalidad" en que el gobierno concentró las funciones ejecutivas, legislativas y constituyentes y que recién se cerró con la aprobación de la Constitución de 1976. Este proceso comenzó en 1974, cuando el gobierno y el Partido Comunista (PC) nombraron una Comisión Redactora Conjunta formada por veinte miembros responsables de redactar un anteproyecto constitucional. Cuando el borrador estuvo disponible, se sometió a discusión pública, durante el año 1975. De acuerdo a los registros habrían participado 216.000 personas que propusieron 12.883 modificaciones, 2.343 adiciones de contenido constitucional, así como 84 solicitudes de aclaraciones. Las discusiones fueron organizadas por distintos grupos vinculados al gobierno y al PC. Si bien se registraron 60 modificaciones en el texto constitucional, las discusiones en la Comisión no se hicieron públicas, como tampoco fueron públicos los Diarios de Debate. Antes de pasar a referendo, el borrador fue aprobado por el Primer Congreso del Partido Comunista.

¿Quién y cómo participó?

Entre agosto y noviembre de 2018 más de siete millones de personas (¡el 64 por ciento de la población cubana!) habrían participado en más de 100.000 reuniones que tuvieron lugar en todo el territorio y también en el exterior. Participaron los mayores de 16 años, ciudadanos y ciudadanas y los residentes legales, haciendo preguntas, consultas y sugerencias de enmieda, eliminación o incorporación de contenido. Hubo 133.681 reuniones en las que se registraron, en Cuba, 706.782 intervenciones y, en el exterior, 2.125. Las propuestas alcanzaron las 9.595 en Cuba y 978 en el exterior. La organización de estos encuentros se basó, como en 1975, en la coordinación desde el gobierno y una red de miles de voluntarios y voluntarias que hicieron posible la realización y cooperaron en el registro de actas. Toda esta documentación, a diferencia del proceso de 1975, ha estado disponible y ha dado pie a un movimiento inédito de discusiones y análisis de la información producida. Esta vez se sabe con cierta precisión, cuánto cambió y qué específicamente (mírelo aquí). Las dimensiones del proceso participativo habrían desbordado las expectativas del gobierno mientras las discusiones que tuvieron lugar también podrían mostrar una expectativa de cambios a las que difícilmente se de respuesta en este momento.
  

¿Quién y cómo procesó las sugerencias recibidas?

Como muestra el link citado arriba, con la información accesible, no sólo las autoridades sino también grupos independientes se han ocupado de dar cuenta de las dimensiones en que el proceso participativo ha influido sobre el texto constitucional (véase aquí la versión oficial, en el informe de Cuba Debate, publicado antes del cierre del proceso participativo). Por ejemplo, de los 755 párrafos que contempla el texto, solo ocho no han sido objeto de propuestas de modificación.

Más de 700.000 intervenciones y 10.000 propuestas hacen pensar en un titánico esfuerzo de sistematización. Es necesario un equipo de trabajo y un método. El Equipo Nacional de Procesamiento, con estructuras en todas las provincias y en el municipio especial Isla de la Juventud, estuvo a cargo de trabajar analizando las intervenciones de la población. Se hizo en paralelo y no al final, sin definir criterios y más que con la intención de identificar o procesar diferencias o demandas territoriales con el objetivo de extraer o fabricar consensos. Luego, la documentación generada pasó al Grupo de Análisis, integrado por ocho miembros de la Comisión Redactora y veintidós expertos de diversas ramas del Derecho (elegidos a dedo). Estos estuvieron a cargo de evaluar las sugerencias del Equipo Nacional de procesamiento y sugerir a la Comisión Redactora qué debía ser eliminado, incorporado o modificado. 

