De nuevo, se minimizan las violencias sexuales

El jueves 21 de junio se conocía el Auto de la Audiencia de Navarra por la que se decreta la prórroga de la prisión provisional, eludible bajo fianza de 6000 euros, para los cinco condenados a 9 años de prisión por abuso sexual en los Sanfermines de 2016. Las reacciones al auto no se han hecho esperar y han vuelto a poner sobre la mesa la disonancia entre norma y realidad. Y, más en concreto, la distancia entre las experiencias de las mujeres ante las violencias machistas y, de forma específica, ante la violencia sexual y el discurso jurídico imperante. Una distancia que requiere de análisis sosegados si lo que se busca es la tutela y la garantía de los derechos de las mujeres. Y es que cuesta explicar fuera de los ámbitos estrictamente jurídicos la legalidad de un auto que trae causa de una previa sentencia condenatoria por abusos sexuales – que no por agresión sexual – aspecto también cuestionado desde el análisis jurídico crítico articulado desde la perspectiva de género-. Se ha comentado la necesidad de adecuar el Código Penal al contexto actual y más en delitos contra la libertad e indemnidad sexual. Máxime porque la violencia sexual forma parte del concepto más amplio de violencia de género a nivel internacional. En la misma línea cabe significar la importancia de no centrar el análisis única y exclusivamente en el Código Penal sino también en la necesidad de repensar la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal (consúltense los arts. 503 y ss. LECrim.) y la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y todo ello en aras de implementar la perspectiva de género en el discurso jurídico en su sentido más amplio que abarca no solo el proceso de elaboración de la norma sino también sus dimensiones aplicativas e interpretativas. En este punto, conviene reseñar cómo es sobre estas dos últimas dimensiones sobre las que recae la tutela última de los derechos de las mujeres que las (nos) posicionan y/o sitúan en un lugar central y/o periférico.

[Recibe diariamente los análisis de más actualidad en tu correo electrónico o en tu teléfono a través de nuestro canal de Telegram]

Pero centremos – sucintamente – el análisis en lo que dice (y no dice) el auto en cuestión y veamos en qué términos el Derecho piensa a las mujeres:

• El auto conocido ayer acuerda la prórroga de la libertad provisional eludible bajo fianza, lo que se traduce en la puesta en libertad provisional de los condenados por no ser firme la sentencia al estar recurrida.
• El auto – en un ejercicio de ponderación – analiza los intereses en juego a tenor de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y colige la preeminencia del derecho a la libertad personal frente a las pretensiones de las acusaciones en aras de prorrogar la prisión provisional de los condenados.
• Como justificación a esta decisión el auto señala la notable reducción de las penas solicitadas y que se concretaron en la sentencia condenatoria de 27 de abril de 2018. En la misma línea alude a los principios "favor libertatis" e "in dubio pro reo".
• El auto analiza los criterios que operan en este ámbito para acordar la prisión provisional (o su prórroga) como el riesgo de fuga, reiteración delictiva y destrucción de pruebas. Con respecto al primero, el Tribunal considera que no opera por el arraigo familiar y social de los condenados. En relación con el segundo, el Tribunal lo desestima no teniendo en cuenta la investigación en curso en otro juzgado que afecta a cuatro de los condenados. Por último, con respecto a la destrucción de pruebas también es desestimada por el Tribunal.

Sin perjuicio de lo expuesto, el auto cuenta con un voto particular discrepante del presidente del Tribunal en donde aboga por la prórroga de la prisión provisional hasta el máximo permitido por la ley mientras no haya sentencia firme en aras de la "indiscutible gravedad" de los delitos concretada en el "contenido de la pena impuesta" con afectación directa a los bienes jurídicos de especial relevancia que operan en los delitos contra la libertad e indemnidad sexual.

El debate jurídico (y no solo) sigue abierto en relación con al tratamiento y abordaje de las violencias sexuales (en plural). El tema no es anodino y las posturas enfrentadas no se han hecho esperar máxime porque en el fondo lo que se está poniendo en cuestión es el modelo normativo de lo humano que subyace en el Derecho, en general, y en la tipificación de los delitos contra la libertad sexual. Un modelo que no es neutro a pesar de la dicción literal del texto de la ley y que se evidencia en las dimensiones interpretativas y aplicativas de la norma. La ponderación de los intereses en juego recogidos en el auto objeto de comentario es ejemplo de lo anterior.  Y es que, pese a la gravedad de los hechos probados en la sentencia condenatoria de abril de 2018, al final el mensaje que se traslada a nivel social es que en el fondo los delitos contra la libertad e indemnidad sexual que tienen como sujetos pasivos mayoritariamente a las mujeres no son tan graves como para merecer un firme reproche social y, por ende, jurídico. Se vuelven a minimizar las violencias sexuales a las que están (-mos) expuestas las mujeres e, indirectamente, se corre el riesgo de legitimar un discurso que sigue dando cobertura social al libre acceso al cuerpo de las mujeres. No obstante lo anterior, piénsese que el debate no es nuevo. Recuérdese que ya en los años 90 las opiniones críticas sobre el tratamiento jurídico de este tipo de delitos saltaron a la palestra informativa a raíz de dos sentencias polémicas como la de la Audiencia Provincial de Lleida en el famoso "caso de la minifalda" en donde la credibilidad de la víctima se ponía en cuestión señalándose que ésta pudo haber provocado "(…) si acaso inconscientemente, al empresario por su vestimenta" y la de la Audiencia Provincial de Pontevedra en donde se absolvía a dos acusados de violación por la "vida licenciosa" de la víctima.

El momento actual exige identificar y poner sobre la mesa los retos del discurso jurídico frente a las violencias machistas. Retos en los que cobra un valor protagónico la necesaria implementación de la perspectiva de género, esto es, tener en cuenta las experiencias y vivencias de las mujeres ante todas las formas de abusos y violencias sexuales. Llegados a este punto, ténganse en cuenta dos sentencias recientes del Tribunal Supremo (Sala de lo Penal) por las novedades interpretativas y reconceptualizadoras que introducen, a saber: STS de 28 de mayo y STS de 13 de junio de 2018, respectivamente. En sendas sentencias el Alto Tribunal aplica de forma expresa la perspectiva de género evidenciándose las potencialidades transformadoras de la misma que permiten garantizar los derechos de las mujeres en casos de violencia de género.