11 de Mayo de 2018, 07:03
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Los interesados en destacar nuestras excelencias se desviven por encontrar en qué indicadores salimos bien, importando poco la relevancia de los mismos, y por buscar las debilidades de aquéllos en los que salimos mal. Para estos, la unidad de comparación no será con los países más avanzados, sino con la media de la Unión Europea o con países semejantes en tamaño, según convenga. Y viceversa. En los debates públicos y en los estudios académicos se han usado todo tipo de indicadores como medida del desarrollo digital de un país: el porcentaje de hogares con conexión a Internet; el de personas que se conectan; el de quienes usan la banca electrónica, leen la prensa digital, usan las redes sociales; el porcentaje de empresas con webs, de las que venden en Internet; de las personas que compran en la red o de las que realizan electrónicamente trámites con las administraciones públicas. Centenares de indicadores con sucesivas subdivisiones que hacen siempre posible encontrar alguno que favorezca nuestra tesis favorita. Avances en la medición Afortunadamente, se ha avanzado en el conocimiento de los vectores que impulsan la revolución digital y se ha afinado en los indicadores que podían dar una medida más real de su desarrollo. Hemos aprendido, por ejemplo, que las infraestructuras son básicas para permitir el desarrollo tecnológico; pero también que éstas sólo muestran su utilidad cuando son usadas por los ciudadanos, empresas y administraciones públicas; y que su valor aumenta de manera exponencial a medida que más se utilizan. También hemos aprendido que emplear unos pocos indicadores no refleja adecuadamente el nivel del desarrollo digital de un país. La Comisión Europea intentó resolver este problema en 2014, diseñando un índice sintético denominado DESI (Digital Economy and Society Index) que integra los resultados de un conjunto extenso de indicadores y que se está consolidando como referencia. No es el único que existe, pero presenta algunas ventajas indudables: se elabora a partir de indicadores objetivos, no sometidos a valoraciones personales; existe un control férreo que garantiza su objetividad; permite comparar la evolución en el tiempo de todos los países de la Unión Europea; los indicadores y el procedimiento de elaboración son públicos y, por tanto, sus resultados replicables. También presenta algunas debilidades: no existe para fechas anteriores a 2014; no permite establecer comparaciones con países que no pertenecen a la Unión Europea; la importancia que concede a cada apartado para construir el índice global puede no coincidir con la que cada país o cada experto considere más relevante y puede que los grandes epígrafes dejen fuera aspectos relevantes. Pero es lo más avanzado que tenemos por ahora. El DESI actual se construye a partir de cinco grandes bloques que miden, respectivamente, el nivel de conectividad digital del país; el porcentaje de usuarios de internet y las competencias digitales de la ciudadanía; el tipo de uso que hacen los internautas; la digitalización de las empresas y de las administraciones públicas. Se puede alegar con razón que quedan fuera elementos importantes que deberían tomarse en consideración para tener una fotografía más nítida, pero se debe admitir que ya presenta un nivel de resolución destacable para poder hacer comparaciones entre países, entre áreas y en su evolución temporal. Así pues, usando los indicadores individuales hasta 2014 y el DESI a partir de 2014 es posible elaborar una descripción bastante precisa del desarrollo digital en España y de su evolución en relación con el resto de países de nuestro entorno europeo. Aplicando estas simples reglas, se puede comprobar cómo en los últimos 10 años hemos pasado de estar en el furgón de cola del desarrollo digital en Europa a situarnos en la zona intermedia. Con datos de Eurostat, en 2007 sólo el 38,2% de los hogares españoles disponían de banda ancha, frente al 42,2% de la Unión Europea, y sólo el 43,7% de la población usaba regularmente Internet, frente al 51%. En 2017, estas diferencias prácticamente se habían eliminado: el 82,7% frente al 84,7% y el 80% frente al 80,9%, respectivamente. En el caso de las empresas, en 2007 sólo el 48,9% de las pequeñas y medianas disponían de web frente al 62,7% de la UE, pasando el año pasado a una relación 76,6%-76,8%. En usuarios de la Administración electrónica, la situación ha ido más allá, invirtiendo la situación de partida: en 2007, en España solo el 31,3% se relacionaba con las administraciones públicas a través de internet; 10 años más tarde, los porcentajes fueron el 52,4% y el 48,8%. A partir de 2014 se pueden usar las ediciones anuales del DESI para hacer comparaciones más precisas. En una escala de 0 a 100, en 2014 España se situaba ligeramente por debajo de la UE, en el puesto 16º con 43 puntos frente a 43,2. Desde 2015, España se ha situado de manera sostenida por encima de la media y en 2017 se situaba en el puesto 14º, con 53,7 puntos frente a 52,2.Índice de economía y sociedad digital 2017Fuente: DESI