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La literatura académica hace mucho tiempo que identificó los sistemas con representación proporcional como más proclives a favorecer una mayor paridad en política. Los sistemas mayoritarios, en cambio, ofrecen más resistencias por la necesidad de elegir a un solo candidato en distritos únicos. Las listas abiertas también obstaculizan la presencia política de mujeres por la prevalencia de fuertes prejuicios de género en torno al poder y el liderazgo. Pero una herramienta concreta explica la diferencia entre países con sistemas electorales similares: las cuotas. Según Tripp & Kang (2008), de todos los posibles elementos institucionales y de otra índole (entre otros, el régimen político, la religiosidad, el desarrollo económico o el acceso de las niñas a la educación), las cuotas emergen como el factor explicativo predominante de mayores niveles de representación femenina en los legislativos nacionales. Entre sus distintos tipos, las de asientos reservados (por imperativo legal) resultan ser más eficaces que las voluntarias. Las autoras encontraron también una relación positiva entre una mayor presencia de mujeres en los órganos de decisión de los partidos y la introducción de cuotas. En España, los dos partidos de izquierda (PSOE e IU) adoptaron ya en 1997 un sistema de cuotas para garantizar la paridad en sus candidaturas electorales y comités de partido. La adopción de cuotas en el Legislativo no llegó hasta 2007 de la mano de José Luis Rodríguez Zapatero, pero para entonces la representación de las mujeres ya había alcanzado casi el 40% tanto en el Parlamento estatal como en la gran mayoría de los autonómicos. Lo interesante del caso español es que a pesar de que el empuje viene, como suele ocurrir, de la izquierda (y especialmente del PSOE, felizmente persuadido por el feminismo), se ha producido, como escribió Tania Verge, un efecto contagio en todo del sistema de partidos. El Partido Popular, a pesar de rechazar abiertamente las medidas de acción positiva, no se ha quedado atrás en la feminización de la escena política. El importante debate que sigue es si las mujeres ganan con mayor paridad en la representación formal. Es decir, si las que ocupan posiciones de poder impulsan políticas con perspectiva de género. Existen estudios que indican que las mujeres son más proclives que los hombres a legislar en educación, salud, cuidado infantil o violencia contra las mujeres. Esto bien podría ser porque, en general, suelen ocupar las carteras de índole más social. Mujeres como Margaret Thatcher, Angela Merkel o Christine Lagarde no pasarán a la historia como políticas con una agenda feminista, pero si seguimos el razonamiento de la politóloga británica Anne Phillips, esto importa poco. La diversidad de la sociedad tiene que verse reflejada en los parlamentos. Lo que la autora reconoce como la política de la presencia es un requisito indispensable de cualquier democracia y aquí, por supuesto, no hablamos sólo del sexo. Sabemos, no obstante, que cuando la igualdad en la representación se convierte en objetivo prioritario, le suele seguir una mayor preocupación por impulsar políticas de igualdad de género. En la década de los 80 había en nuestro país un único partido que de manera destacada abogaba por políticas de igualdad entre mujeres y hombres. Hoy lo hacen todos. Por poner sólo un ejemplo, desde que el PSOE introdujo la ampliación del permiso de paternidad en 2007 -una medida de igualdad de género destinada a los hombres-, todos los partidos han entrado en una intensa competición por ofrecer más. Resulta curioso que la ampliación del permiso por paternidad formara parte del acuerdo para que Ciudadanos apoyara la investidura (primero) y los Presupuestos (después) de Mariano Rajoy, de forma que fuera el ex presidente del PP quien, con años de retraso, pusiera en marcha la reforma del presidente socialista. Cómo se produce y en qué medida esta competencia entre partidos por atraer el voto femenino es un aunto que daría para entrar en profunda discusión. De momento, aquí y ahora: gran aplauso y vuelta al ruedo.
