16 de Junio de 2018, 22:02
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Por supuesto, esto ha generado una discusión al interior del país: los hay quienes apoyan la pertenencia de Colombia a la OCDE, porque ven las ventajas de la inserción del país al circuito económico mundial dentro de una visión de calidad en las decisiones económicas. Sin duda, el Centro Democrático, partido de derecha, creado por Álvaro Uribe y que hoy tiene como candidato a Iván Duque, se ubica entre estos adeptos al ingreso. En la orilla opuesta se encuentra el candidato de la izquierda, Gustavo Petro, que se ha mostrado más crítico. Para muchos, el ingreso en la OCDE y la firma de la paz son las dos herencias más importantes que dejará Santos tras ocho años de mandato. Mientras que la derecha ha sido duramente crítica con el proceso de paz, la izquierda ha tomado como propias las banderas del fin del conflicto, pero en el caso de la llegada a la OCDE las posiciones se intercambian radicalmente. Para acceder a este prestigioso club, Colombia tuvo que someterse a la evaluación de 23 asuntos muy diversos. Algunos son aspectos innegablemente deseables para cualquier sociedad como política ambiental, gobierno corporativo, cohecho en las transacciones internacionales, competencia, empleo y asuntos sociales, política regulatoria, desarrollo territorial, desarrollo económico, política científica y tecnológica, política de información, computación y comunicaciones, política del consumidor, educación y estadísticas. En todos estos ámbitos resulta saludable tener controles y referencias de alta calidad en el manejo estatal. Algo más de dudas y suspicacias se plantean en aspectos como inversión, químicos, comercio, asuntos fiscales, seguridad social y pensiones privadas, mercados financieros, salud, agricultura y pesca, en los que pueden existir intereses encontrados entre los países miembros. Un requisito de mayor exigencia en estos sectores puede eventualmente significar beneficios económicos para otros miembros, lo que implica que pueden ser utilizados de manera tendenciosa, lo cual es el mayor temor de los críticos. Desde el Gobierno se ha insistido en que la OCDE no es un tratado de libre comercio y que las decisiones se formulan de manera grupal, aunque esos mismos críticos piensan que la llegada a esta organización implica una menor autonomía en las políticas macroeconómica y sectoriales precisamente por lo que significa en términos de ajustes. De acuerdo con los datos más recientes, Colombia ingresa a este club como el miembro más pobre. Su Producto Interior Bruto per cápita es de apenas 14.000 dólares, justo un tercio del promedio que alcanzan los demás países y un 50% menor que Chile, el siguiente en la lista de pobreza. Sin embargo, su comportamiento es mucho más favorable cuando se analiza el crecimiento esperado para 2019 que, de acuerdo con las propias proyecciones de la OCDE, se sitúa en el 3,2%, por encima del promedio grupal del 2,5%. Asimismo, Colombia es uno de los países con mayor crecimiento de su comercio exterior: sus exportaciones han crecido a una tasa de 4,9%, superior al aumento del 4,6% de todos los países del grupo. En inflación, Colombia tiene una meta a largo plazo del 3%, ligeramente superior al promedio (2,4%). De hecho, la política monetaria es una de las fortalezas del país en su historia económica. En resumen, si bien Colombia aún está rezagada en su desarrollo frente al resto de países de la OCDE y presenta un nivel de vida inferior con índices de pobreza aún altos, inequidad persistente y una informalidad todavía preocupante, también es cierto que ha mantenido unas políticas macroeconómicas y un rumbo para el que las exigencias de mayor rigor y objetivos más claros de la OCDE pueden ser muy favorables. En ese sentido, el mensaje que deja el ingreso de Colombia es conveniente y contundente: no se ingresa por ser un país rico, sino porque existe la voluntad de alcanzar niveles más altos mediante políticas serias y estables. Los estándares a los que estará sometido Colombia le permitirán anclar sus políticas en el centro del espectro político, lo blinda contra las aventuras inciertas del neo-socialismo (desde el caso extremo de Venezuela hasta posiciones más sensatas como la de la concertación y el socialismo chileno), pero al mismo tiempo obliga a los gobiernos de derecha a ser cuidadosos con las políticas laborales y a no perder de vista la equidad y el desarrollo social. Asegurar que es el camino hacia el mundo desarrollado es lanzar una moneda al aire, pero ciertamente aleja los vaivenes de los variables intereses políticos y es una herramienta que otorga un criterio técnico a las políticas y al manejo del Estado.
