6 de Febrero de 2019, 22:20
[Recibe diariamente los análisis de más actualidad en tu correo electrónico o en tu teléfono a través de nuestro canal de Telegram]
Para evitar que la declaración de Gotemburgo quedara tan sólo en una proclama y una lista de buenas intenciones sin fuerza vinculante o coercitiva, muchos alzamos la voz con el objetivo de que se pusieran en marcha los instrumentos normativos que dieran cuerpo al alma de Europa y desarrollaran elementos tangibles del Pilar Social. En este sentido, tenemos tres paquetes legislativos en avanzado estado de negociación inter-institucional que pudieran y debieran ser aprobados antes de las elecciones europeas de 2019: la Directiva sobre conciliación de la vida laboral y familiar para los progenitores y cuidadores, la Directiva sobre condiciones de trabajo transparentes y predecibles y la propuesta de reglamento para la creación de una Autoridad Laboral Europea. Estas tres normativas representan nuevas y potentes herramientas, hoy alejadas del debate público nacional, en las que las instituciones europeas hemos trabajado durante el último año y que podrían ver la luz en los siguientes meses enviando el mejor mensaje posible: la re-legitimación de la UE vendrá de la mano de su dimensión social. Conciliación de la vida laboral y familiar para los progenitores y cuidadores Tiene el objetivo de modernizar el marco legal existente en la UE sobre los permisos relacionados con la familia y arreglos de trabajo flexibles. Es, además, un instrumento muy apropiado para contribuir a una mayor igualdad efectiva entre hombres y mujeres, lograr la corresponsabilidad familiar y conciliar el trabajo y la vida personal, poniendo el foco en el papel de los padres varones. De este modo, recogería la introducción de un permiso de paternidad a nivel europeo por el que los padres podrán tomar al menos 10 días hábiles de permiso remunerado alrededor del momento del nacimiento del niño. También incluye el fortalecimiento del actual permiso parental europeo, remunerando el periodo de cuatro meses actual, así como la posibilidad de solicitar un permiso de manera flexible, ampliando de ocho a 12 años la edad del niño hasta la que se puede solicitar. Se podría introducir un permiso de los cuidadores remunerado de cinco días por año para aquellos trabajadores que tengan que hacerse cargo de parientes gravemente enfermos o dependientes y la extensión del derecho a solicitar arreglos de trabajo flexibles para todos los padres con niños de hasta 12 años y cuidadores con familiares dependientes. Condiciones de trabajo transparentes y predecibles Reemplazaría la antigua Directiva sobre la obligación de informar por escrito, de 1991, con el objetivo de definir nuevos derechos sustantivos dirigidos a mejorar la previsibilidad y la seguridad de las condiciones de trabajo, especialmente para las personas en puestos de trabajo no tradicionales (en ocasiones precarios) y vinculados a la nueva economía digital. Se trataría de la primera legislación laboral europea en casi dos décadas. Esta directiva es una demanda planteada desde 2015 para dar respuesta a los retos generados por las nuevas modalidades de empleo, como la externalización masiva o las plataformas de trabajo colectivo, que menoscaban las actuales normas sociales y laborales al situar muchas veces el empleo en una zona gris que escapa al cumplimiento de los derechos laborales. La directiva incluiría un exigente paquete de información que debiera ser entregado al inicio de cualquier relación laboral, aportando así garantías y predictibilidad en estas nuevas relaciones laborales líquidas. Para garantizar una protección social digna y unas condiciones de empleo adecuadas, la Directiva incluye una serie de nuevos derechos mínimos como la limitación de los periodos de prueba, el derecho a una mayor previsibilidad para quienes trabajan con un calendario variable, la posibilidad de pedir la transición a una forma más estable de empleo o el derecho a la formación obligatoria sin deducción del salario. También se propone la alineación del concepto de trabajador con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, algo fundamental para su cobertura al aplicarse entonces la Directiva no sólo a los empleados, sino al conjunto de los trabajadores, y el refuerzo de los medios de ejecución y reparación como último recurso para resolver posibles desacuerdos. La creación de la Autoridad Laboral Europea Planteada por las fuerzas progresistas en 2013, tiene como objetivo garantizar la efectividad de las normas sociales de ámbito europeo y reforzar la cooperación e intercambio de información entre los estados miembros. Esta agencia descentralizada contribuiría a reforzar la equidad y la confianza en el mercado único, favoreciendo una movilidad justa en el mercado interior. Pretende mejorar el acceso a la información por parte de trabajadores y empleadores sobre sus derechos y obligaciones en movilidad laboral y coordinación laboral, y facilitar su acceso a los servicios correspondientes. Supondría un fortalecimiento de la cooperación entre autoridades laborales para la aplicación transfronteriza de la normativa de la UE, incluyendo la facilitación de inspecciones conjuntas. También podría permitir la mediación en casos de conflicto entre autoridades nacionales y ante perturbaciones internacionales en el mercado de trabajo; por ejemplo, las reestructuraciones de empresas que afecten a distintos estados miembros. Sería un tremendo error dejar el Pilar Europeo de Derechos Sociales en una mera y autocomplaciente declaración de intenciones sobre la mejora de las condiciones de vida y bienestar de las ciudadanas y ciudadanos europeos. Alcanzar estos principios y objetivos requerirá de instrumentos legislativos, políticas públicas y dotaciones presupuestarias tanto a nivel europeo como a nivel nacional. Presentar a ojos de la opinión pública europea normas y medidas tangibles que mejoren sus condiciones y derechos laborales antes de finalizar el actual mandato parlamentario es el mejor mensaje que podrían enviar las instituciones europeas. ¿Por qué? Porque el mayor reto para la UE es volver a ser vista como un manto protector para sus ciudadanos. La UE no puede ser percibida como una fría herramienta de la globalización, sino como un cálido hogar que protege a quienes habitamos en ella. Hay que recordar que la sensación de abandono y falta de control, la exclusión económica y la desigualdad explican buena parte de la ira y el resentimiento que se plasma tanto en calles como cada vez que abrimos las urnas en Europa. El descontento y la ansiedad social ahondan en la frustración, que actúa como gasolina sobre el fuego de la extrema derecha, desencadenando un repliegue identitario que pone en riesgo la propia subsistencia del proyecto europeo. Ante eso, vertebrar certezas y seguridad económica a través de instrumentos de protección social y laboral es la mejor forma de proteger una democracia europea que, al margen de sus imperfecciones, es indispensable para el progreso de nuestras sociedades y para hacer frente a todos y cada uno de los retos globales que afrontamos. Una democracia que está hoy verdaderamente amenazada.
