El sistema de Seguridad Social cerró 2017 con un déficit de 18.512 millones de euros, el equivalente al 1,6% del Producto Interior Bruto (PIB). Este elevado saldo negativo, generado fundamentalmente por las pensiones, explica la mitad de todo el déficit de las cuentas públicas en ese ejercicio (3,1% del PIB).
Con el Presupuesto aprobado para el presente año 2018, que incluye revalorizar las pensiones un 1,6% y el aumento de la base reguladora de las pensiones de viudedad del 52% al 56%, no cabe esperar mejora en el déficit.
Ante el deterioro de la salud financiera sufrido por la Seguridad Social desde el inicio de la crisis hace 10 años, algunas organizaciones sociales y políticas (sindicatos representativos, PSOE y Unidos Podemos) proponen que los trabajadores coticen a la Seguridad Social por todo su salario, eliminando el actual tope que existe en la base de cotización (3.751,26 euros al mes; 45.012,12 euros al año).
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Los proponentes de la medida consideran esta situación injusta porque los trabajadores asalariados que superan esa renta (en torno al millón y medio) están exentos de pagar a la Seguridad Social por la parte del salario que supera la actual base máxima; es decir, que en su opinión "los trabajadores ricos" no aportan lo suficiente al sistema. Así, siguiendo su narrativa, el denominado 'destope de la base máxima' permitiría recaudar casi 7.000 millones y, dado que la medida no estaría acompañada de una mejora de la pensión máxima, permitiría reducir el déficit, a la vez que mejoraría la distribución de la renta.
Los datos aportados por el Ministerio de Empleo (ahora de Trabajo) y Seguridad Social a las dos comisiones del Pacto de Toledo, parlamentaria y agentes sociales, limitan los ingresos a 4.470 millones (como es conocido públicamente al haberse filtrado el documento a los medios de comunicación). Bueno, se puede pensar, esta reducción de las expectativas no genera mucho problema porque aunque sólo sean 4.470 millones, sigue siendo una buena aportación a un sistema que necesita dinero nuevo.
En economía ninguna decisión incide sobre una sola cosa (visión parcial), y casi siempre tiene más repercusiones al estar relacionadas muchas variables (visión global). Por este motivo, el sentido común nos lleva a pensar que las consecuencias de destopar la base de cotización no se limitará a mejorar la recaudación de la Seguridad Social (perspectiva parcial), sino que su influencia irá más allá. Para ayudar al lector a que alcance sus propias conclusiones sobre esta medida, puede ser interesante apuntar algunas cuestiones asociadas a ella:
1.- El sistema público de pensiones español es de reparto y tiene base contributiva, es decir, la prestación recibida por los trabajadores está relacionada con su aportación mediante el pago de la cotización social durante su vida laboral activa. La actual relación entre la base máxima de cotización y la pensión máxima es del 80% (se cotiza por 45.012,12 euros y se puede recibir una pensión de 36.031,81 euros al año), su punto mínimo histórico (ver gráfico). Estos trabajadores con mejores salarios ya están aportando solidaridad al sistema, acompañando a la generada por las pensiones mínimas.
Base máxima cotización/pensión máxima Seguridad Social 
La desaparición de la base máxima incrementaría su contribución a la solidaridad hasta un punto que podría interpretarse como una quiebra de la contributividad en ese tramo de renta. La única forma de no incurrir en este efecto incoherente con la actual esencia contributiva del sistema (utilizando el criterio de considerar las cuotas como salario diferido y no como un impuesto), sería aumentar la pensión máxima. Pero claro, en ese caso se perdería el objetivo de sanear financieramente el sistema de pensiones al aumentar a la vez, y en un mismo grado, sus ingresos y gastos.
2.- El tipo de cotización en concepto de contingencias comunes es un 28,3% de la base de cotización (hay cuotas adicionales en concepto de desempleo, formación y Fondo de Garantía Salarial hasta llegar al 35,35%), distribuida en un 23,6% como cuota del empleador y un 4,7% como cuota del trabajador. El total de la cuota obtenida se considera remuneración del trabajador en términos de distribución factorial de la renta, es decir, es propiedad del trabajador, pero la cuota del empleador forma parte del coste laboral asumido por la empresa por la contratación de sus empleados. El destope de la base máxima significa que las empresas verán encarecido en un 23,6% el coste de utilizar a estos trabajadores, en teoría los que ocupan puestos de trabajo con mayor valor añadido, por cada euro que supere los 45.012,12 euros anuales. A su vez, el trabajador vería aumentada su aportación en un 4,7%, es decir, reducida su renta disponible en ese porcentaje, sin obtener ninguna mejora en la futura pensión a percibir.
La comparación con los países de la zona euro no lleva a pensar en la necesidad de hacer desaparecer la base máxima de cotización. Más allá de realizar el poco útil ejercicio de comparar la cuantía en términos nominales en los diferentes países sin tener en cuenta las diferencias en los salarios generadas por la productividad, con los datos publicados por Eurostat el peso de la cuota del empleador en relación con el PIB en España es ligeramente superior a la media de la 'eurozona' (0,3% del PIB) y, sin embargo, es en la cuota del trabajador donde se recauda bastante menos (-3% del PIB). El exceso comparado del peso de la cuota del empleador es todavía mayor si se hace la cuenta en términos unitarios, por la mayor tasa de desempleo española que hace que el pago por ocupado sea todavía mayor.
Por tanto, si España quisiera parecerse a esa referencia media europea debería bajar la primera (empleador) y subir mucho la segunda (trabajador). Esta subida cubriría con creces el actual déficit, pero tendría la consiguiente pérdida de renta disponible de los trabajadores ocupados.
Conocida esta situación comparada con los socios europeos con los que compartimos un buen porcentaje de las relaciones comerciales, es posible pensar que algunas empresas españolas tengan tantos beneficios que podrán absorber ese mayor coste por trabajador, pero también hay que contar con que algunas, o muchas de ellas, no puedan hacerlo, y entonces tengan que elegir entre las decisiones posibles para mantener sus costes laborales. Se me ocurren las siguientes:
- Pactar con los trabajadores afectados una reducción de su salario monetario para compensar parcial o totalmente la subida de la cuota del empleador, con el consiguiente desincentivo de éstos al ver reducida su remuneración en nómina y saber que tampoco les aumenta el salario diferido.
- Trasladar a los trabajadores con menos cualificación ese mayor coste, parcial o totalmente, reduciendo sus salarios. Esta opción, no descartable porque estos trabajadores tienen menor poder dentro de la empresa debido al tipo de trabajo que realizan, echaría por tierra el objetivo redistributivo de la medida, consiguiendo lo contrario.
- Ajustar su plantilla reduciendo el empleo y reforzando la sustitución de trabajo por máquinas. De ser así, la recaudación por cuotas se reduciría en un porcentaje que podría ser incluso superior al incremento conseguido inicialmente.
3.- El hecho de considerar las cuotas salario diferido -la prestación se recibe por el pago realizado- es coherente con su instrumentación proporcional a través de las cuotas sociales, es decir, con un tipo único independiente de la renta del trabajador. Desde esta perspectiva no cabe atribuir un valor regresivo a las cotizaciones sociales, sobre todo cuando los salarios inferiores tienen una tasa de reposición más elevada. Por otra parte, la doctrina fiscal más contrastada señala a los impuestos como el instrumento más adecuado para conseguir redistribuir la renta, ya sea con su estructura o mediante las políticas de gasto que se financian con ellos.
4.- El mayor crecimiento de la pensión mínima respecto a la máxima puede reflejar un progresivo cambio hacia un sistema universal (que habitualmente tiene pensiones medias menores a los contributivos). De querer este objetivo, conviene decirlo para cambiar íntegramente el sistema de financiación del sistema público de pensiones.
A corto plazo, el sistema de Seguridad Social necesita equilibrar sus cuentas utilizando un periodo de tiempo adecuado a la magnitud del déficit y el proceso de saneamiento de las cuentas públicas. Para ello debería combinar un progresivo aumento de sus ingresos con una evolución del gasto acomodada a ese objetivo que recoja una distribución equilibrada de los esfuerzos entre los pensionistas. A la vista de las posibles consecuencias enumeradas en esta entrada utilizando una visión un poco más global de los posibles impactos en la economía española, la medida de 'destopar' la base de cotización puede que no sea precisamente una buena idea y se puede convertir en un atajo que termine con más efectos negativos que positivos para el sistema de pensiones y la sociedad española.
El largo plazo es otra historia determinada por un número más amplio y complejo de variables, que merece una reflexión más amplia y detallada.
