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El 'procés' y la defensa de la complejidad política

Daniel Innerarity

3 de Julio de 2018, 22:26

Si alguien hace una descripción de cualquier problema y lo que resulta de entrada es un campo binario, polarizado y sin lugar para posiciones matizadas o intermedias, puede tener la seguridad de que el diagnóstico no está bien hecho. Si además sucede que en esa descripción, pretendidamente objetiva, unos tienen toda la razón y otros están en el rincón de los locos o los estúpidos, entonces es uno mismo quien tiene que hacérselo mirar. El conflicto político que se vive en Cataluña y en relación con España únicamente podrá resolverse si lo diagnosticamos con toda su complejidad; nada garantiza que de un diagnóstico certero se siga fácilmente la solución, pero podemos estar seguros de que afrontarlo con simplicidad nos conducirá con toda seguridad hacia el fracaso.

Los conflictos se vuelven irresolubles cuando caen en manos de quienes los definen de manera tosca y simplificada; desde el momento en el que los problemas políticos se reducen a cuestiones de legalidad u orden público, cuando aparece una idea de legalidad que invita a los jueces a hacerse cargo de todo el asunto, cuando uno aparece como asistido de todas las razones de la democracia y el adversario de ninguna, en cuanto se enfrenta un nosotros contra ellos de los que se ha eliminado cualquier atisbo de pluralidad y todos los matices de la pertenencia… a partir de entonces todo está perdido hasta que no recuperemos una descripción del problema que lo acepte en toda su problematicidad.

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Será por mi profesión de filósofo, que nos inclina a complicar las cosas, pero siempre he sospechado de quien plantea los problemas y, sobre todo, las soluciones, con excesiva simplicidad, porque suele terminar suponiendo mala fe en quienes aun así todavía no lo ven claro. No tengo la solución al problema territorial del Estado español y sería una arrogancia pretender que uno dispone de la verdadera descripción de lo que está pasando. Pero me atrevo a criticar que las descripciones dominantes son de una simpleza tal que no deberíamos sorprendernos de que todo se atasque después. Los términos del problema son, o no, el comienzo de la solución. Lo que de un tiempo a esta parte más me ha llamado la atención de unos y de otros es precisamente la inocencia con la que apelan a valores como democracia, estabilidad o legalidad, sorprendidos de que no todo el mundo se ponga inmediatamente de rodillas ante la evidencia y en disposición de cumplir las órdenes que emanen de tan incuestionable principio. No es toda la solución, pero sí parte de ella y un requisito para avanzar el respeto hacia la complejidad de los problemas. Uno de los mecanismos que más torpemente simplifica nuestros conflictos políticos es su inmediata traducción en términos morales. Si algo va mal, debe de haber un culpable; si hay un desacuerdo, es porque alguien se resiste a aceptar las evidencias. No deberíamos patologizar al adversario, y no porque no haya gente con patologías muy severas, también entre los agentes políticos, sino porque nuestra dificultad para entendernos no es necesariamente, ni siempre, un problema de mala voluntad. Si sólo nos fijamos en el mal que ha hecho el adversario, nos incapacitaremos para esa mínima empatía sin la cual es imposible entender sus razones (por muy escasas que creamos que sean), y desde luego no podremos emprender ningún diálogo constructivo. No avanzaremos como sociedad democrática mientras mantengamos unos discursos en los que damos por evidente nuestra interpretación de la realidad y consideremos irracionales o inmorales a quienes ven las cosas de otra manera. El núcleo de la discusión viene dado por el concepto de derecho a decidir, y propongo que exploremos las posibilidades de formularlo de una manera más sofisticada. Por un lado, aparece como un concepto mágico, vinculado a un momento inaugural, mientras que debería ser un concepto que permitiera expresar la continuidad con la que la sociedad se autogobierna, la legitimidad que sostiene sus instituciones y el método en el que puedan de verdad encontrarse los diversos modos de identificación nacional en los que se expresa el pluralismo de esta sociedad. Pero entonces aparece el segundo problema que hemos de resolver. En Cataluña hay un amplio grupo de ciudadanos que se consideran nación y otro no menos amplio que se identifican también en el marco de España, es decir, unos quisieran en principio poder decidir ellos mismos y otros quieren que sus decisiones sean integradas en un marco español de decisión. No hay ningún argumento convincente para declarar ilegítima ninguna de las posiciones: la aspiración a decidir independientemente y la de co-decidir con el resto de los habitantes del Estado español son igualmente democráticas. Lo que no sería en absoluto razonable es considerar una de ellas como menos democrática. Nuestro punto de partida tendría que ser el reconocimiento de que ambas aspiraciones son democráticas y legítimas con independencia de lo que cada uno considere mejor. Si damos un paso más, podemos sintetizar el núcleo del problema de la siguiente manera: se trataría de cuadrar el círculo consistente en que hay que satisfacer en la medida de lo posible a quienes tienen como punto de partida ámbitos de decisión tan diferentes. Porque, si nos tomamos en serio el derecho a decidir de la ciudadanía catalana hemos de integrar a todos, a los que quieren decidir, por así decirlo, solos o acompañados. Todo lo que sea imponer uno de los dos modelos de decisión implica predeterminar el resultado y excluir a los otros. Por si fuera poco, estamos llevando a cabo esta discusión en medio de procesos de integración en Europa, es decir, elaborando un nuevo modelo de co-decisión con el resto de los europeos, para lo que no tiene sentido la idea de un espacio de decisión autárquico; la realidad es más bien que para determinados temas decidimos autónomamente y para otros entendemos que es mejor co-decidir, para algunos es incluso delegar y transferir soberanía, algo que autorizamos de manera estable a través de las instituciones comunes y que, desde una posición federalista europea, seguramente tendrá que ser aún mayor. Propongo, por tanto, no abandonar el principio de fondo que está en el derecho a decidir, sino tomárselo en serio con toda su radicalidad: defiendo el derecho a decidir de todos, es decir, formulado de modo que integre todos los modelos de decisión que están implícitos en los distintos tipos de identificación nacional presentes en la sociedad catalana. Solo así entendido, el derecho a decidir será un punto de encuentro y no una imposición o un veto; una verdadera co-decisión. (Este análisis forma parte de una serie del autor titulada 'Cinco reflexiones sobre el conflicto catalán desde la filosofía política')  
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