11 de Octubre de 2018, 00:47
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Guinea Ecuatorial es también cuna de dictadores: Francisco Macías Nguema (presidente desde 1968 hasta 1979) y Teodoro Obiang Nguema (sobrino de éste, ejecutor de su tío y presidente desde entonces). Bajo su batuta, el país se ha convertido en el séptimo país más autoritario del mundo, según 'The Economist Intelligence Unit', por encima de verdaderos campeones como Sudán o Eritrea. Las libertades civiles y derechos políticos están ausentes, según Freedom House. Reporteros Sin Fronteras y Amnistía Internacional han denunciado detenciones de periodistas críticos y censura, y el primero sitúa al país en el puesto 171º de los 180 evaluados en su Índice de Libertad de Prensa. La igualdad de género no está garantizada a nivel económico, político ni social (sólo un 12% de las mujeres posee tierras) y la esperanza media de vida es de 58 años. Pese a haber reducido a la mitad la población bajo el umbral nacional de pobreza desde comienzo de siglo, ésta se sitúa en torno al 45%. Guinea Ecuatorial sigue siendo uno de los países más desiguales del mundo y su Índice de Desarrollo Humano no se corresponde con sus niveles de renta, concentrada en un sistema oligárquico que ha sido definido como una cleptocracia donde no existe diferencia entre Estado y familia Nguema. Desde el descubrimiento de hidrocarburos en 1991, la economía ecuatoguineana se desarrolla en torno a ese monocultivo (petróleo y derivados suman el 94% de las exportaciones), haciéndola vulnerable a las variaciones en su precio. La bajada de éste sumergió al país en una recesión que dura desde 2014, agravada por su falta de integración real en la economía regional. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Resulta paradójico que, en una época en la que la memoria histórica está tan presente, la relación de España con Guinea Ecuatorial permanezca en una especie de amnesia colectiva. El país, desde el inicio de la presencia española tras el Tratado de El Pardo de 1778, ha conocido la dictadura colonial, primero; la de los Nguema, después. Los misioneros fueron los primeros en desembarcar en el golfo de Guinea, pero la colonización solo se intensificó a partir de la Conferencia de Berlín y la delimitación de territorios españoles, en 1901. Con la creación de la Guardia y la Administración Colonial, el régimen evolucionó hacia un estado de segregación, discriminación racial y sometimiento de la población local. Para preservar los intereses de los capitalistas españoles (dueños de empresas madereras como Alena, Garitorenza o Munisa), asesinato, tortura y trabajo forzoso se hicieron habituales en la Guinea española. Este estado de cosas continuó durante la II República y la dictadura franquista. Con el acceso a la educación de los emancipados (ecuatoguineanos empleados en la Administración Colonial, con derechos similares a los blancos) y el contagio de los movimientos de países vecinos, el sentimiento nacional comenzó a cristalizar. Canalizado primero como protesta contra las discriminaciones raciales, evolucionó hacia la formación de movimientos clandestinos y de exiliados políticos como Monalige o IPGE. Espoleados por sucesos como el asesinato de los opositores Acacio Mañé y Enrique Nvo por parte del régimen, a finales de los 50 reclamaban ya el derecho a la autodeterminación. A Franco le costó desprenderse de Guinea Ecuatorial. Con el ingreso de España en la ONU en 1953, el proceso de descolonización estaba encima de la mesa. El régimen intentó disfrazar la colonia vistiéndolo de provincias primero (en 1958 se instauraban las de Río Muni y Fernando Póo) y de autonomía después (estructura títere neocolonial creada en 1963). En paralelo, el régimen de Franco propiciaba el surgimiento del Munge, partido fascista a imagen del Movimiento que gobernó la autonomía y abogaba por una relación de libre asociación con España. El proceso de descolonización era, sin embargo, imparable, y la ONU instaba a España a celebrar unas elecciones que aseguraran la independencia para 1968, garantizando la integridad territorial del territorio. Paradójicamente, las elecciones libres llegarían antes a Guinea Ecuatorial que a la España franquista. Celebradas en 1968, otorgaron la victoria a Francisco Macías Nguema, batiendo al preferido del régimen y candidato del Munge. En un principio, Macías formó un Gobierno de unidad con los jefes de la oposición para, cinco meses más tarde y en medio de una crisis con España, acusarles de un supuesto intento de golpe patrocinado por la ex metrópoli. Ese evento proporcionó a Macías la excusa para establecer el estado de emergencia, derogar la Constitución y ejecutar a opositores y miembros de su propio Ejecutivo como Atanasio Ndongo, ministro de Exteriores y líder del Monalige, a quien acusó de encabezar la rebelión. En el plano exterior, Macías rompió relaciones con España, requisando los bienes y empresas de sus nacionales en Guinea Ecuatorial, quienes fueron evacuados por el régimen de Franco. Detrás de esta maniobra hay voces que señalan la influencia de personalidades antifranquistas como Antonio García-Trevijano, asesor personal de Macías, en un intento de mostrar la debilidad del régimen. 50.000 muertos y un tercio de la población desplazada fueron los resultados más palpables de la dictadura sádica de Macías. Obiang: de 'narcopresidente' a 'petrolíder' El final de la dictadura del autoproclamado Padre de Todos los Niños fue el principio de la de su sobrino, Teodoro Obiang, en 1979. Su liderazgo no se desvió mucho del estilo marcado por Macías, heredero, a su vez, de los usos y costumbres del régimen colonial. Hasta la aparición del petróleo en los 90, Obiang fue frecuentemente acusado de mantener un narcoestado debido a las decenas de familiares y altos cargos detenidos por tráfico de drogas al cruzar la frontera y a testimonios de disidentes: Guinea Ecuatorial se habría establecido como punto de distribución de droga hacia Europa. Por su parte, España se convertía en refugio de disidentes como el sargento Micó o Severo Moto, siendo acusados por Obiang de planear algunos de los 11 golpes de estado sufridos, reales o auto-infligidos (el ultimo, en diciembre de 2017) y que el dictador acostumbraba a aprovechar para realizar extensas purgas de opositores o rivales. Madrid usó la ayuda al desarrollo y la deuda como mecanismo frecuente de presión frente a Malabo, hasta que las tornas cambiaron con la aparición del petróleo. La relación entre los dos países nunca dejó de ser tensa y repleta de desencuentros. Los vínculos económicos, pese a no estar muy desarrollados (224 millones de euros en importaciones ecuatoguineanas en 2017, frente 156 millones en exportaciones y un ínfimo flujo de inversión), han pesado más que los llamamientos a la democratización y al respeto por los derechos humanos. Además, Guinea Ecuatorial es una punta de lanza cultural que puede ayudar a incrementar el 'poder blando' de España en África: su condición, junto a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), de Estado hispanohablante ha propiciado que el español sea oficial en instituciones como la UA o la CEEAC. Institucionalmente, Guinea Ecuatorial se ha convertido para España en ese tío molesto junto al que nadie quiere sentarse en las cenas: célebre es el descontento ecuatoguineano por el vacío de las autoridades españolas a Obiang durante el funeral de Adolfo Suárez en 2014. No obstante, la relación entre actores de las sociedades civiles como ONGs o partidos políticos sigue manteniéndose a la espera de una apertura democrática, pese a que las perspectivas no sean muy halagüeñas: Teodorín Obiang, vicepresidente condenado por blanqueo de capitales y corrupción, ha sido designado sucesor de su padre. Es pronto para saber cómo orientará el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez la relación con Guinea Ecuatorial, pero este 50º aniversario de la independencia del país afro-hispano quizás nos brinde una oportunidad para saber cuánto pesará la promoción de los derechos humanos y la democracia en ella y si la memoria histórica traspasa, o no, fronteras.(España-Guinea Ecuatorial: ¿otra política es posible?) en #AgendaExterior
