El 7 de julio de 2017, el Consejo de Ministros acordó la creación de una Comisión de Expertos para elaborar un informe que analizara propuestas para una estrategia española de transición energética. La gran ambición es que se materialice en una Ley de Cambio Climático. El nuevo Gobierno surgido de la moción de censura contra Rajoy tiene en el Gabinete la cartera de Transición Ecológica, con Teresa Ribera al frente. Ribera fue la presidenta de la ¨Comisión de asesores para la transición ecológica (CAPTE), que elaboró varios documentos entre los cuales hay uno que establece las bases para una Ley de Transición Ecológica y Cambio Climático. Por ello cabe esperar que en breve se presente en el Congreso una iniciativa para la aprobación de dicha ley en torno a dos pilares: la transversalidad y el cumplimiento de los objetivos europeos.En primer lugar, transversalidad porqueel cambio de modelo energético va a afectar a todas las actividades económicas y agentes, trayendo consigo nuevos retos y oportunidades. Esto implica, además, que la transición energética sea justa en términos económicos, sociales y territoriales. Y es vital que los distintos gobiernos estén comprometidos con los objetivos, que sepan explicar a la ciudadanía sus implicaciones, que la transición sea inclusiva y participativa y que se apueste por una educación que incluya el cambio de modelo energético.En segundo lugar, compromiso con los objetivos europeos, que para 2030 son la reducción de los gases de efecto invernadero en un 40%, energía renovable sobre la energía final de, al menos, el 27%, mejorar la eficiencia energética al menos un 27% y el 15% de capacidad de interconexiones eléctricas sobre la punta de potencia eléctrica. En el horizonte 2050, el objetivo es reducir las emisiones entre un 80% y un 95% por debajo de los niveles de 1990. El informe de los expertosLos expertos analizaron escenarios sobre la evolución del sector energético hacia 2030, en términos de costes (económicos, ambientales y de seguridad energética), de emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes, y de mix tecnológico, para evaluar el comportamiento del sector eléctrico y sus posibles alteraciones cuando se modifican algunos parámetros. Además, se incluyó un escenario a 2050 para enmarcar los anteriores en una trayectoria a más largo plazo.El grupo de expertos trabaja con dos hipótesis que fueron definidas por la Asociación Europea de Operadores del Sistema Eléctrico (ENTSO-e). En el caso del sector eléctrico, el escenario Generación Distribuida (DG) y el escenario Transición Sostenible (ST). El primero es el que permite cumplir con los objetivos a 2030, pero también a 2050.El mix energético del escenario base aumenta el peso del gas y de las tecnologías renovables (sobre todo la fotovoltaica) mientras se reduce la demanda de petróleo; se asume que las nucleares se mantienen 10 años más respecto al agotamiento de su período de licencia, mientras el carbón prácticamente desaparece a finales de 2030. Las energías renovables serán quienes dominen el mix en 2050, mientras será necesaria una "bolsa de energía" a la que llaman de biomasa pero que no está definida aún y que, en gran medida, dependerá del desarrollo tecnológico.El análisis parte del caso base y éste se somete a test de sensibilidad para verificar el grado de cumplimiento de los objetivosmodificandoparámetros como el precio del CO2, la potencia del carbón, la ausencia de nucleares, la disminución del precio del petróleo, la mejora del aislamiento de los edificios, la mayor o menor eficiencia en el sector de la movilidad, etcétera.A partir de ahí, los expertos extraen una serie de conclusiones, entre las que destacan el alto grado de cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones, cómo sí resulta factible alcanzar el objetivo de penetración del 27% de las renovables sobre la demanda energética final, así como el cumplimiento con el objetivo europeo de eficiencia energética, con una mejora del 39,4% de eficiencia primaria respecto al consumo estimado para 2030. Además, ponen de relieve que para 2050 las energías fósiles pudieran no tener cabida en el sistema, su confianza en nuevas tecnologías en baterías y almacenamientos y, respecto a la energía nuclear, se enfatiza la necesidad de una planificación económica adecuada para gestionar el combustible gastado y ejecutar los desmantelamientos.Para el sector eléctrico, los principales resultados que se extraen son que un cierre anticipado del parque nuclear incrementaría los costes de generación, las emisiones de CO2 y la participación de renovables, mientras que se reducirían los vertidos renovables y el saldo exportador; o que un escenario en el que las renovables se situasen por encima del 31% en energía final podría complicar la seguridad e incrementar riesgos operativos del sistema. Medidas que hay que adoptarDe todo este análisis y resultados, se desprende una serie de medidas que España debe emprender con celeridad y que, independientemente del debate político, deben llevarse a cabo si queremos afrontar la transición energética y cumplir con los objetivos europeos:
Tasa de Enresa. Los propietarios de centrales nucleares deben pagar a esta compañía pública una tasa por la gestión del almacenamiento de los residuos de sus centrales. Si éstas se cierran al final de su vida útil actual, los cálculos más recientes apuntan a un déficit de ingresos cercano a 3.000 millones de euros, que podría desaparecer si la vida útil se alarga en otros 10 años. En caso contrario, hay que revisar al alza la tasa para subsanar el déficit. Posiblemente, tal medida deba acompañarse con la revisión y actualización del Plan de Residuos Radiactivos.
Pagos de capacidad. La señal de largo plazo del mercado para atraer nuevas inversiones o mantener las actuales es insuficiente porque la masiva presencia de renovables con costes variables muy pequeños hace que los precios del mercado eléctrico se depriman. Para solucionar este fallo hay que complementar el mercado actual, de sólo energía, mediante un mercado de potencia o subastas de potencia con neutralidad tecnológica y valoración positiva de la flexibilidad.
Subastas de energías renovables. La propuesta actual de la Comisión indica que debe haber un mínimo de 27% de energías renovables sobre la energía final, pero este porcentaje puede verse incrementado después de las reuniones entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo europeos.
Restricciones a la utilización de gasóleos en vehículos y de carbón y gasóleo en calefacciones en las ciudades. La calidad del aire en las ciudades está comprometida por la masiva presencia de vehículos en el tráfico rodado y por las calefacciones, que usan sobre todo carbón y gasóleo, agudizándose la situación en períodos de sequía. Es preciso impulsar la transformación de las calefacciones a sistemas con menos emisiones como las eléctricas, con bombas de calor o calderas de gas natural. Además, hay que aplicar determinadas limitaciones al uso de vehículos que consuman gasóleos en las ciudades por las emisiones de N0x y partículas que producen.
Claves para el debate políticoA partir del informe de los expertos, podemos destacar los asuntos que, probablemente, estarán en el centro del debate político durante los próximos meses:
La continuidad de las centrales de carbón. El argumento utilizado es que, en una transición hacia un sistema energético más sostenible, dada la mayor emisión de los grupos de carbón, ésta es la potencia que debería cerrarse en primer lugar. Sin embargo, en los análisis de sensibilidad realizados por los expertos, aun con 4.700 megavatios de carbón se sigue cumpliendo en 2030 la limitación de emisiones.
Las energías renovables en ese año deberán suponer al menos el 27% de la energía final, lo que supone cerca del 62% en el sector eléctrico, y se necesitará bastante potencia para garantizar el respaldo por la variabilidad de las mismas. Si la demanda eléctrica crece por la mayor penetración en las actividades económicas, es posible que se necesite más potencia de respaldo de los actuales ciclos combinados. Por tanto, no tiene mucho sentido el cierre anticipado de potencia que pudiera desarrollar esta función de apoyo si unos años más tarde se ha de incurrir en nuevas inversiones.
Cierre de las centrales nucleares. Los expertos se decantan (salvo algunos votos particulares) por la prolongación, por 10 años, de su vida útil.
