¿Moción de censura o cuestión de confianza?

A diferencia de la vida cotidiana, en política tomar la iniciativa suele ser recomendable solo cuando el coste de meter la pata es menor que el de no hacer nada. En Yes, Minister, Sir Humphrey ilustraba esta aversión al riesgo distinguiendo entre las decisiones controvertidas (que hacían perder votos) y las valientes (que hacían perder elecciones).

El alumno más aventajado de este estilo decisional en la política española es, sin duda, Mariano Rajoy, que hace de la dilación en las decisiones el criterio más frecuente para no tomarlas. Y no se podrá decir que hasta ahora le haya funcionado muy mal, incluso asumiendo que en la cuestión catalana había (y hay) margen para tomar decisiones modestas con eventuales efectos poderosos. La gestión en el recambio de sus ministros es el mejor espejo de este comportamiento: Rajoy ha sido el primer jefe de Gobierno de la democracia española que no ha cesado proactivamente a ningún ministro en medio de la legislatura; éstos, simplemente, le han ido dimitiendo (por razones diversas). Su último triunfo han sido los Presupuestos Generales del Estado para 2018, en los que la paciente espera ha obtenido el triple salto mortal: que el PNV diera su apoyo a pesar del artículo 155 en vigor y de los numerosos líderes nacionalistas catalanes en prisión; que Ciudadanos acepte implícitamente el acuerdo para el Cupo Vasco, e incluso que hasta un diputado canario elegido en las listas del PSOE los vote favorablemente sin que nadie se haya escandalizado.

¿Servirá esta ética de la no-decisión para afrontar el temporal desatado por la sentencia de la Gürtel? En realidad, nos encontramos ante una paradoja formidable: en esta situación ninguno de los partidos relevantes puede permitirse no hacer nada, aunque todos querrían que nada cambiara en el corto plazo. Me explico: ni los partidos de la oposición pueden permanecer impasibles (de hecho, todos han reaccionado con palabras tan contundentes que les podrían obligar a pasar a la acción), ni el PP debería poder resignarse simplemente a dejar languidecer su menguante base electoral. Y, sin embargo, ninguno de ellos está dispuesto a ir a elecciones anticipadas en estos momentos, pero tampoco probablemente provocar un cambio de Gobierno. Aunque al inicio de año podía haber algún argumento para que Rajoy avanzara las elecciones (como concluíamos especulativamente aquí), la continuidad de nuevos escándalos estos últimos tres meses ha abortado esa exigua oportunidad. Por otras razones, ni PSOE (débil aún), ni Podemos (en plena tormenta interna), ni siquiera Ciudadanos (electoralmente vulnerable todavía) estarían interesados en un adelanto inmediato para celebrar elecciones después del verano.

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La primera de ellas es altamente probable pero de resultado incierto: que el PSOE plantee una moción de censura para proponer a Pedro Sánchez como nuevo presidente. En el actual contexto, sería una opción menos costosa que el no hacerla, aunque sólo fuera porque no parece que una moción sin éxito sea peor para Sánchez que simplemente no hacer nada y quedarse como está. De hecho, como señalan los estudios sobre la finalización de los gobiernos, el actual cuadro médico sugeriría bajas expectativas de supervivencia para el Ejecutivo de Rajoy: sin apoyos parlamentarios, alta fragmentación parlamentaria, elevada diversidad ideológica entre los partidos y fuerte polarización. En estas condiciones, o se convocan elecciones (algo que hemos descartado antes) o bien el Parlamento le retira el apoyo al Ejecutivo y forma un nuevo Gobierno.

Pero el éxito de esa moción de censura no conviene a casi nadie: ni Ciudadanos ni Podemos están interesados en entrar en el Ejecutivo en estos momentos (por su elevado coste político), ni tampoco dispuestos a que un PSOE retornado al poder pudiera gozar de estabilidad gubernamental en los próximos meses. Ni siquiera el PSOE, o al menos parte de él, querrá arriesgarse a ganar esa moción: algo que iría en perjuicio de la oposición interna al secretario general socialista, que espera obtener un buen resultado en Andalucía para volver a plantear batalla interna pasado el ciclo electoral de 2019. Incluso las dudas que pueda tener el actual círculo dirigente tienen fundamento: si llegara al Gobierno, el PSOE ¡tendría que gobernar! Pero ¿cómo? Sin Presupuestos propios, con el Senado en contra, con las patatas calientes que dejaría Rajoy, particularmente la catalana. Las restricciones augurarían una productividad tan baja como la del actual Ejecutivo.

Sabemos, además, que una moción de censura no suele ser una vía efectiva para llegar al poder: de las 23 que se han llegado a votar en el nivel autonómico, sólo cinco vencieron y contribuyeron a un cambio de Gobierno, y de ellas solamente la que derrocó a Jerónimo Saavedra del Ejecutivo canario en 1993 dio paso a un cambio de mayoría estable para los ganadores. En La Rioja, el nuevo Gobierno sólo pudo durar una legislatura más; en el resto perdieron el poder en las elecciones siguientes a la censura.

Con todo, si el PSOE acaba planteando la moción, deberá aparecer como sinceramente comprometido con la operación, por lo que es probable que trate de ofrecer un Gobierno provisional para convocar elecciones inmediatas, a fin de vencer las resistencias de sus socios. Comicios que, como hemos dicho, tampoco les convienen a éstos de forma inminente. Una operación nada convincente.

Hay una segunda alternativa, menos probable pero más eficaz para su impulsor: que Rajoy decidiera plantear una cuestión de confianza, como hicieron Suárez y González en el pasado. Diversos estudios demuestran que la cuestión de confianza es un potente artilugio en manos del jefe de Gobierno para reafirmar su autoridad y hacer cuadrar tanto a sus filas internas de partido como a sus socios parlamentarios (o de Gabinete), reforzando la cohesión en torno al Ejecutivo. Plantea el riesgo de que se evidencie la falta de apoyo al presidente, y con ello le fuerce a dimitir. Pero eso es poco probable en estos momentos: siguiendo la misma lógica que sucede en coaliciones de gobierno, Ciudadanos se vería confrontado a un dilema entre el coste menor de mantener a Rajoy o el coste mayor de hacerle caer sin que ello derivara en elecciones inmediatas pero tampoco en un nuevo Gobierno (regresando al escenario de inestabilidad del primer semestre de 2016). En tal caso, la formación naranja quedaría expuesta como un actor demasiado vulnerable al tacticismo parlamentario.

Tremenda conclusión: a pesar de todo lo llovido, resultaría más probable el triunfo de una cuestión de confianza de Rajoy que la victoria de una moción de censura de Sánchez. Y sin embargo, podemos esperar que la aversión a las decisiones valientes que mencionábamos al principio disuada a Rajoy de este escenario. Quizá, si así sucede, puede que esta vez la ética de la no-decisión no le funcione a Rajoy, sino que le lleve a su derrumbe final; no de forma abrupta, sino agónicamente.

De no alterarse estos parámetros, puede que nos veamos abocados, en los próximos días, a un pasticcio parlamentario en el que los partidos de la oposición se vean obligados a tomar y escenificar decisiones gestuales aunque lo hagan persuadidos de que nada cambiará realmente. Al fin y al cabo, la fragmentación de la oposición es el último recurso que mantiene vivo a Rajoy.