28 de Mayo de 2018, 22:20
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Lo anterior empeora si consideramos que, mediante estas Conclusiones del Consejo, la Unión Europea ha lanzado una política anti-paraíso fiscal teóricamente agresiva aunque sus miembros no se han puesto de acuerdo en dos cuestiones básicas íntimamente relacionadas: por un lado, sobre que todos adopten íntegramente la lista, esto es, que los paraísos fiscales de los 28 estados miembros coincidan exactamente con los comunitarios. Y, por otro lado, sobre las medidas defensivas o de represalia que se aplicarán. Una lista verdaderamente única es lo que daría imagen de unidad y de trabajo conjunto, e imprimiría un impulso político real a su ejercicio, derivado de la acción coordinada. Pero si cada uno sigue escogiendo quiénes son sus paraísos fiscales, no sólo se pierde ese efecto, sino que se da precisamente la imagen de todo lo contrario. En cuanto a las medidas defensivas o de represalia, a lo más que han llegado las Conclusiones del Consejo (Anexo III) es a comprometerse a que todos los estados realizarán una supervisión reforzada de ciertas transacciones, y a que habrá una mayor probabilidad de fiscalización de los contribuyentes allí donde intervengan los paraísos fiscales. En suma, no se han puesto de acuerdo en casi nada, ni siquiera en un marco cuantitativo (¿cuánto mayor es esa probabilidad de fiscalización exactamente, el doble o un 5%?) o temporal (¿cuándo empezarán, cuándo terminarían?). No obstante, es preciso reconocer que sí se van a aplicar algunas medidas defensivas ajenas al ámbito fiscal que pudieran tener incidencia, condicionando alguna de las políticas de ayuda al desarrollo de la UE a no estar en la lista negra. Es decir, que para que tenga incidencia esta medida el paraíso fiscal tiene que ser pobre En definitiva, y en términos de imagen de bloque, se muestra debilidad, por la escasa profundidad y compromiso efectivo del acuerdo. 4.- La guinda la constituye el hecho de que esta política se hace sin haber lavado los trapos sucios de casa previa o simultáneamente. En efecto, algunas organizaciones han advertido de que son varios los estados miembros que no cumplen con las condiciones que se impone a los países o territorios no cooperadores. En concreto, el Tax Justice Network señala al Reino Unido, Irlanda, Países Bajos, Malta y Chipre. Sin necesidad de entrar a este debate de fondo, sí parece claro que señalar a terceros era una política arriesgada en un contexto de competencia fiscal bastante agresiva en el seno de la UE. Una cosa es tener trapos sucios y otra airearlos Llegados a este punto, uno se puede preguntar por qué la UE (Comisión y Consejo al alimón) decide entrar en este territorio tan controvertido. Quizá porque en el marco político (y mental) de la Unión Europea era necesaria una posición más ambiciosa y más comprometida que la de la OCDE. Se había logrado una política anti-elusión comunitaria bastante exitosa, principalmente gracias a la directiva del mismo nombre de julio de 2016, y profundizar en el combate contra los paraísos fiscales parecía un paso lógico. Sin embargo, se ha producido posiblemente un error de cálculo, porque mientras la política anti-elusión encarnada por la Directiva despliega sus efectos hacia el interior de la Unión (tiene todo el sentido evitar que los socios comunitarios se hagan trampas entre sí) y se respeta en gran medida el marco técnico de BEPS, hoy casi un consenso mundial, no es tan fácil ponerse de acuerdo en quiénes son paraísos fiscales, ni cuánto daño hacen a cada Estado. Ni tampoco se pueden obviar determinados vínculos histórico-políticos, como el Caribe anglosajón u holandés (no son los únicos), que inevitablemente suscitarán presiones y fricciones. En definitiva, se ha tratado de un ejercicio tardío, ya que la lista de la OCDE, al menos la más importante, era de 2009; y bastante estéril, dado que la lista es de por sí muy corta, de modo que no tendrá demasiados efectos prácticos. Y ha resultado contraproducente en lo político, aireando una vez más las dificultades para tomar decisiones a nivel europeo en materia de fiscalidad directa. Una política seguramente bienintencionada, pero esencialmente fallida.
