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En primer lugar, implica irremediablemente invertir en las familias. Para niños y niñas en entornos más desfavorecidos, la inversión en servicios acompaña, pero no compensa ni sustituye la necesidad de prestaciones que palíen la escasez de recursos económicos. Debemos de celebrar el compromiso de duplicar las prestaciones familiares por hijo a cargo anunciado por el Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil, pero eso nos sigue manteniendo, como bien sabe el Alto Comisionado, en un escenario de insuficiente acción por parte de nuestro Estado de Bienestar. En segundo lugar, el cuidado, la educación y crianza de niñas y niños exige esfuerzo y tiempo. Tanto, que está en el origen de la división del trabajo fundacional de nuestras sociedades. Una división cuyo eje principal es el género, pero que tiene distintas manifestaciones de clase social. La feliz ampliación del permiso por paternidad remunerado y no transferible conseguirá que los padres se impliquen en la crianza de sus hijos y facilitará un necesario cambio en actitudes y valores, pero no olvidemos que madres, y quizá en un futuro padres, disponen de 16 semanas. España es el único país europeo que no cuenta con un permiso parental remunerado cuando se agotan las semanas de permiso por maternidad. Además, nuestros contratos a tiempo parcial, en lugar de ser opciones de trabajo flexibles pero seguras como sucede en tantos países de Europa, son en la mayoría de los casos una expresión más de una precariedad laboral no escogida. También en este caso, la disponibilidad de servicios de atención a la infancia temprana supone únicamente una pieza más en el complejo puzle de criar a un bebé. No he conocido nunca a nadie, ni madre, ni padre, ni desde luego bebé que diera saltos de alegría por comenzar desde los cuatro o cinco meses con jornadas de 9:00 a 17:00 horas en una guardería, por muy fantástica que ésta sea. El mismo concepto de escolarización resulta bastante confuso cuando nos referimos a criaturas que todavía no han cumplido su primer año de vida. En tercer lugar, y en mi opinión la verdadera madre del cordero en el tema que nos ocupa, para que una mayor cobertura de servicios a la infancia temprana se pueda efectivamente considerar como una apuesta por universalizar un derecho, por una inversión social futura, la calidad lo es prácticamente todo. Y sin embargo, seguimos midiendo la 'inversión' en porcentajes de cobertura. La universalización de la etapa 3 a 6 a principios de los años 90 es un buen ejemplo de cómo su integración dentro del sistema educativo supuso un salto cualitativo espectacular, al equiparar los tres años de pre-escolar a la educación primaria. Pero el 0 a 3 ha tenido una fortuna bien distinta. Es cierto que la cobertura no ha dejado de aumentar (por debajo del 5% a principios de los años 90 hasta superar el umbral de 35% hacia 2010), pero esta sencilla línea ascendente hay que interpretarla con mucha cautela. A diferencia de los tres años de educación infantil, el 0-3 tiene una regulación laxa, una financiación no garantizada y una ausencia de objetivos claros. En la sucesión de leyes educativas, ha transitado desde concepciones más asistencialistas a otras más educativas, pero nunca ha llegado a existir un compromiso por garantizar su gratuidad, calidad y universalización. Tampoco ahora. Lo más preocupante es que, debido a su gran fragilidad estructural, la expansión estos últimos años ha sacrificado precisamente la calidad (a excepción de País Vasco y Navarra, que han integrado la escolarización a partir de los dos años dentro del ciclo de pre-escolar). En paralelo a la construcción de más guarderías gracias a los fondos Educa3, muchos ayuntamientos se vieron obligados durante la crisis a externalizar su gestión para ahorrar costes, repercutiendo directamente en las condiciones laborales y en el tipo de contratación. En muchos casos, la combinación de una mayor financiación procedente del Estado con la externalización de las escuelas públicas por parte de las administraciones locales y la concesión de nuevas licencias para las privadas favoreció un crecimiento desordenado. Además, en los años que precedieron la crisis entramos en dinámicas ciertamente perversas cuando, por ejemplo, infraestructuras públicas como las guarderías formaban parte de los requisitos no residenciales de procesos de expansión urbanística. La burbuja del ladrillo tuvo réplicas insospechadas Es evidente que no se reúnen ahora las condiciones, ni en cuanto al compromiso político ni a la financiación necesarios, para situarnos en un escenario similar a la universalización del 3-6 en nuestro país hace ya casi 30 años. Sin embargo, la evidencia que tenemos de la evolución del 0-3 en los últimos años exige prudencia. En política pública, retroceder por caminos ya transitados puede ser bien difícil. Para que los municipios puedan consolidar una red de escuelas infantiles siguiendo criterios de equidad y calidad, necesitan medios económicos y autonomía en su capacidad decisoria. Sin atajos.
