2 de Julio de 2018, 18:50
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La resolución de la crisis del Aquarius, con la decisión del Gobierno español como toque de atención para el resto de los socios europeos, ha vuelto a poner en primera línea mediática la cuestión de la movilidad de las personas. Para aquellos defensores de los derechos humanos, esta acción humanitaria fue un gran paso. La cuestión que se comenzó a plantear a partir de ese momento fue si sería posible cambiar el rumbo de las políticas de migración y asilo en la UE; o, mejor dicho, del control y la gestión de las fronteras europeas, que es en realidad de lo que se está hablando. En este contexto, además, ha aumentado en las últimas semanas la llegada de personas procedentes del continente africano, coincidiendo con la llegada del buen tiempo y el fin del Ramadán. En el caso español, nadie ha salido a explicar los porqués de este incremento, al que habría que sumar los dos anteriores: los cierres de las rutas del Mediterráneo oriental y el central. Aparcada la reforma del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) en el mes de mayo, parecía posible impulsar una agenda migratoria alternativa a través de una alianza firme del eje Lisboa-Madrid-París-Berlín. Con este fin aparente se convocó una reunión informal el 24 de junio de 2018 en Bruselas. Se reunieron Alemania, Italia, España, Francia, Austria y Bulgaria para explorar las posibles acciones, reformas y/o políticas que impulsar en el Consejo del día 28. Frente a ellos se situaban como una piña los países de Visegrado, que en una cumbre paralela habían decidido el día 21 oponerse a cualquier propuesta de distribución de refugiados, pasada o futura. Así las cosas, tuvo que ser, una vez más, la canciller Merkel, con una delicada situación política interna, la que dio la cara y afirmó que en el Consejo Europeo de junio no se realizarían grandes avances en política de inmigración y asilo. Una vez más, probablemente tenga razón. La carencia de imaginación de los líderes europeos ha vuelto a manifestarse. La propuesta estrella que se debatirá en el Consejo Europeo será, ni más ni menos, que la creación de plataformas de recepción de migrantes y refugiados en territorio europeo o no europeo, algo sobre lo que el Consejo está dividido entre las posiciones más garantistas y las más restrictivas. A la luz de la carta de invitación de Tusk al Consejo del 28 de junio, parece que la Presidencia opta por la externalización total de la contención migratoria. En todo caso, tendremos que esperar a las conclusiones del Consejo para ver qué pasa con todos los campos que ya existen en Marruecos, Argelia o Turquía, fruto de los acuerdos con la UE en el proceso de externalización del control migratorio. Los más garantistas argumentan que, si bien se ha tomado el modelo australiano como referencia de buena práctica para la gestión de flujos (quizás convendría a más de uno leer los índices de ineficacia de este modelo), el hecho de que esos campos estén situados en territorio europeo asegura el buen hacer. Se matiza que, por supuesto, las personas encerradas en ellos estarán bajo la protección de la legislación europea y, por tanto, sus derechos estarán asegurados; faltaría más. Aunque el modelo pudiera asemejarse a los centros de Internamiento de Extranjeros (CIES), el procedimiento a seguir sería el de los actuales hotspots situados en Italia, Grecia y Hungría, donde se clasifica a las personas según sean potenciales receptoras de protección internacional o migrantes económicos. En el primer caso, se procedería a tramitar la solicitud de asilo; en el segundo, a la expulsión (si es que existen acuerdos bilaterales de repatriación). También está por ver quién realizará la gestión de los mismos: ¿los ministerios del Interior, los de Justicia o alguna institución creada ad hoc? No se ha escuchado a ninguno de los líderes europeos plantear la posibilidad de abrir vías legales de acceso a los mercados de trabajo europeos en sus distintas modalidades, que van desde la temporalidad pasando por la circularidad...; poner en práctica la concesión de permisos humanitarios en las embajadas y consulados de los estados miembros en países de origen y tránsito; o vincular los acuerdos bilaterales con países terceros (como proponía el profesor De Lucas) a una condicionalidad vinculada a la democracia y el respeto del Estado de derecho y no a ayudas económicas y comerciales. Éstas, entre otras, serían un buen punto de partida. Pese a no ser medidas originales, pueden comenzar a aplicarse de manera inmediata, puesto que ya existe la normativa que las recoge. Pero, sobre todo, serían medidas que ayudarían a salvar vidas, servirían para no estigmatizar a los migrantes y no generarían alarma social entre la ciudadanía. Permitirían evitar el drama humano que se vive cada día en el Mediterráneo que tan buenos réditos está dando a los actores implicados, bien sea en forma de apoyo electoral, bien en ganancias económicas. Eso sí, son medidas menos vistosas, menos faraónicas, pero que permitirían a la UE y a sus estados miembros comenzar a dar pasos en la transformación de una política de migración y asilo que pase de la contención y la reacción a la acción y la toma de iniciativa con la UE como actor global, pero también de los países como garantes de los valores que, supuestamente, les distinguen de otros: el respeto de los derechos humanos, el cumplimiento del Estado de derecho y la salvaguardia de la democracia.
