13 de Diciembre de 2018, 21:56
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En la actualidad, no hay yihadistas en las salas de conversación, porque nadie las utiliza. Los servicios destinados a crear espacios de encuentro donde la gente chateaba en torno a un interés común quedaron obsoletos en muy poco tiempo. Fueron absorbidos por nuevos servicios que ofrecían esa misma funcionalidad junto a un nuevo catálogo de opciones relacionadas con la conectividad y el contenido multimedia. Tampoco han tenido mejor suerte los foros yihadistas, los cuales llevan años languideciendo sin apenas actividad como consecuencia del éxodo de sus usuarios hacia los espacios de Internet más populares. Una de las principales lecciones de este proceso es que la fuerza que provocó este cambio en la estrategia terrorista no fue la presión directa ejercida de quienes durante años se esforzaron por tumbar estas webs y cuentas de contenido radical. Tampoco fue la implementación de un marco regulatorio internacional que involucrase a las empresas en este esfuerzo (que no existió). La principal razón que explica este éxodo es la necesidad que tienen los terroristas para estar presentes allí donde está su audiencia. El desembarco de los yihadistas en las redes sociales se produjo asumiendo el riesgo que implicaba abrir nuevos espacios en plataformas donde resultaba mucho más complicado mantener el anonimato. Sin embargo, siempre han tenido claro que, a la hora de contrapesar su seguridad o la obtención de publicidad, se imponía esta última. Lo contario les podía convertir en una comunidad marginal arrinconada en unos pocos foros de Internet que nadie visita. Esta tozuda realidad explica también por qué no se han cumplido las previsiones que vaticinaban una irrupción masiva de contenido terrorista en la 'Deep Web'. A priori, reunía todas las condiciones para convertirse en un nuevo santuario digital para el terrorismo: un espacio creado de manera deliberada para garantizar el anonimato de sus usuarios y donde ningún Estado es capaz de ejercer su control. Sin embargo, se obviaba el componente más importante: la presencia terrorista en internet tiene un carácter eminentemente propagandístico, y para ello necesita una audiencia. A día de hoy, la presencia yihadista en la Deep Web es ínfima, por la sencilla razón de que no quieren malgastar el tiempo predicando en un desierto digital. Sin embargo, el principal defecto de esta propuesta regulatoria de la UE no es su previsible ineficacia, sino los efectos nocivos que generará en el sector de las empresas prestatarias de servicios de Internet. El Reglamento no sólo establece una definición excesivamente ambigua sobre los actores que estarían vinculados a estas exigencias, o sobre qué se considera contenido de carácter terrorista. Y establece obligaciones muy problemáticas, como el requerimiento a los proveedores para que eliminen o impidan el acceso al contenido terrorista en el plazo máximo de una hora desde que reciben la orden de retirada. Esto plantea un obstáculo para la viabilidad económica de pequeñas y medianas empresas (que suponen el 90% del total que prestan servicios de alojamiento), las cuales deben asumir el coste de mantener equipos de supervisión lo suficientemente amplios como para atender estos requerimientos durante 24 horas, siete días a la semana. Esta barrera financiera supone un peligroso inhibidor de la innovación en un sector donde una importantísima proporción de los productos más exitosos iniciaron su andadura en forma de startups, con una plantilla limitada volcada por necesidad en el mantenimiento del servicio y la obtención de ingresos. El problema se extiende incluso a los gigantes de Internet, los cuales, aunque tienen la capacidad de absorber ese sobrecoste, deben gestionar un volumen tal elevado de datos que hace imposible que la monitorización y eliminación del contenido etiquetado de terrorista se lleve a cabo con intervención humana. La única forma de atender esta exigencia y evitar las elevadas penalizaciones para las empresas que no cumplen con suficiente celeridad es automatizar la totalidad del proceso, el cual sólo podrá ser verificado por analistas a posteriori, cuando ya se haya producido un importante volumen de errores que afectan a un derecho tan sensible en democracia como la libertad de expresión. Sin embargo, el aspecto más difícil de entender es el momento elegido por la UE para implementar este enfoque intervencionista. Nunca antes los terroristas se habían enfrentado a un contexto tan hostil a la hora de difundir su mensaje en Internet. El recorrido que tiene este mensaje a finales de 2018 es muy distinto al que pudo utilizar Estado Islámico en el momento álgido de su proyecto califal. El grueso de estos mensajes no sólo dura en la red unas pocas horas antes de ser eliminados, sino que en ocasiones son bloqueados antes que puedan ser publicados. Este nuevo escenario lo ha propiciado una mayor implicación de las grandes plataformas, que no sólo han multiplicado el tamaño de los equipos destinados a monitorizar contenido sino, también, por la creciente efectividad de los algoritmos basados en inteligencia artificial que permiten abarcar un volumen de datos que sería imposible controlar exclusivamente con supervisión humana. El nuevo Reglamento describe de manera excesivamente minuciosa la forma de intervenir en un ecosistema que habrá dejado de existir en unos pocos años. Las empresas prestatarias pueden que sean otras, ofrecerán servicios que no somos capaces de imaginar y se organizarán internamente de manera muy diferente. Los terroristas. por su parte, se habrán adaptado a las nuevas reglas de juego y los nuevos desafíos que plantearán poco tendrán que ver con las previsiones de esa norma, que en poco tiempo quedará desfasada. El verdadero riesgo está en que la normativa no sólo no haya conseguido nada de lo que pretendía, sino que la pesada inercia institucional de la UE la mantenga activa durante décadas, convirtiéndola en un costoso freno que estrangule la innovación y la creación de riqueza.
