14 de Julio de 2018, 07:19
Saldo anual de la Balanza de Pagos (BP) por cuenta corriente y saldo fiscal de las Administraciones Públicas (AAPP)
En porcentaje del PIB.
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La información disponible sobre los Presupuestos aprobados en 2018 por los distintos niveles de gobierno (Administración General del Estado, Seguridad Social, comunidades autónomas y corporaciones locales) abonan el principio de realismo empleado por la ministra de Economía. Con la configuración de ingresos y gastos de estos Presupuestos parece muy complicado mejorar el déficit del 2,7% del PIB. Así, conseguir que fuera del 2,2% implicaría una reducción adicional de gasto o la incorporación de nuevos ingresos en un periodo bastante corto, dado que en cuanto al calendario legislativo ya estamos prácticamente en septiembre. De cumplirse este nuevo objetivo, que incluso puede verse entorpecido por la amplia relación de propuestas de gasto presentes en el Parlamento (antiguas y nuevas), la Seguridad Social sería responsable de una buena parte del saldo negativo (1,6%-1,7% del PIB) y la Administración General del Estado lo haría en un porcentaje parecido (1,5% del PIB). La posición de las comunidades autónomas se acercaría al equilibrio, aunque todavía tendría un pequeño déficit (0,1%-0,2% del PIB). La previsión de saldo positivo de las corporaciones locales (0,5% del PIB) ayudaría bastante a conseguir el nuevo objetivo de déficit. De ser así, la disminución anual del saldo negativo en 2018 se limitaría a 0,4 puntos del PIB y se lograría íntegramente por mejora cíclica de la economía; es decir, no habría esfuerzo estructural. La dificultad sería mayor en 2019, porque habría que reducir el déficit en 0,9 puntos del PIB cuando la ayuda recibida de la mejora de la actividad económica difícilmente alcanzará el medio punto. Es decir, sería necesario aumentar adicionalmente los ingresos en torno a los 5.000 millones de euros para mantener la actual estructura de gasto. Además, a la hora de elaborar el próximo Presupuesto de gastos, los responsables de esta tarea deberán tener en cuenta que sólo en prestaciones contributivas de la Seguridad Social serán necesarios en torno a 6.000 millones de euros adicionales, de los que 5.600 millones son mayor gasto en pensiones y, por tanto, ese crecimiento puede obligar a realizar ajustes en otras partidas. Cualquier aumento adicional del gasto sobre el recogido en los actuales Presupuestos (sólo la propuesta de renta mínima tiene un coste de 12.000 millones de euros anuales) implicaría la necesidad de nuevos ingresos que es necesario aprobar con la correspondiente mayoría en las Cortes Generales. Las cuentas públicas cumplen una función económica y social que viene determinada por su capacidad de mejorar la eficiencia en las relaciones económicas (crear más riqueza) y la equidad (distribución de la renta). La teoría económica justifica su participación mediante la regulación y los Presupuestos, a partir de la identificación de los fallos de mercado. En sentido contrario, la experiencia ha demostrado que su presencia también puede tener efectos contrarios a los esperados cuando aparecen los fallos de gobierno. En la práctica, por lo menos en España, y a falta de análisis serios y rigurosos de la actuación del sector público, la valoración de su presencia está muy influenciada por posiciones mucho más simples que se acercan a considerar lo público bueno o malo. En este contexto, aunque parezca una verdad de Perogrullo, la única repercusión segura a corto plazo de la relajación del déficit de las cuentas públicas es el aumento nominal de la deuda en circulación, porque el resto de las consecuencias son más difíciles de demostrar. La incidencia de la medida parece favorecer a corto plazo la actividad económica al mejorar la capacidad de consumo e inversión de las familias, en especial por la subida salarial a los empleados públicos y la mayor renta de los pensionistas. La incidencia a medio plazo no está tan clara, porque la economía española ha mostrado una gran debilidad para cubrir con oferta propia los aumentos de demanda interna, es decir, la ralentización en la consolidación fiscal puede funcionar como incentivo si a la vez se consigue mejorar la oferta productiva y, con ella, el potencial de crecimiento de la economía española. En este apartado aparecen más dudas, porque no se observan los instrumentos necesarios en el sector privado y público para reforzar el tejido productivo nacional con mejoras sostenidas en productividad (negociación colectiva con flexibilidad interna, aumento en el tamaño de las empresas, mayor eficiencia en la gestión de personal público, cambios estructurales en el sistema educativo). La sostenibilidad de las cuentas públicas es un factor poco apreciado por la sociedad española, de manera que la política, la representación de la soberanía popular, encuentra muchas dificultades para adoptar las medidas necesarias para conseguirla. Para mejorar esta relación, la sociedad debe ser coherente con sus demandas y, con independencia de que de oficio el sector público debe abogar por la eficiencia en su gestión, políticas de gasto más ambiciosas necesitan de políticas de ingresos más potentes. En este terreno, algunas consideraciones:
