El día que empiece la próxima campaña electoral lo más probable es que no nos enteremos de que lo ha hecho oficialmente a través de la clásica imagen de políticos pegando carteles, sino a través de un bip en nuestros móviles, que habrán empezado a recibir propaganda electoral. Esto es posible gracias a la nueva Ley de Protección de Datos recientemente aprobada. Esta ley, aparte de adaptar la legislación española al RGPD, introduce una excepción para el uso de datos con fines políticos. La ley, aprobada con el apoyo de los cuatro grandes partidos, afirma en su artículo 58 bis que la propaganda política durante los procesos electorales es de interés público, y por lo tanto se debe crearse una excepción siempre y cuando se realice con las garantías necesarias.
Para entender sus implicaciones es necesario contextualizar la ley -su vertiente electoral- en un escenario más amplio que la protección de datos de carácter comercial, entender sus consecuencias, y pensar en cómo la misma puede afectar a la integridad de los procesos electorales. Demos un pequeño rodeo:
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La nueva ley regula el uso de lo que se conoce como 'microtargeting' por parte de los partidos políticos con fines electorales. Esta práctica, que es la base de los ingresos millonarios de Facebook e Instagram y de la publicidad on-line, consiste en segmentar la población con un grado de detalle altísimo basado en nuestras huellas digitales. ¿Y qué son esas huellas digitales? Cada vez que buscamos algo en Google, le damos like a una publicación, compramos en línea un par de zapatos, miramos información sobre nuestro próximo destino de vacaciones o vemos un documental, generamos un punto de información digital. Estos puntos se pueden transformar en perfiles psicológicos. Esa información es de un valor incalculable para las empresas, ya que analizándola se pueden predecir gustos, opiniones e intereses de cualquier usuario de internet y, por lo tanto, pueden personalizar la publicidad que recibimos.
¿Y qué uso político tiene el microtargeting? Los partidos hoy en día articulan sus campañas electorales tanto online como offline. El microtargeting es una parte fundamental de sus campañas en línea. Hace ya algún tiempo que las Ciencias Sociales han descubierto cómo estos puntos de información crean perfiles psicológicos que pueden identificar fácilmente nuestras tendencias políticas. Apply Magic Sauce, un algoritmo de investigadores de la Universidad de Cambridge, puede adivinar nuestro perfil social e ideológico sólo por lo que compartimos y nos gusta en las redes sociales.
Fuente: ApplyMagicSauce.com
Entender qué piensa cada votante y poder mandarle un mensaje cuasi personalizado con lo que el partido tiene que ofrecer a esa persona es el sueño de cualquier estratega de comunicación política. Hoy en día, un partido podría segmentar el grupo padres divorciados que viven en medios urbanos, de alto poder adquisitivo, católicos, aficionados al futbol, preocupados por la inmigración, lectores de novela negra y crear publicidad política específica para ellos. Incluso puede generar inocentes quizs en Facebook con preguntas sobre la personalidad para saber qué enfoque debería tomar su publicidad. Cambridge Analytica ya lo hizo en 2016 durante la campaña de Donald Trump.
¿Y es peligroso el microtargeting político? Potencialmente, si. Segmentar y crear mensajes específicos para cada grupo no tiene nada de malo per se. Incluso ayuda a que los partidos tengan que crear mensajes más cercanos a las preocupaciones particulares de la ciudadanía, y puedan explicar más en detalle sus propuestas a aquellos grupos más afectados por cada una de ellas. Una propuesta electoral sobre el coste de las escuelas infantiles puede no interesar a una recién graduada, pero puede influir el voto de un padre de un recién nacido. Bien usado y bien fiscalizado, el 'microtargeting' puede reforzar la vinculación de los ciudadanos con las propuestas programáticas de los partidos.
Sin embargo, es peligroso cuando es opaco y no está adecuadamente regulado. Al segmentar altamente los mensajes, éstos solo son vistos por pequeños grupos de población y evitan el escrutinio y la fiscalización pública. Esta opacidad permite a los partidos, en principio, sembrar dudas sobre el proceso electoral, sobre los otros partidos, o directamente incitar al odio mediante desinformación y campañas de descrédito. Incluso es posible que los partidos escondan estar detrás de estos mensajes. Cuando el 'microtargeting' se hace a través de canales encriptados -como es el caso de WhatsApp- la opacidad aumenta al punto de hacer imposible cualquier tipo de monitorización. Lo que pasa en WhatsApp, se queda en WhatsApp, aunque esto constituya un crimen electoral tipificado.
Otro aspecto igualmente amenazante para la integridad electoral es la puerta que abre el microtargeting para no cumplir con la legislación sobre financiación política. Sin una regulación específica, es difícil que los pagos que un partido haga para sus campañas en línea sean controlados por las entidades pertinentes, abriendo la posibilidad de saltarse la legislación y de no tener que declarar el monto total de los gastos electorales. La falta de control no es sólo una ventaja para los partidos que quieren esconder el origen de sus fondos, sino que abre también una vía de influencia para cualquier actor que quiera influir discretamente en el resultado electoral; sea éste un país o un ente privado.
Entonces, ¿por qué la nueva ley permite actividades que constituyen un riesgo potencial para la integridad electoral? La ley peca de falta de detalles pero, en principio, hace un intento que va en la línea que se lleva discutiendo algún tiempo entre los expertos en integridad electoral. A corto plazo, la mejor protección contra la desinformación y los peligros que las campañas digitales implican para la democracia no es crear nueva y compleja legislación con el potencial de cercenar la libertad de expresión. Lo ideal es aplicar la legislación electoral existente, que suele ser buena, a las campañas que se hacen 'online'. La ley abre la puerta para ello. Al considerar las actividades de los partidos como algo fuera de las comerciales, estas actividades quedan claramente enmarcadas como políticas y, por lo tanto, sujetas a la legislación electoral. Lo que los partidos pueden hacer y decir, y cuándo, está altamente regulado en televisión, radio y prensa. Lo mismo debiera suceder con lo que los partidos pueden decir y hacer online, y esta ley debería ser el primer paso en esa dirección; pero en su formulación actual es sólo un paso.
