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En este contexto, la nueva ley contra la violencia en las manifestaciones ('Loi anti-casseurs'), propuesta por el ministro del interior, Christophe Castaner, es un ejemplo muy gráfico del difícil equilibrio entre la necesidad de dar respuesta a todos y el riesgo de no satisfacer a nadie. El texto, tomado de una propuesta ya votada en el Senado, donde tiene la mayoría el grupo conservador Los Republicanos, es percibido por una parte del espectro político y de los observadores como una manera de limitar la libertad de manifestación (una ley anti chalecos amarillos); por la otra, como algo poco más que imprescindible para contener y limitar los daños que, hasta ahora, las han acompañado (mano dura). El ejercicio de equilibrismo político que tendrá que realizar la mayoría parlamentaria para no inclinarse hacia ninguno de los lados, para mantenerse neutro da cuenta, además, de las dificultades de un movimiento que llegó al poder bajo el signo de la superación de la vieja división izquierda-derecha. ¿Qué ocurrirá después del debate? Según una encuesta de opinión realizada por Opinion Way y publicada el 23 de enero, el 67% de los franceses ve como algo positivo la celebración del debate nacional. Ahora bien, cuando se les pregunta si consideran que el presidente y el Gobierno tendrán en cuenta los resultados, un 62% estima que no. Es este escepticismo sobre el que se podría argumentar que se ha construido la insatisfacción que se encuentra en el origen de la crisis actual, ni mucho menos exclusiva de Francia. Pero es ahí precisamente donde se encuentra toda la fuerza de la propuesta de Macron: en vencerla, en mostrar a los ciudadanos que otra manera de hacer política es posible. Ofrecer una alternativa que sea percibida como una mano tendida. Una mano tendida que, como un ejemplo, hiciera posible también la reconciliación en sociedades en proceso de polarización. Todo lo demás sería táctica política a la espera del soplo de un viento favorable: una izquierda borrada del mapa, una derecha haciéndose la guerra, una nueva fragmentación política con la entrada en el Parlamento de los chalecos amarillos o la mejora milagrosa de la economía mundial. Todo ello retrasaría lo peor, pero no curaría un malestar profundo que viene de lejos. En todo caso, los ciudadanos parecen tenerlo claro. Según los mismos encuestados, tras el gran debate el 79% desearía que se le diera más poder a los territorios (ciudades, departamentos), restando el del Estado; el 72%, que el Gobierno modifique la política económica; el 70%, que modifique ciertas medidas tomadas desde el inicio del mandato. Puede que la solución del presidente ni de izquierdas ni de derechas pase precisamente por ser de izquierdas y de derechas, reconciliando con él a todos los colores.
