Ahora que los casos máster parecen haberse tomado un respiro tras la dimisión de la ministra de Sanidad Carmen Montón, y aunque la tesis del presidente del Gobierno sigue dando algún que otro coletazo, es un buen momento para analizar el posible impacto negativo que puede estar sufriendo la Universidad (pública). Principalmente la Rey Juan Carlos (URJC), una Universidad madrileña relativamente joven y de tamaño medio, puede tener serias dificultades para revertir la imagen negativa cultivada en los dos últimos años, desde que su anterior rector, Fernando Suárez, renunciase a su reelección acusado de plagio académico.
El primer dato objetivo es que, como se aprecia en los sucesivos informes anuales publicados por la Federación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), las universidades y los organismos de investigación (así como los profesionales que trabajan en ellas) son identificados por los ciudadanos como uno de los actores institucionales en los que depositan mayores niveles de confianza general.
Confianza en las instituciones
Fuente: 'Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología' (2016). Fecyt.
La cuestión de fondo es si los sucesivos escándalos vinculados a la URJC y, más concretamente, a uno de sus centros, el Instituto de Derecho Público, pudieran estar dañando no sólo la imagen de esta universidad madrileña, sino a la Universidad pública española en su conjunto.
Sin entrar en los pormenores académicos, judiciales y políticos de los casos Cifuentes, Casado y Montón, todos ellos suponen una clara amenaza el prestigio social y la reputación de la Universidad española como institución garante del progreso y del desarrollo, pero también como pilar fundamental de nuestro Estado de Bienestar, en tanto que la Educación Superior ha venido actuando como motor de la movilidad social.
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Un elemento común a dichos escándalos es la presunta existencia de relaciones de trato de favor por parte de los coordinadores y profesores de varios másteres orquestados desde el Instituto de Derecho Público de la URJC a determinados alumnos que, aprovechando sus posiciones institucionales (cargos públicos, pertenencia a partidos políticos, redes clientelares, etcétera), habrían obtenido facilidades manifiestas no sólo para cursarlos, sino para superarlos exitosamente y con un menor esfuerzo (elaboración del Trabajos de Fin de Máster, asistencia a clases, flexibilidad académica) y rendimiento que el resto de alumnos.
Un mayoría social generalizada está percibiendo lo anterior muy negativamente. Considera inadmisible que pueda estar ocurriendo esto en la Universidad española del siglo XXI, especialmente en la pública, que es cofinanciada por la sociedad en su conjunto con no poco esfuerzo. Esta percepción se eleva hasta la indignación entre las miles de familias con rentas económicas medias-bajas que han invertido una parte importante de sus ingresos al copago de másteres oficiales para sus descendientes, en una continúa búsqueda de mejores oportunidades profesionales en un mercado laboral difícil como el español.
Fuente: Observatorio del Sistema Universitario (2016).
Esta probable crisis reputacional de la Universidad pública española, quizás exagerada mediante la generalización, como ocurre con la clase política en los momentos álgidos de que desafección, está siendo, no obstante, mal gestionada por parte de los diversos actores implicados.
En el caso concreto de la URJC, sus distintos órganos de gobierno universitario se están mostrando poco contundentes, y sus actuaciones parecen estar orientadas a apagar los continuos fuegos provocados por algunos de sus profesores. Su casi segura crisis de credibilidad debiera haber motivado una actuación firme por parte no sólo de su equipo rectoral y de su Consejo de Gobierno, como máximas estructuras responsables de la dirección y administración de la institución, sino también de su Claustro universitario y de su Consejo Social. No hay que obviar que son estos órganos quienes, en virtud de las competencias atribuidas en sus estatutos internos y en la propia LOMLOU (2007), podrían cesar al actual rector, en el primer caso (artículo 52 de los estatutos); y/o exigir un rendimiento real de cuentas ante la sociedad, en el caso del Consejo Social como máximo órgano de representación social (artículo 36).
La Coordinadora de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), tampoco parece que esté actuando ni con astucia ni con sensatez, sino más bien parece estar ejerciendo un rol corporativista en el sentido clásico de lobby de las universidades. Su poder y capacidad de influencia debieran ser aprovechadas de forma responsable y en aras de garantizar la salvaguarda del interés general y el bien común que representa la Universidad pública.
El poder político tampoco parece que esté actuando en consecuencia, permaneciendo ajeno a una situación de máxima gravedad y motivo de preocupación de muchos de los profesionales académicos que trabajamos esforzadamente en el sector de la Educación Superior y la investigación. El Gobierno de la Comunidad de Madrid debería tener una actitud más proactiva, actuando en cooperación con la Coordinadora de Rectores de las Universidades Madrileñas en un intento por revertir el daño público que está sufriendo una de las universidades a las que más recursos públicos se han destinado en las últimas décadas.
Por último, el Gobierno central debería intervenir, sin que ello implique una injerencia en la autonomía institucional de las universidades, un precepto protegido por nuestra Constitución de 1978. Para ello, debería actuar de la mano de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad Académica (Aneca), endureciendo (sin que ello suponga un incremento de la burocratización ya existente) los mecanismos de control relativos a la aprobación, seguimiento y evaluación de la calidad de las titulaciones oficiales (y también los títulos propios) que expiden las universidades, poniendo coto a una expansión descontrolada que es claramente visible en el caso de los másteres.
El Gobierno de Pedro Sánchez, junto con el resto de fuerzas parlamentarias, podrían finalmente darle la vuelta a esta crisis reputacional de la Universidad pública española promoviendo una ambiciosa reforma legislativa de nuestro sistema universitario. En este sentido, el Ministro de Ciencia y Universidades Pedro Duque, anunciaba hace unos días el inicio de conversaciones para acometer una reforma universitaria adaptada a los nuevos tiempos.
La Educación superior y la Ciencia deberían ser una apuesta decidida de nuestros líderes políticos para avanzar y crecer como país avanzado y desarrollado. Sin embargo, la Universidad pública española no está incluida en la agenda pública por las intenciones de sus policy makers de transformarla y adaptarla a la nueva realidad internacional que nos rodea, sino por una incesante crisis reputacional. Pero, ni la ciudadanía, ni los investigadores y analistas, ni los medios, deberíamos permitir que está situación de debilidad fuese utilizada desde determinados sectores sociales y mediáticos para machacar a una institución que ha cambiado en nuestro país cuantitativa y cualitativamente, como muestran sucesivos indicadores relativos a investigación, docencia y transferencia de conocimiento (la Fundación CyD presentó el miércoles pasado su informe anual).
Sea como sea, la Universidad española inicia el nuevo curso académico, con nuevos desafíos y complejos retos a los que atender. Un otoño caliente, como el clima político que vive nuestro país
