"No olvidéis nunca que bastará una crisis económica, política o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Esos derechos nunca se dan por adquiridos. Debéis permanecer vigilantes durante toda vuestra vida".
Simone de Beauvoir
Mucho se ha escrito en los últimos días sobre las cesiones del Partido Popular ante Vox para lograr la formación de un Gobierno en Andalucía. Los posicionamientos respecto a las políticas de violencia de género han ocupado gran atención mediática y han generado una amplia movilización feminista ante la posibilidad de perder los avances conseguidos en dos décadas de actuaciones en este ámbito. No obstante, ¿cuánto ha cedido el PP ante Vox en ese acuerdo político? ¿Ha cambiado drásticamente su visión respecto a la promoción de la igualdad? La respuesta sería sí, pero no en exceso.
El texto firmado por ambas formaciones ofrece más bien pocas novedades respecto a la tradicional agenda popular en lo referido a esta política sectorial. En sus primeros puntos menciona el compromiso con la estabilidad financiera y la eliminación de organismos superfluos. Como mostramos aquí, ambos elementos han estado ligados a los recortes en políticas de igualdad durante el periodo de crisis, que han sido mucho más significativos en las administraciones 'populares' que en las de otros colores políticos; y también a la eliminación de organismos específicos a nivel estatal y autonómico. Estas políticas han sido, de hecho, una de las primeras víctimas de la apuesta por la austeridad de los ejecutivos conservadores. El compromiso adquirido con Vox sobre la creación de una Consejería de Familia, el impulso de la conciliación o de medidas de fomento de la natalidad tampoco difieren del modelo institucional y político que el PP ha promovido en las últimas décadas, donde se ha apostado por un enfoque de cariz tradicionalista. El pacto recoge, además, la puesta en marcha de un sistema de atención a "mujeres con embarazos no deseados". Esta medida no hace sino recoger la agenda autonómica ya consolidada en materia de apoyo a las mujeres gestantes y el derecho a la vida.[Recibe diariamente los análisis de más actualidad en tu correo electrónico o en tu teléfono a través de nuestro canal de Telegram]
Tal como recogemos aquí, las leyes aprobadas en hasta siete autonomías 'populares' comportaron un claro cambio de paradigma en relación con las normas de igualdad precedentes, y en especial respecto a la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo aprobada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Fueron impulsadas a través de iniciativas legislativas populares (ILPs) promovidas por organizaciones anti-abortistas como Red Madre, que encontraron en las autonomías de mayoría conservadora un espacio para avanzar en su cuestionamiento de los derechos sexuales y reproductivos. Estas normas sirvieron, además, para desplazar a las organizaciones feministas del acceso a recursos públicos; recursos que se emplearon en la creación de redes de apoyo a las mujeres embarazadas gestionadas por estas mismas entidades. Este cambio se sitúa en línea con las continuas alusiones de Vox a la necesidad de desmontar las diferentes líneas de subvenciones que ofrecen soporte a las asociaciones de mujeres en Andalucía. La derogación de la ley andaluza de violencia de género no se encuentra finalmente en el acuerdo. Sin embargo, fue el tema más repetidamente mencionado por los y las representantes de esta formación y el factor definitorio del perfil de su candidato. Sin duda, por su apoyo social y político amplísimo, constituye un issue ideal para cuestionar el ámbito de lo denominado políticamente correcto, ganando atención mediática y en las redes y agitando el espacio político de la derecha. Representa, de hecho, un tema clave en la agenda del PP. No en vano, fue el Gobierno de José María Aznar el primero en modificar el Código Penal para regular lo que en aquel momento sí era concebido como violencia doméstica, y el último gabinete de Rajoy el que atendió las peticiones de la oposición y del movimiento feminista apoyando la aprobación del histórico Pacto de Estado Contra la Violencia de Género. La recuperación, durante las últimas semanas, del marco discursivo de los años 90 representa una clara victoria de Vox, que ha conseguido situar al PP en una posición incómoda en uno de los pocos ámbitos de igualdad donde ha mostrado cierta voluntad de actuación. Ciudadanos ha intentado marcar distancias. En este caso, se lo ha puesto más fácil su escasa experiencia de gobierno y la modificación constante de su discurso en virtud de las dinámicas electorales y coyunturas sociales de cada momento. Este primer pacto de gobierno nos muestra que las prioridades de actuación resultan bastante coincidentes. Ha sido, sin embargo, la estrategia al modo alt-right de Vox, basada en la difusión de datos falsos, lo que ha generado la percepción de que existen profundas divergencias políticas entre las tres formaciones. No obstante, la agenda conservadora en este ámbito está ampliamente consolidada en España. El nuevo desafío viene representado más bien por la capacidad de Vox de marcar la futura acción de gobierno y de generar retrocesos todavía mayores, tal como advertía en este artículo la profesora María Silvestre la semana pasada. Andalucía, una de las pocas comunidades autónomas que había mantenido pulso firme ante el desmantelamiento de las políticas de género en la última década, será un primer espacio crucial donde comprobarlo. Sin embargo, este año electoral será clave para impedir que esta agenda se introduzca también en el nivel municipal y en otras autonomías e, incluso, en el ámbito estatal si se celebran elecciones. Los gobiernos locales del cambio han representado no sólo un espacio de resistencia ante los retrocesos de los últimos años, superando los continuos obstáculos impuestos desde los niveles superiores (recortes económicos, imposibilidad de contratar personal, reducción de las competencias locales, etc.), sino que además han sido capaces, en muchos casos, de implementar unas políticas de igualdad innovadoras y transformadoras. Serán esos gobiernos, junto con el movimiento feminista, los actores claves no sólo para frenar los retrocesos impulsados desde la(s) derecha(s), sino también para continuar la apuesta por actuaciones públicas que mejoren la vida de las mujeres.
