7 de Febrero de 2019, 22:31
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Pasando ahora a la situación de Venezuela, parece claro que el Gobierno de Maduro traspasó hace tiempo la línea divisoria, dejando con ello de ser una democracia liberal con Estado de Derecho. La lista de comportamientos cuestionables es amplia e incluye el encarcelamiento de líderes de la oposición por motivos políticos, la detención masiva de manifestantes en protestas contra el Gobierno (reflejada en informes de Human Rights Watch), y la celebración de unas elecciones presidenciales sin observadores internacionales, sin participación de la oposición y sin garantías suficientes. Seguramente, el ejemplo más claro lo encontremos en el esfuerzo de Nicolás Maduro por usurpar las funciones de la Asamblea Legislativa (donde la oposición tenía mayoría) a través de la elección de una Asamblea Nacional Constituyente chavista (en palabras del propio presidente). Parece evidente que es poco democrático crear instituciones alternativas a las ya existentes como repuesta a una derrota electoral. En estos últimos años, el ataque a la democracia ha ido de la mano de una profunda crisis económica. La mala gestión estatalincapaz de responder de forma efectiva a la caída de los precios del petróleoha llevado a una reducción significativa del Producto Interior Bruto junto a una hiperinflación galopante. Como resultado de ello, millones de venezolanos de todos los estratos sociales han salido del país en busca de nuevas oportunidades en un proceso casi opuesto a los objetivos de inclusión política, económica y social que guiaron a los primeros gobiernos de Hugo Chávez. A pesar de lo que mantenía el ex presidente Zapatero hace unos meses, resulta complicado culpar de una crisis tan profunda a las sanciones impuestas por Estados Unidos. Si digo que Maduro ha acabado con la democracia y es en gran parte culpable de la crisis económica, ¿por qué hablo de grises? Por tres motivos que deberíamos de considerar a la hora de evaluar el proceso actual y diseñar futuras soluciones. En primer lugar, la intervención de los Estados Unidos en el conflicto resulta preocupante. Desde Guatemala a la República Dominicana, el Gobierno norteamericano tiene una larga tradición intervencionista en América Latina con resultados bastante desafortunados. Más aún, ni la Administración de Trump ni su representante elegido para hacer frente a la crisis venezolana (Elliot Adams, un diplomático neo-conservador que alabó al escuadrón militar culpable de la mayor matanza en la guerra civil salvadoreña) tienen credibilidad alguna como defensores de la democracia. Es más, hasta ahora la participación estadounidense, incluyendo las amenazas de intervención militar, ha sido, además, bastante torpe y poco constructiva. Es por ello imprescindible que la Unión Europea actúe como contrapeso en las próximas semanas. En segundo lugar, hay que reconocer también algunos errores cometidos por la oposición venezolana a lo largo de los años, empezando por su participación en el golpe de Estado a Hugo Chávez en 2002 y su endémica fragilidad interna. En los últimos años, algunos grupos han vuelto a pedir con reiteración una intervención militar como salida a la crisis; una opción con precedentes funestos en América Latina. En tercer lugar, dada precisamente la falta de claridad sobre lo que es democracia y el crecimiento en el número de semi-democracias a nivel mundial, debemos tener mucho cuidado con los precedentes que la crisis venezolana pueda crear. ¿Cuándo tiene sentido reconocer a un presidente en funciones? ¿Qué sucedería, por ejemplo, si los 18 alcaldes de la oposición en Nicaragua decidieran nombrar un presidente alternativo como respuesta a la represión ordenada por Daniel Ortega en los últimos meses? ¿Qué criterios, tanto legales como políticos, debe seguir la comunidad internacional para contestar a estas preguntas en el futuro? Más aún, ¿qué implica el reconocimiento en la práctica? ¿Qué pasará con los activos venezolanos incautados en el exterior? ¿Quién los va a manejar y bajo qué criterios legales? La llamada ayuda humanitaria, ¿quién y cómo se gestiona? No querría que estos tres puntos den lugar a equívocos: el retorno de la democracia plena es un objetivo ineludible en Venezuela. La movilización social, que ya se ha extendido a muchos enclaves tradicionalmente chavistas, será imprescindible para lograr los cambios institucionales necesarios, como lo debería ser también una presión sosegada pero continúa de la comunidad internacional. Ahora bien, debemos ser también conscientes de lo peligroso que es tratar de crear gobiernos paralelos promovidos por Estados Unidos. Entonces, dados todos los grises descritos, ¿cuál es una posible solución? ¿Cuáles serían los siguientes pasos para evitar alguno de los peligrosísimos escenarios que describe mi colega Salvador Martí en una columna reciente? Considero que hay dos objetivos prioritarios que requieren combinar una presión internacional decidida pero cautelosa con un proceso de diálogo serio:
