Las palabras de la vicepresidenta Carmen Calvo sobre la regulación de la libertad de expresión han reavivado el intenso debate internacional sobre cómo afrontar la información falsa que se difunde por las redes sociales. Calvo afirmaba que la libertad de expresión "no lo resiste todo" y que es un bien superior que hay que proteger. No se han hecho esperar las reacciones contrarias de sus adversarios políticos y de ciertos medios de comunicación, acusándola de querer instaurar una ley mordaza o censurar a la Prensa.
Este asunto de la posverdad y los desórdenes informativos ('information disorders') es objeto de estudio de máximo interés en las Ciencias de la Comunicación especialmente desde las elecciones estadounidenses de 2016, a causa de la estrategia de Donald Trump y del importante papel desempeñado por las redes sociales como medios por los que se difundieron, interesadamente, numerosos bulos que pudieron repercutir en el resultado de los comicios. El fenómeno se conoce coloquialmente como fake news o noticias falsas, si bien el término está desaconsejado desde la literatura científica. En primer lugar, porque se trata de un oxímoron: las noticias lo son precisamente porque son hechos ciertos que un profesional ha verificado. Si es un contenido falso o fraudulento, no admite la denominación de noticia.
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En segundo lugar, Wardle y Derakhshan entienden que es un vocablo incapaz de abarcar la pluralidad de significados que conlleva realmente. Más aún, afirman que los políticos se han apropiado de él para describir a los medios cuya cobertura consideran desagradable y, de este modo, se han convertido en un mecanismo mediante el cual se llega a restringir la libertad de prensa. En esta última posición se sitúan quienes entienden que las palabras de la vicepresidenta Calvo, profesora de Derecho Constitucional, tan sólo aspiran a coartar la libertad de expresión con la excusa de intentar acabar con las paparruchas. El citado trabajo establece tres tipos de fenómenos abarcados bajo el amplio paraguas de la denominación fake news, lo que evidencia la falta de unanimidad sobre su significado:
- 'Misinformation': referida a información errónea que se transmite sin finalidad de provocar daño, sino que obedece a falta de diligencia del profesional en el contraste de los datos.
- 'Disinformation': alude a los contenidos que se manipulan interesadamente o, directamente, se inventan para perjudicar a alguien. Los ejemplos arrecian en España en los últimos meses. Muchos de ellos aludían a supuestos privilegios de los refugiados y migrantes que llegaron en el Aquarius, y otros tantos fueron munición usada en el conflicto catalán desde ambos bandos.
- 'Malinformation': describe la información que se comparte para afectar a alguien sacando a la luz pública datos de la esfera privada. La polémica por las grabaciones del comisario Villarejo a la ministra de Justicia Dolores Delgado filtradas por un seudo-medio digital serían una muestra de ello.
Estos investigadores trazan, por tanto, un doble eje: uno referido a la veracidad o falsedad de lo que se transmite y otro, sobre la finalidad lesiva que se persigue. En los dos últimos tipos, el objetivo de dañar a los protagonistas de la noticia lleva a los autores de las piezas a mentir, a descontextualizar datos o a divulgar ilegalmente conversaciones del ámbito privado.
En el primero, nos movemos en el terreno de la veracidad y la profesionalidad en el contraste de la noticia y las fuentes; valores y riesgos inherentes al ejercicio del periodismo, pero no necesariamente a los nuevos actores informativos que llegan a una gran audiencia a través de las redes sociales.
En el actual sistema híbrido de medios, una gran parte de la sociedad reconoce que accede a las noticias a través de las redes sociales y no de medios tradicionales. Según los datos del Pew Research Center, el 44% de los adultos estadounidenses afirmó haberse informado preferentemente por esta vía de la campaña electoral de 2016. El mismo centro ha desarrollado este año una encuesta en ocho países europeos, entre ellos España, que concluía que en seis de ellos más de la mitad de los encuestados leía las noticias políticas a través de las redes sociales.
Conviene recordar que las redes son el hábitat natural de los bulos y que la finalidad de éstos es doble. Ethical Journalism Network (EJN) define la primera de ellas, la ideológica: "Fake news is information deliberately fabricated and published with the intention to deceive and mislead others into believing falsehood or doubting verifiable facts". Allcott y Gentzkow (2017) añaden la segunda: el objetivo económico ("Fake stories that go viral precisely because they are outrageous provide content producers with clicks that are convertible to advertising revenue").
Delimitar el canal informativo preferente (las redes sociales) y las finalidades (política y económica) que persiguen los desórdenes informativos es clave para estudiar a los emisores y hacerles frente. En esta época de primacía de las redes, Facebook ha protagonizado varios escándalos por comerciar con los datos de sus usuarios, cediéndolos a empresas privadas que los utilizaron para diseñar propaganda que se diseminó en la campaña electoral norteamericana de 2016 y para el 'Brexit'. El cambio de actitud de la empresa en este terreno ha sido significativo: Mark Zuckerberg pidió perdón ante la Unión Europea y ante el Senado de Estados Unidos y rectificó su posición liberal de no intervención, reconociendo que Facebook ejercía de espacio a través del cual los ciudadanos se informaban y cerrando más de 30 páginas de extrema derecha dedicadas a sesgar a la opinión pública.
Con respecto a otra red social predominante, Twitter, numerosos estudios académicos avalan la existencia de bots, vinculados en muchos casos a la órbita rusa, diseñados específicamente para sembrar las redes de bulos que desestabilicen la política internacional.
Recientemente, la Comisión Europea ha creado un comité de expertos para analizar y legislar contra la desinformación, convencida de que la inacción o, en todo caso, la autorregulación no son respuestas suficientes para garantizar el derecho a recibir una información veraz por parte de la ciudadanía en este panorama digital. Entre sus conclusiones destacamos dos que resumen la controversia que aborda este análisis:
- Un claro rechazo a cualquier intento de censurar contenidos por parte de los gobiernos aprovechando la coyuntura.
- Una llamada a contrarrestar la interferencia en las elecciones por agentes externos que busquen desestabilizar la política europea.
La llegada de nuevos emisores a la esfera comunicativa, que operan al margen de los códigos deontológicos que son una referencia para los periodistas y están alejados del compromiso con el rigor que requiere la información (nutriente imprescindible de las democracias) porque persiguen otros fines, implica repensar el marco legal en que se está desarrollando actualmente el proceso informativo. Más aún, la evidencia de que poderes políticos y económicos han intentado desestabilizar el debate internacional a través de bots, comprando datos personales de ciudadanos, diseñando campañas de propaganda personalizadas a partir del big data,
implica considerar que el derecho fundamental a "comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión" afronta amenazas que no provienen de la libertad de expresión que se ejerce en los medios. Proteger la libertad de expresión, por tanto, implica afrontar, especialmente desde el derecho a la información y la regulación de las telecomunicaciones, las nuevas manifestaciones del problema de la disinformation y los emisores no periodísticos que nutren las redes sociales, toda vez que existe amplia regulación sobre la misinformation y la malinformation en el ordenamiento legal.
