Para evitar un cambio climático catastrófico es necesaria una transición energética y productiva hacia una economía baja en carbono. Pero no sirve cualquier transición: para que sea viable, será necesario que sea justa. Es más, no sólo debe ser justa, sino también parecerlo. De lo contrario, en el clima de descontento social y distanciamiento respecto a las instituciones que estamos viviendo, los efectos sociales adversos, reales o potenciales, que acompañan todo proceso de cambio pueden generar un nivel de resistencia al cambio que lo haga inviable. El fenómeno de los chalecos amarillos en Francia es un aviso sujeto a todo tipo de interpretaciones, pero en todo caso nada desdeñable.
Sabemos que los impactos negativos en la economía y el empleo de la presión sobre los ecosistemas, incluidos los provocados por el cambio climático que ya estamos sufriendo, son enormes. En la Organización Internacional del Trabajo (OIT) hemos estudiado los efectos negativos sobre el empleo y hemos concluido con unas cifras alarmantes: la mayor frecuencia e intensidad de los desastres naturales ya han mermado la productividad de los ecosistemas de los que dependen nada menos que 1.200 millones de puestos de trabajo, el 40% del empleo mundial, provocando anualmente un pérdida equivalente al 0,8% del trabajo de un año.
Incluso en un escenario de mitigación efectiva del cambio climático, los efectos del aumento de temperatura que ya se está produciendo llevarán a la pérdida del equivalente de 72 millones de empleos-año de tiempo completo para 2030. Los países cuyas economías y empleos están sufriendo los impactos de la degradación de los ecosistemas están situados principalmente en África y en Asia y Pacífico; pero se están extendiendo rápidamente a las demás regiones y sus efectos de todo tipo repercuten ya en todo el mundo. Estos datos nos llevan a concluir que, cuanto más se demore la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero, mayores serán los daños sobre la economía y el empleo, por lo que la transición energética no sólo es necesaria, sino que también es inaplazable y urgente.
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Sabemos además (porque también lo hemos investigado) que
las acciones para limitar a no más de 2ºC el calentamiento global crearán millones de nuevos puestos de trabajo. Si los países ponen en práctica las políticas para una transición energética, en aplicación del Acuerdo de París, se generarán 24 millones de nuevos empleos a nivel mundial de aquí a 2030. Son muchos empleos,
cuatro veces más de los que se perderán. Pero las dificultades del proceso vienen de que los impactos del cambio, tanto los positivos como los negativos, serán
territorialmente desiguales, entre países y en cada país, y que los empleos que se crearán no siempre lo harán en el mismo momento ni en el mismo lugar que los que se perderán; lo que exige gobernar el cambio de manera inteligente y dialogada con criterios de transición justa, para que nadie se quede en la cuneta.
Recapitulando, sabemos que la transición energética es un compromiso internacional para evitar un cambio climático catastrófico de dramáticas consecuencias sociales. Sabemos también que los daños en los ecosistemas y en el empleo que está provocando las políticas económicas convencionales son inmensos. Y que los beneficios de esta transición sobre la economía y el empleo serán muy positivos. Este conocimiento es cada vez más compartido por la Ciencia y por la Academia, por las instituciones multilaterales, por las entidades y personas con responsabilidades y capacidad de decisión política (aunque no por todas), así como por las organizaciones sociales e incluso por las empresas y sindicatos; también en España.
En un
estudio reciente, realizado por la Oficina de la OIT para España y la Fundación Conama sobre las oportunidades para nuestro país de la aplicación de las
Directrices de la OIT sobre Transición Justa en el contexto de la transición energética española, en el que hemos tratado de conocer y comprender las opiniones y percepciones de una veintena de instituciones y actores sociales acerca de dicha transición, el consenso al respecto era muy notable, aunque con divergencias en el alcance y velocidad del proceso que pudieran ser decisivas.
Sin embargo,
no basta con que todo eso lo sepa una élite vinculada a las instituciones y a la sociedad, por representativa que sea. Parece aconsejable que los procesos de toma de decisiones sean, además, identificados como resultado del diálogo social, de forma que respondan dando seguridad a las incertidumbres que se pueden generar, evitando adoptar aisladamente, sin medidas compensatorias, decisiones que puedan afectar negativamente al empleo o a la situación social de las personas, especialmente las más desfavorecidas.
Ése es el sentido de la transición justa, que también forma parte de los acuerdos internacionales. Efectivamente, el Acuerdo de París, reconociendo expresamente que las partes pueden verse afectadas no sólo por el cambio climático, sino también por las medidas adoptadas para combatirlo, decidió incorporar en el acuerdo el término
just transition como un imperativo definido como
"la reconversión justa de la fuerza laboral y la creación de trabajo decente y empleos de calidad de conformidad con las prioridades de desarrollo definidas a nivel nacional
".
Corresponde, pues, a cada país articular los procesos de transición justa en el contexto de su propia transición energética.
Por eso tiene tanto valor la declaración ministerial de la cumbre climática de Katowice sobre transición justa, porque expresa un compromiso de cada uno de los países con el proceso. Al Gobierno de España le toca hoy, como a muchos otros, recuperar el tiempo perdido. La OIT va a colaborar con el español y con todos los que se lo soliciten en este empeño. El Ejecutivo de España y la OIT (a través de sendas comunicaciones entre la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el director general de la OIT, Guy Rider) hemos acordado establecer un marco de colaboración, como socios estratégicos, para promover la aplicación de las Directrices de Transición Justa de la OIT, y para dar preeminencia a las dimensiones del trabajo decente y de la transición justa en los procesos y negociaciones internacionales en materia de cambio climático y desarrollo sostenible.
No es mal punto de partida. Los acuerdos con los sindicatos relativos al carbón apuntan en la buena dirección. España, como los demás países, necesita un amplio acuerdo para este proceso de transición; más aun teniendo en cuenta que la crisis ha dejado una sociedad y un empleo muy dañados y que la recuperación económica, por el momento, no ha venido acompañada de una recuperación social.
No se trata sólo de intentar articular lo que se ha venido en denominar un pacto de Estado sino, más allá de eso, se necesita
un amplio acuerdo de sociedad, que incluya un pacto político e institucional de largo alcance y un marco de participación y diálogo social a lo largo de todo el proceso, que involucre a todos. Con mecanismos de diálogo social tripartito entre gobiernos, organizaciones empresariales y sindicales; cooperación inter-institucional, y una arquitectura específica de participación social para involucrar a toda la ciudadanía y darle la oportunidad de intervenir en las decisiones sobre la energía, que son tan sensibles porque afectan directamente a su condiciones de vida y bienestar. Todo ello no para frenar o retrasar los cambios, sino para adoptar un proceso de transición energético que sea justo, con escenarios predecibles, informados y transparentes, alineados con los compromisos internacionales en un marco regulatorio y fiscal estable; que facilite los cambios para un sistema productivo y energético bajo en carbono, menos intensivo en energía, más eficiente, basado en las energías renovables, electrificado, con seguridad de suministro, más distribuido y más interconectado; maximizando las nuevas e innovadoras posibilidades que se ofrecen a muchos territorios, tanto en ámbitos urbanos como rurales, que necesitan corregir sus déficits de desarrollo y de empleo y para los que esta transición es una ventana de oportunidad única, también para las mujeres; para mitigar los efectos sociales adversos que tales cambios podrían provocar; re-adecuando el sistema educativo y la protección social para facilitar la transición en el empleo y para dar garantías de que este cambio no hará más pobres a los más pobres y que nadie se va a quedar en la cuneta.