Autoconsumo y el impuesto al sol. Al dejar de consumir energía generada a nivel centralizado, sustituyéndola por energía autogenerada, el consumidor no sólo evita pagar el coste variable asociado a dicha energía, sino también un elevado volumen de costes fijos del sistema eléctrico. En la propuesta de los expertos para modificar los peajes se indica que la generación distribuida se someta a la misma imposición y a los mismos peajes de acceso o cargos que sean de aplicación al resto de generación.
No obstante, proponen que los costes directamente relacionados con el suministro que sean proporcionales al volumen de energía consumida han de recuperarse a través del término variable del peaje o cargo correspondiente; y los costes directamente relacionados con el suministro, que sean proporcionales a la capacidad de potencia instantánea de la que se desea disponer, se recuperen a través del término de potencia peaje o cargo correspondiente.
Los costes relacionados con el suministro pasado, pero no con el presente, deberían recuperarse a través de un término de abono o conexión. Y los no relacionados, financiarse desde los Presupuestos Generales del Estado.
Vulnerabilidad energética. Los expertos proponen medidas como extender los beneficios del bono eléctrico a otros sectores energéticos, extender los del bono social energético a todos los consumidores vulnerables (no sólo a los severos) y que el criterio fundamental para su selección esté relacionado con la renta.
Asuntos que ganan relevancia para el debateAnte los retos actuales, hay una serie de asuntos clave que si bien hasta ahora no estaban en el centro del debate político, comenzarán a ganar peso por su importancia en los próximos años:
Mejora de la sostenibilidad ambiental. Si se aplican las medidas propuestas, mejorará la calidad ambiental.
Disminución en el futuro de los costes eléctricos. La mayor introducción de energías renovables hará que el precio de mercado se reduzca, con lo que disminuirá el coste del servicio eléctrico. Además, dado que el sector tiene una gran proporción de coste fijo sobre los totales, con la penetración de la electricidad en la economía la demanda eléctrica crecerá a pesar de las medidas que se aborden de ahorro y eficiencia energética. Con esta mayor demanda, los costes fijos se irán diluyendo, contribuyendo a la reducción del coste de la electricidad.
Asuntos que pierden relevanciaPor el contrario, asuntos que hasta ahora protagonizaban el debate comenzarán a tener menos peso, ya que pierden sentido ante las nuevas realidades o soluciones planteadas:
Los windfall profits. Son las diferencias entre el precio pagado en el mercado y los costes variables de cada tecnología. Pero como hay tecnologías que están amortizadas o a punto de estarlo, como la hidroeléctrica y la nuclear, habría un excedente que podría derivarse a tratar de conseguir la amortización de otras tecnologías o, alternativamente, a disminuir los costes de los consumidores. Sin embargo, como el precio del mercado va a ir disminuyendo, el problema se reduce en su cuantía y pierde el interés mediático.
El rechazo del mercado eléctrico. Se ha cuestionado la validez del mercado actual de generación de sólo energía, que fue diseñado para otro mix de generación y en el que la presencia de las energías renovables deprime el precio impidiendo la recuperación de las inversiones. Sin embargo, las directivas de la Unión Europea apuestan por la existencia del mercado como asignador de los precios de la electricidad, si bien habrá que aplicar, además, un mercado de potencia o unos pagos por capacidad que ayuden a la recuperación de las inversiones incurridas.
El informe de la Comisión de Expertos es un punto de partida para la reflexión y el debate sobre todos los puntos mencionados anteriormente. Girará en torno a dos claves: la energía nuclear y el carbón, pues son los dos puntos que generan la mayor discrepancia.Podemos afirmar que, en materia de clima y energía, hemos avanzado mucho y que hemos reducido los debates a una serie de puntos determinados, habiendo un amplio contexto en el resto de cuestiones. Además, si este informe se materializa finalmente en una Ley de Cambio Climático, hay dos grandes conclusiones: el cumplimiento con los objetivos europeos en energía y clima y el menor precio de la tarifa eléctrica como resultado de una mayor presencia de energías renovables y porque el sector eléctrico es fundamentalmente de costes fijos.
