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Más allá de la comparación de costes, el balance para el consumidor entre la energía nuclear y las renovables no presenta dudas bajo el actual marco regulatorio. En España, los consumidores compran la electricidad de las nucleares a precios que duplican sus costes variables porque toda la generación se retribuye a la oferta de la tecnología más cara. Por ello, el análisis sobre los costes de las nucleares y sus alternativas debe ir acompañado de una seria reflexión sobre el modelo regulatorio del sector eléctrico en España. Por otro lado, el aumento previsto en los precios del CO2, y la cada vez más estricta regulación europea sobre los contaminantes atmosféricos, harán casi inevitable que el carbón vaya desapareciendo del mix energético en el horizonte 2025. De hecho, varias empresas eléctricas han anunciado su intención de cerrar sus plantas de carbón, y países como Reino Unido, Francia, Italia, Holanda, Portugal, Austria o Finlandia ya han anunciado fechas de cierre programado. En el Reino Unido, un precio (mínimo) a las emisiones de CO2 de 20 euros por tonelada ha provocado que la generación eléctrica con carbón haya caído del 40% en 2012 hasta el 9% en tan sólo cuatro años. Establecer un calendario de cierre gradual del carbón sería preferible para las comarcas afectadas frente a la posibilidad real de que éste se produzca de forma abrupta y precipitada. Si el Gobierno no lo obstaculiza, el cierre paulatino de las centrales de carbón antes de 2025 y de las centrales nucleares al final de su vida de diseño tendría lugar a lo largo de un periodo relativamente corto. ¿Plantea esto dudas sobre su viabilidad? Todos los estudios publicados coinciden en señalar que la seguridad de suministro quedaría garantizada si se planifica la sustitución de la potencia retirada por nueva potencia renovable y de respaldo, incluso bajo los peores escenarios históricos en cuanto a disponibilidad de agua y viento, o a elevadas tasas de crecimiento de la demanda. Además, España cuenta con 25.000 megavatios de potencia en ciclos combinados infrautilizados, que aportarían respaldo firme a la intermitencia de las renovables y facilitarían la sustitución de los 17.000 MWs que, conjuntamente, suman el carbón y las nucleares. Con datos del reciente informe elaborado por un grupo de expertos, a petición del Gobierno, la no prolongación de las nucleares más allá de sus 40 años de vida supondría un incremento del 5% en los precios del mercado mayorista de electricidad, lo que para un hogar medio equivaldría a incrementar su factura eléctrica anual entre 8 y 11 euros. Si bien estas cifras pudieran parecer asumibles a luz de los retornos económicos y ambientales que la transición energética traería consigo, las cifras pueden ser todavía más favorables. Y es que el informe analiza un escenario de cierre nuclear donde ésta es sustituida por centrales de gas existentes y no por nueva potencia renovable. Si se aumentara la inversión en renovables, el cierre ordenado de las térmicas y las nucleares sería posible con un coste inferior para los consumidores y con reducciones sustanciales en las emisiones contaminantes. La evidencia reciente apunta en esta misma dirección. Las nuevas inversiones en renovables adjudicadas en España a través de subastas no recibirán prima alguna, por lo que serán retribuidas al mismo precio que el resto de centrales, incluidas las térmicas y las nucleares. Además, las renovables reducirán los costes para el consumidor porque deprimirán los precios del mercado. Con un mejor diseño de estas subastas, que determinaran un precio estable para la energía reduciendo primas de riesgo para los inversores y fomentando una mayor competencia, se podrían obtener precios inferiores a los actuales. La Transición Energética, además de ser obligada por razones climáticas, es una gran oportunidad. Tres son las premisas para que en España se pueda culminar la transformación energética de una forma justa y eficiente: 1.- Que se pongan en marcha urgentemente planes ambiciosos de incorporación de nueva potencia renovable, incluyendo la generación distribuida, que debe dejar de ser obstaculizada. 2.- Que se pongan en marcha cuanto antes planes socio-económicos que mitiguen los efectos sobre las empresas, trabajadores y comarcas afectadas. 3.- Y que se replantee sin más tardar la regulación eléctrica para que los consumidores puedan beneficiarse plenamente del progreso técnico de la mano de las renovables. La ambición política para que esto se ponga en marcha no basta, pero sí resulta imprescindible.
