Este verano, en la disputa entre las dos derechas españolas, Ciudadanos ha probado a hacer bandera del relato sobre seguridad que tan bien ha funcionado en otros contextos. No era un territorio virgen: unos meses antes, fue el PP el que instrumentalizó el debate sobre la prisión permanente revisable en el marco de una opinión pública (o mejor dicho, opinión publicada) removida por el caso de Diana Quer. Así pues, a principios de agosto el partido naranja escribía en su cuenta oficial de Twitter: "Es hora de que haya orden en las calles y de que los ciudadanos se sientan seguros".
A raíz de esta deriva se publicaron varios artículos recordando que España está entre los países más seguros de Europa (y, por lo tanto, del mundo). El texto recurre a datos de Eurostat sobre tasas de criminalidad y percepción de (in)seguridad para ilustrar la afirmación. En este otro artículo se desgranan datos recogidos por el Ministerio de Interior en el 22ª edición del Anuario Estadístico del Departamento (informes muy recomendables) y de otras fuentes, destacando la baja tasa relativa de homicidios o el hecho de que la inseguridad ciudadana no aparece entre las principales preocupaciones de la sociedad española. No importa qué indicadores se miren: en nuestro país no existen fundamentos objetivos para el marco discursivo de la ley y el orden y (de momento) tampoco parece que éste haya calado en la ciudadanía, en la percepción subjetiva colectiva.
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De modo complementario a esta evidencia, cabe recordar que en España las políticas penales y penitenciarias son ya muy punitivas en términos comparativos. Lo vamos a ver en este artículo. Nos encontramos con la paradoja de que, a pesar de que las tasas de criminalidad o los datos de percepción de la (in)seguridad son de los mejores del entorno, las penas y su ejecución son de las más severas, sobre todo en relación a delitos menores o aquellos que se han llamado delitos de pobres. Los y las expertas en política criminal, así como operadores del sistema, vienen de lejos advirtiendo de este hecho.
La tasa de encarcelamiento española es de las más altas en la Europa de los 15 (130,7 por cada 100.000 habitantes a 1 de enero de 2016), solamente superada por la del Reino Unido y Portugal. Los países nórdicos se encuentran a la cola en cuanto a población reclusa, y los de nueva incorporación en la UE, la mayoría estados del ex bloque del este, son los que lideran esta lista. Lo recordábamos en un capítulo comparativo en el gran tratado sobre la cárcel que publicó en 2006 el profesor en Derecho penal Iñaki Rivera: las políticas criminales, a pesar de contar con ciertos instrumentos de armonización europea, parecen resistirse a la construcción de un marco común y los estados naciones marcan aún sus propias directrices.
Tasas de encarcelamiento (por 100.000 habitantes) en países de la UE-15 y UE-28
Fuente: SPACE-I 2016 (http://wp.unil.ch/space/) @gemmaubasart
Conviene decir que este uso intensivo de la cárcel no es herencia del franquismo, como sucede en otras políticas con un peso relevante de la path dependency, sino que configura su nuclearidad ya en democracia. Por ejemplo, de una tasa de 24 presos cada 100.000 habitantes en 1975, cuando muere Franco, se transita a un máximo de 165 en 2010, detectándose una ligera disminución a partir de la fecha. La tendencia ascendente a partir de los 80, aunque con distintas intensidades en España fue especialmente acentuada es una realidad europea e internacional. Decía el jurista Roberto Bergalli que en los años 60 "aparentemente habían empezado a operar con éxito los enfoques alternativos, críticos o radicales frente al uso de los viejos muros para secuestrar la enfermedad mental y el crimen (...). El manicomio y la cárcel parecían derrotados". Pero pocos años después, los sistemas de penas y medidas alternativas fueron perdiendo terreno en favor de una nueva centralidad de la cárcel, que vio aumentar de forma alarmante los índices de encarcelamiento, primero en los EE.UU. y luego también en los países europeos.
