23 de Enero de 2019, 00:36
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No son éstos los Presupuestos de la transición ecológica ni mucho menos el acelerador del cambio de modelo energético; son muy escasas, y muy cortas en cuantía, las señales en la buena dirección y muchas las continuistas. Cabe decir, en este sentido, que el capítulo más importante en el ámbito de la energía es el que agrupa diversas partidas que por valor de 3.819 millones de euros están "destinadas a financiar costes del sistema eléctrico para contribuir al equilibrio financiero del sistema". Es lógico que el Gobierno se preocupe de la estabilidad de nuestro sistema eléctrico, pero es más urgente que se ocupe de su reforma radical para acabar con las anomalías y disfunciones actuales que nos llevan a tener uno de los precios más altos de la electricidad en Europa; y hablo de los hogares y pequeños consumidores, puesto que el precio para los grandes consumidores está en la media de la UE. Noticia positiva sin duda es la creación del bono térmico, aunque sean muy escasos los 80 millones de euros que vienen a completar la lucha contra la pobreza energética, que hasta ahora tenía como única herramienta un bono social mejorado por este Gobierno respecto a la regulación anterior, pero todavía clamorosamente insuficiente. Sin embargo, no hay un salto, ni siquiera un paso adelante, en uno de los aspectos en el que los PGE podrían ser decisivos en la transición energética: la financiación de medidas de ahorro y eficiencia que no aparecen, de momento, como la principal preocupación de la actual política energética del Gobierno. Son 300 millones de euros, como en los Presupuestos anteriores, los que recibe el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) para esta materia, a los que se añaden 50 millones (también se repite la cifra de las cuentas heredadas) para "el apoyo a la movilidad energéticamente eficiente y sostenible", es decir, para el vehículo eléctrico. Cincuenta millones son pocos, y sobre todo es que quedan anulados con la noticia de que el proyecto de Real Decreto del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que regula las ayudas para la adquisición de vehículos de "energías alternativas" (Plan Movea) hasta hace unos días en proceso de consulta pública incluye los vehículos que utilizan gas en las distintas formas en las que se comercializa. Creemos en una cosa o en la otra, pero en las dos no y alguien tendrá que poner orden en esta contradicción entre las políticas de dos ministerios. En el apartado continuista de las partidas energéticas de los PGE figuran los 284 millones de euros para la reactivación de las comarcas mineras, políticas en las que falta más acierto que recursos financieros, o los 47 millones de euros para el Consejo de Seguridad Nuclear. Desde Fundación Renovables se ha señalado la fiscalidad como la principal herramienta de la transición energética tanto para cambiar usos y costumbres, penalizando lo que se quiere limitar y favoreciendo lo que se quiere apoyar, como para modificar el destino de los fondos recaudados. En este sentido, el Gobierno sólo asoma la 'patita' por debajo de la puerta con la subida de los impuestos al diésel, incremento de 3,8 céntimos/litro, temeroso de que suceda como en Francia, donde esta medida fue la chispa que prendió el descontento social que se ha plasmado en la revuelta de los "chalecos amarillos". Y eso es todo. Muy poco, sobre todo cuando el pasado viernes escuchábamos al presidente del Gobierno anunciar, en una muy interesante jornada sobre la transición ecológica organizada por el Ministerio de Teresa Ribera, que en la lucha contra el cambio climático se van a movilizar en los próximos 10 años 225.000 millones de euros. Lástima que el esfuerzo no haya arrancado en los Presupuestos Generales del Estado de 2019. Una ocasión perdida.
