¿Goza la libertad de expresión de buena salud en nuestras democracias? A la luz de algunos recientes acontecimientos podemos pensar que no. Y no es un problema sólo de España: la inseguridad y la desconfianza se extienden en un mundo globalizado, al tiempo que
una tendencia censora se va consolidando con diferentes justificaciones: nuestras democracias deben protegerse frente a los extremistas o ante la amenaza terrorista; hay que dar amparo a grupos sociales vulnerables frente a discursos excluyentes; y un largo etcétera.
Ello contrasta con los postulados que declaran nuestras constituciones y los textos internacionales que reconocen derechos fundamentales, entre los cuales
la libertad de expresión se identifica como "piedra angular" de toda democracia y como libertad básica de cualquier ciudadano. Es así una libertad instrumental que sirve para forjar una opinión pública que robustezca nuestras democracias, pero que también tutela la comunicación como un valor en sí mismo, vinculado a la dignidad y al libre desarrollo de la persona. No en vano, el hombre es un ser locuaz por naturaleza y necesita poder comunicarse con libertad.
Aquel 'ius communicationis' que en el siglo XVI identificara Francisco de Vitoria como derecho natural, porque el hombre que rechace la comunicación "dejaría de ser hombre", adquiere pleno vigor en la sociedad del siglo XXI. Una sociedad construida sobre la interconexión y el diálogo constante, sobre la posibilidad de compartir ideas pero también fotos, vídeos o música. Como afirmaba recientemente el Tribunal Supremo norteamericano "
la era digital es una revolución de proporciones históricas" e Internet y las redes sociales constituyen el más amplio foro democrático en el que la libertad de expresión ha de preservarse con particular cuidado.
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Ahora bien, todo ello no implica que esta libertad carezca de límites, aunque perfilar los mismos es una tarea especialmente ardua:
¿dónde situamos la frontera entre el insulto no amparado y las expresiones molestas o hirientes protegidas por la libertad de expresión? ¿Cuándo una amenaza o un mensaje incitador son ilícitos y cuándo constituyen una pura provocación amparada?
Para responder a estas preguntas, debemos ser conscientes de que la libertad de expresión protege, especialmente, al hereje, al disidente, al provocador
En definitiva, a aquél que nos resulta molesto. De ahí que sea necesario definir la intensidad de la ofensa que somos capaces de
tolerar jurídicamente en pro de salvaguardar esta libertad, por mucho que nos repugne el mensaje o la idea divulgada. Y es en este punto donde se percibe social, política y jurídicamente una falta de cultura de la libertad de expresión y un preocupante ascenso de un neo-puritanismo censor. Todos reivindicamos esta libertad, pero
en el momento en el que alguien dirige un mensaje que nos desagrada o inquieta evidenciamos una hipersensibilidad que busca amparo jurídico y llama a la censura.
Ésa es nuestra equivocación; un equívoco en el que incurren la ciudadanía, los responsables políticos y que también termina por contaminar a los propios jueces. Frente a esta tendencia,
cuando de lo que se trata es de reaccionar contra discursos o mensajes odiosos o molestos, tendríamos que asumir que el Derecho sólo debe responder limitando la libertad de expresión en los supuestos más graves: cuando haya una humillación o insulto a una persona (no a un genérico grupo social o a puros sentimientos colectivos); cuando existan amenazas reales o cuando se dé una provocación que genere un peligro cierto e inminente de que se cometa un acto ilícito, siguiendo la clásica formulación de la jurisprudencia norteamericana.
En los demás casos, deberá primar la libertad. Ello no quiere decir que tales discursos se
santifiquen por ser ejercicio de la libertad de expresión.
Amparado significa inmune a la sanción jurídica, pero no implica que no puedan buscarse otras fórmulas para reaccionar contra ellos. La sociedad, pero también los poderes públicos, pueden intervenir para promocionar otros discursos que neutralicen aquéllos que se consideran nocivos, igual que se pueden adoptar muchas otras medidas y políticas públicas que ayuden a prevenir estos peligros y sus posibles daños. Piénsese, por ejemplo, en cuán eficaces pueden ser programas educativos frente a discursos xenófobos o racistas; como también debemos aprender a hacer un buen uso de nuestra libertad, en especial ahora que disponemos para comunicarnos de un espacio extraordinario como el de Internet y las redes sociales, pero que convertido en un escupidero perdería su valor.
Renunciar a la censura para dar plenitud a la libertad de expresión es exigente, reclama una sociedad madura y segura de sí misma. Y, para ello, ha de cultivarse una cultura de la libertad, aunque también de la responsabilidad en su ejercicio.