Evolución de la tasa de encarcelamiento (por 100.000 habitantes) en España
Fuente: ICPR (http://prisonstudies.org/) @gemmaubasart
Es importante saber cuántos presos hay en las cárceles, pero también quiénes son. Clasificando la población penada por el principal delito por la que ha sido condenada, observamos cómo en España, a 1 de septiembre de 2016, solamente el 17,3% de los reclusos correspondían a la imagen que tenemos de presos peligrosos (homicidio o tentativa, agresión y violación). La mayor parte de ellos lo son por delitos contra la propiedad (35,5%) o drogas (21,4%), en palabras del garantista italiano Alessandro Baratta, delitos que cometen principalmente los sectores sociales subalternos. Solamente Malta (89,2%), Bulgaria (63,3%) y Letonia (61%) tienen un porcentaje mayor de presos condenados por delitos contra la propiedad y relacionados con la droga. Y sólo en Austria, República Eslovaca, Portugal, Polonia, Malta y Eslovenia el porcentaje de personas penadas por delitos graves contra la persona respecto al total es menor que el español. Sería bueno que los policy makers se preguntaran si una parte relevante de los presos y presas podrían cumplir una pena diversa a la de la cárcel.
Conocer quién habita nuestras cárceles ofrece también otra información: cuáles son las infracciones por las que efectivamente se cumple pena de prisión, más allá de las previsiones contenidas en las leyes. El criminólogo Edwin Sutherland apuntaba que el sistema penal acaba persiguiendo siempre a los más vulnerables, cuyos delitos revisten poca complejidad (los denominados callejeros) y cuya ausencia de poder para resistir la persecución penal no genera problemas a las instancias penales (cosa que sí que sucede con los delincuentes de cuello blanco).
Población penada por tipología delictiva (principal delito) + población condenada a 10 años o más
Fuente: SPACE-I 2016.
Otra cuestión relevante es la severidad de las penas. En España, a pesar de la reducida presencia de delitos graves contra la persona, las penas de cárcel son de media largas. A 1 de septiembre de 2016, solamente Malta tiene un porcentaje mayor que España de personas penadas de 10 o más años. Cabe recordar que las penas por delitos de tráfico de drogas son muy severas en casi todos los países de la Unión Europea, lo que provoca un elevado volumen de población reclusa por esta tipología delictiva, aunque el número de condenas judiciales por este delito sea inferior que el de otros tipos. De hecho, la duración de las condenas es una de las principales razones de la inflación penitenciaria española (y por lo tanto, responsabilidad legislativa). Otras razones pueden ser la falta de consolidación de las penas alternativas a la prisión y el hecho que una parte importante de ellas, como demuestra Carme Vilà en su Trabajo de Fin de Grado (puede consultarse en la biblioteca de la Universitat de Girona), no son sustitutivas, sino que se trata de castigos para infracciones menores que nunca se habrían materializado en prisión.
Recopilamos. España tiene unas tasas de criminalidad comparativamente bajas frente los países del entorno. Por contra, la población penitenciaria es muy numerosa, y sólo una pequeña parte de los que habitan en nuestras cárceles están allí por delitos graves contra las personas. Y a pesar de esto, las condenas de prisión tienden a ser muy largas. Los datos expuestos en este artículo invitan a pensar que el debate sobre las políticas criminales debe entrar sin demora en las agendas pública y política; sacar a la luz la realidad oculta de los outputs del sistema penal para que puedan ser objeto de debate. Porque nos jugamos mucho. El funcionamiento del sistema penal y penitenciario es un buen termómetro para medir la salud de nuestras democracias liberales y garantistas.
Y por último, los actores políticos debieran tomar nota. No parece que la senda de fomentar el miedo y la demanda de orden y seguridad se adapte bien a la realidad española: ni por los datos objetivos (país seguro y punitivo) ni por los de percepción ciudadana. La narrativa securitaria que se ha puesto en marcha estos últimos meses se explica más por una competición entre líderes de las dos derechas para diferenciarse y encontrar su espacio que porque exista un terreno fértil dónde éstas puedan arraigar. Esto debería hacer pensar a estas fuerzas, pero también al resto de arco político: ¡puede combatirse el populismo punitivo!
