La enorme visibilidad política y mediática que la propuesta de la Renta Básica (RB) ha adquirido en años recientes se corresponde mal con el escaso apoyo político efectivo que suele encontrar a la hora de la verdad, cuando sus nada triviales implicaciones deben pasar del papel a la implementación. A menudo no se distingue adecuadamente entre una RB genuina y otras políticas de garantía de ingresos mínimos: la primera es una prestación totalmente individual, universal, incondicional y de duración indefinida, mientras que las rentas mínimas existentes, u otras propuestas intermedias, renuncian prudencialmente al menos a una de estas características. Pero incluso cuando se tiene clara la distinción, es frecuente que las declaraciones de intenciones o de simpatía política jueguen a la confusión terminológica o la ambigüedad conceptual.
No es extraño si se consideran las notables dificultades de viabilidad económica y política que una RB tomada realmente en serio debiera afrontar. El último ejemplo al respecto lo hemos presenciado en Italia, donde el programa del M5S (Movimento Cinque Stelle), que fue la primera fuerza política en las pasadas elecciones y gobierna actualmente en coalición con la ultraderechista Liga Norte, incluía un reddito di citadinanza, la expresión que tradicionalmente se ha utilizado en ese país para referirse a una RB universal e incondicional, por oposición a otro tipo de programas de garantía de rentas.
in embargo, observando la letra de la propuesta, más aún desde que se ha concretado en el acuerdo de gobierno con la Liga, salta a la vista que se trata de un programa de renta mínima de inserción convencional, comparable a los existentes en el resto de países europeos: ni es individual (se calcula la prestación para hogares con escalas de equivalencia para miembros del mismo a partir de una cuantía básica de 780 euros, o de 500 si existe vivienda en propiedad); ni universal (sólo tendrán derecho aquellos hogares cuyos ingresos no superen el umbral de la prestación); ni incondicional (los beneficiarios estarán obligados a la búsqueda activa de empleo, la participación en actividades de inserción e, incluso, a trabajar un mínimo de ocho horas por semana para el Estado, exponiéndose a fuertes sanciones si no lo hacen), ni, finalmente, tiene duración indefinida (se otorgará por un máximo de 18 meses, renovables excepcionalmente por otro periodo igual).
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Aunque no cabe despreciar la importancia de la medida si realmente llega a implementarse (Italia es una excepción en la UE por la ausencia de un sistema de rentas mínimas estable y con alcance nacional, con la excepción de un programa de cuantía irrisoria introducido por el Gobierno de Matteo Renzi), resulta evidente que no se trata, en modo alguno, de nada parecido a una RB. Y es que son ya habituales las ocasiones en las que el nombre se usa en vano: también el candidato presidencial socialista francés en 2017, Benoît Hamon,
vendió como RB lo que no era sino un impuesto negativo sobre la renta; y por tanto, con control de ingresos, como se encargó de explicar
Thomas Piketty.
Tres cuartos de lo mismo ocurre con las frecuentes propuestas de financiación de la RB que la integran con un tipo único en el IRPF: al
cancelarse automáticamente la RB de gran parte de la población por la simultánea subida de tipos efectivos y retenciones en origen, el pago universal
ex ante de la prestación a todos los ciudadanos independientemente de sus ingresos (que es la gran diferencia entre la RB y el impuesto negativo) queda también anulado. Por no hablar de los
experimentos de RB que, por fuerza, están testando en realidad otro tipo de medidas mucho más concretas y parciales; y, quizá por ello, más interesantes a corto plazo desde el punto de vista de su implementación, como intenté argumentar
aquí. En efecto, el caso de la RB deberá ser estudiado algún día por el
marketing político y electoral como un
ejemplo típico de propuesta que atrae mucho la atención, pero empieza a diluirse en cuanto se lee la letra pequeña o se plantea seriamente la posibilidad de su implantación. Como posible aperitivo de ese análisis, permítaseme enumerar a continuación algunos de los riesgos y problemas habituales con los que la propuesta ha tropezado en el pasado cuando ha dado el salto a la agenda política, y que parecen repetirse una vez más en los tiempos presentes:
- Apoyo marginal: históricamente, la RB ha solido obtener apoyo programático de pequeños partidos (como los Verdes o el Partido Pirata) y organizaciones más bien marginales. Si bien en los últimos años ese apoyo se ha ido extendiendo algo más, los grandes partidos, tanto en el centro-derecha como en la izquierda socialdemócrata o post-comunista, han sido tradicionalmente muy reticentes a la RB, al igual que los principales sindicatos.
- Apoyo político barato: cuando la RB ha logrado el apoyo o la consideración de partidos con opciones de gobernar, se ha tratado a menudo de una postura simbólica o puramente discursiva (lo que los anglosajones llamarían cheap talk), más que de un compromiso real. Se asumen pocos costes por hablar con simpatía de la RB estando en la oposición, pero resulta más difícil hacerlo desde el Gobierno. Algo así ocurrió, por ejemplo, con el PSOE entre 2001 y 2004, y se adivina actualmente en el Labour británico.
- Apoyo ingenuo o irrealista: existe también la posibilidad de un cierto apoyo ingenuo a iniciativas que, como la ley de RB aprobada en Brasil por el Gobierno de Lula da Silva en 2005, se queden en una pura intención declarativa, de aplicación condicionada a que algún día exista la disponibilidad presupuestaria necesaria (es decir, ad calendas graecas).
- Falsas RB: como se ha dicho, en algunas campañas electorales (por ejemplo, en las últimas presidenciales francesas o en los recientes comicios italianos) se han presentado propuestas de renta mínima de inserción o de impuesto negativo bajo la etiqueta de la RB, alimentando la confusión terminológica al respecto.
- Quemar la propuesta: finalmente, existen numerosos ejemplos de cómo iniciativas poco realistas, mal planteadas o mal explicadas pueden llevar la RB al centro del debate público sólo para ser derrotadas y bloquear avances en su dirección durante un cierto tiempo. Un caso clásico fue el del demogrant del candidato demócrata George McGovern en las elecciones presidenciales de 1972 en Estados Unidos. Ejemplos más recientes pueden ser los del referéndum suizo sobre la RB, o los de algunas iniciativas legislativas en diversos países que han pretendido introducirla sin especificar su financiación ni su articulación con el sistema de prestaciones existente.
Bien harán aquellos partidos y organizaciones que crean honestamente en la bondad de la propuesta en evitar todos estos riesgos y llamar a las cosas por su nombre. Esto no sólo permite una cierta higiene terminológica y conceptual (también exigible a los críticos), sino también evitar la generación de expectativas excesivas que muy probablemente se verán defraudadas cuando haya ocasión de tomar medidas desde el Gobierno; pues, más allá del ejercicio aritmético de calcular cuánto habría que subir la presión fiscal para financiar la RB (por cierto, mucho), no cabe esperar que una política de esa envergadura pueda implementarse sin problemas y resistencias de la noche a la mañana (como he intentado explicar aquí). Serán necesarios pasos intermedios y progresos parciales a partir de los programas de rentas mínimas existentes.
En este sentido, y sin necesidad de hacer pasar gato por liebre, quienes apuesten por transitar hacia formas de renta garantizada con control de ingresos, pero minimizando la condicionalidad en otros aspectos, se sitúan en un escenario más viable a corto plazo, aumentando las oportunidades de consenso con otras propuestas y poniendo el foco en mejorar cuanto antes las condiciones de vida de los más desfavorecidos.
