6 de Enero de 2019, 21:44
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La ley integral andaluza contra la violencia de género, Ley 7/2018, de 30 de julio, modifica la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género con el objeto de incorporar a la legislación andaluza las novedades introducidas por el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, conocido como Convenio de Estambul, de 11 de mayo de 2011, ratificado por España en 2014, otras Directivas europeas y leyes nacionales recientes, así como las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, suscrito en 2017 por todos los partidos políticos, también PP y Ciudadanos. Tanto la Ley andaluza contra la violencia de género, como el Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género, lo que hacen es incluir algunas de las medidas propuestas por el Convenio de Estambul. Se amplía así el concepto de víctima y la tipificación de las agresiones hacia las mujeres, y se considera violencia de género, los crímenes fuera de la pareja o expareja que tengan como base la discriminación por motivos de género, incluyendo así casos recientes de asesinatos de mujeres por hombres con los que no habían tenido ninguna relación sentimental, y que hasta ahora se encontraban excluidos. También introduce la violencia vicaria, como aquella ejercida sobre los hijos e hijas, personas con discapacidad o en situación de dependencia que estén sujetos a tutela o guarda y custodia de la mujer maltratada. La ley andaluza considera víctima a cualquier mujer en territorio andaluz, independientemente de su nacionalidad o situación administrativa, e incorpora el derecho a recibir atención adecuada sin previa interposición de denuncia siempre que exista un informe de los servicios sociales, sanitarios o del ministerio fiscal o un atestado de la policía. Con esta medida se pretende proteger a muchas mujeres que no denuncian. En España hubo 47 mujeres asesinadas por violencia de género en 2018, pero solo 14 habían denunciado. Asimismo, tiene en cuenta la especial situación de las mujeres con discapacidad, aquellas que residen en zonas rurales, las jóvenes y las que se encuentren en riesgo de exclusión social. Se tipifica la explotación sexual, la prostitución o la ciberviolencia como formas de violencia contra las mujeres y se garantiza la atención a las prostitutas y víctimas de trata y un plan para su erradicación. Se prohíben actos que promuevan la discriminación o inciten a la prostitución, las campañas publicitarias que usen el cuerpo de la mujer como reclamo o la transmisión de mensajes estereotipados de subordinación de las mujeres. Incluye también, como eje central, medidas para reforzar "la coeducación". La administración educativa andaluza integrará la igualdad de género en el diseño y desarrollo curricular de las diferentes etapas educativas, incluyendo conocimientos sobre la contribución histórica de las mujeres, la corresponsabilidad en el ámbito doméstico, resolución pacífica de los conflictos y prevención de la violencia de género. Una comisión de personas expertas revisará los contenidos de los libros de texto y materiales curriculares y se dará formación en igualdad al profesorado. Por último, la norma andaluza hace especial hincapié en la formación obligatoria "del personal responsable de la atención a las víctimas de violencia de género". De manera que la nueva legislación andaluza, al igual que la estatal, trata simplemente de adaptar nuestra normativa a las europeas e internacionales, armonizando las definiciones de víctimas y los mecanismos de protección de las mismas. Derogar la ley andaluza supondría, por tanto, distanciarnos del resto de países avanzados de nuestro entorno y volver atrás en la lucha contra la violencia de género. La petición de eliminar estas medidas no puede deberse a una exigencia de no aumentar el gasto público. La ley andaluza contra la violencia de género no cuenta con una dotación presupuestaria adicional. Por una parte, 15,3 millones de euros proceden del pacto estatal a través del sistema de financiación. Por otra parte, los presupuestos andaluces de 2019, prorrogados del ejercicio anterior, cuentan con una partida de 4,3 millones de euros para la dirección general contra la violencia de género y 41,9 millones de euros para el presupuesto del Instituto Andaluz de la Mujer. Este presupuesto no es superior al de años anteriores, como podemos ver en el gráfico 1, el importe destinado a estas partidas se mantiene estable desde 2013. En 2019, las dos partidas representan el 0,133% del presupuesto total de Andalucía, menos de una centésima más que el presupuesto de 2008. Es decir, por cada 100 euros del presupuesto andaluz, únicamente 13 céntimos se dedican a acciones de protección contra la violencia de género y acciones para la igualdad de género.