En este video las autoridades y los funcionarios involucrados en el proceso explican detalladamente esta metodología sui generis. A cada comentario se le asignó un identificador. La agregación se hizo por temas más que por preferencias, asumiendo que todos los comentarios tenían el mismo valor. Esto, en mi opinión, genera un problema de legitimidad democrática y abre la puerta a que el proceso participativo no sea mucho más que una pantalla en la que quienes tienen finalmente la capacidad de tomar decisiones puedan optar por el contenido que les plazca. Esto explicaría, por ejemplo, que aunque 16 mil personas pidieron la elección directa del presidente la misma no se haya introducido, y si se haya reintroducido la referencia al comunismo pese a que tan sólo 575 personas lo pidieron [El equipo de El Toque lo explica con meridiana claridad]. Más claro: las opiniones de siete millones de participantes fueron filtradas por ocho miembros de la comisión redactora y veintidós expertos nombrados por el Gobierno.

¿Quién aprueba el texto final?

La asamblea constituyente electa para redactar la constitución hubiera sido para muchos un mecanismo más apropiado para representar la diversidad cubana, con una campaña  en la que se discutieran las distintas ideas de transformación del estado. Las autoridades lo han descartado porque la Constitución vigente autoriza a la Asamblea a modificar la constitución. Es legal, sin duda. Sin embargo es cuestionable que la Asamblea Nacional en la actualidad cuente con la legitimidad necesaria para producir un proceso de reforma. Esto es así porque no hay elecciones en Cuba o por lo menos no hay posibilidad de votar entre opciones diferentes sino que el voto se limita a aceptar la lista de candidaturas que tiene el número exacto de miembros que entrarán a la asamblea o como mucho no votar a algunos. Con una militancia menor al diez por ciento, el Partido Comunista no postula candidatos ni hace campaña pero sí influye en la designación de candidaturas que hacen las organizaciones de la sociedad civil reconocidas por el Estado.
 
Hubo temas que suscitaron mucho debate y otros menos, hay cambios notables y tardíos, como por ejemplo el reconocimiento de la supremacía jurídica de la constitucion o la posibilidad de judicializar derechos. Se consagra el municipio, para muchos la gran esperanza de renovación. Como ya se ha dicho, el comunismo "como fin" sigue en la Constitución pero no se ha introducido la elección directa del presidente ni se han dado pasos en el reconocimento de la pluralidad política (intacto sigue el rol central del PC). Tampoco se ha reconocido la violencia de género, lo que no impide que se elaboren leyes posteriores pero rebaja su estatus al no darle reconocimiento constitucional. Se han reconocido diversas formas de propiedad, incluyendo la privada, mixta y cooperativa, y se ha otorgado al estado el rol de regulador del mercado. Uno de los temas que más fisuras ha generado es el del matrimonio igualitario. La constitución de 1976 reconoce el matrimonio entre un hombre y ua mujer. El borrador sometido a debate hablaba de matrimonio igualitario. La versión depurada por la comisión redactora ha buscado una fórmula neutra que no cierra la puerta al matrimonio igualitario pero tampoco la abre del todo al hablar de cónyugues. Como en muchos otros derechos que quedan a medio camino, se anuncia que las leyes le darán forma, en este caso un Código de Familia que sería votado en referéndum. Muchos  dudan de que este referendum pueda ocurrir, porque el partido no está alineado en torno a una posición y no está acostumbrado a abrir puertas a divisiones internas, mucho menos a dejar a la ciudadania decidir sin tutela.
  

La campaña: el referendo del 24 de febrero

Un referéndum normalmente enfrenta dos o más propuestas o visiones sobre un asunto, sea una política pública o una reforma constitucional. Los referendos de ratificación de reformas constitucionales se han identificado con mecanismos de legitimación democrática, aunque la política comparada muestra que han sido tanto o más frecuentes en dictaduras como en democracias. El dilema es que el gobierno del partido único ocupa los espacios públicos sin permitir un debate informado entre partes. Algunas organizaciones están trabajando para contrarrestar este hecho, porque sí, existe una incipiente sociedad civil cubana. Con ciertos márgenes de libertad organizan debates fundamentados y ricos que muestran que una cuba democrática puede estar en el horizonte de lo posible (este es muy recomendable). No será el referéndum del 24 el punto de arranque. El gobierno ha desplegado una campaña intensa, de grandes dimensiones, poniendo todo el énfasis en movilizar a las bases en la apuesta por la Revolución, que cumplió 60 años en enero, y lo festejó por primera vez sin un Castro en el Gobierno.