La expansión de la globalización en las últimas décadas ha permitido ampliar la capacidad de crecimiento de nuestras economías, pero también ha ido minando la soberanía efectiva de los estados para regular los mercados y hacer cumplir con sus obligaciones tributarias a las grandes compañías. Las bases imponibles son cada día más móviles y eso facilita la elusión y la evasión fiscales, presionando además a los gobiernos a adoptar estrategias de competencia a la baja en el diseño de sus propios sistemas tributarios en busca de ingresos adicionales. Como consecuencia, los estados disponen cada vez de menores recursos fiscales con los que redistribuir parte de las rentas generadas con la globalización, reduciendo la cohesión social necesaria, por otra parte, para garantizar la estabilidad de nuestras sociedades. Así, en los últimos años, hemos observado un crecimiento imparable de la desigualdad en el seno de los países occidentales, un aumento de los 'perdedores de la globalización' que ha disparado la ansiedad en buena parte de la ciudadanía, tensionando además nuestros sistemas democráticos.En virtud de esta realidad, la Comisión Europea viene liderando en esta legislatura (gracias al comisario socialista Pierre Moscovici y el apoyo mayoritario del Parlamento Europeo) una estrategia para revertir este estado de las cosas. La implosión del escándalo de Luxleaks en 2014, seguido de los Papeles de Panamá y de otros casos han servido como espoleta a todo un paquete de medidas dirigidas a restablecer la soberanía fiscal de los estados a través de una acción conjunta en la Unión Europea. Primero se puso cerco a los acuerdos bilaterales entre grandes compañías y algunos países de la Unión para hacer aflorar en sus jurisdicciones beneficios obtenidos en otras con muy bajas tasas impositivas mediante la política europea de competencia. Además, se ha establecido un sistema de publicidad de los informes país por país y se ha creado un listado de paraísos fiscales para disuadir a las jurisdicciones no cooperativas. Se han tomado iniciativas adicionales para supervisar el trabajo de los asesores fiscales que utilizan prácticas agresivas y se ha acordado una nueva propuesta legislativa para luchar contra el fraude del IVA transfronterizo. En todo caso, la principal propuesta de la Comisión quizá sea su iniciativa para la armonización y consolidación de la base imponible del Impuesto de Sociedades, sustanciada en dos directivas presentadas a finales de 2016. Adicionalmente, el pasado 22 de marzo la Comisión presentó una actualización de su proyecto inicial para incorporar a las compañías globales digitales en el mismo modelo, a la par que establecía un impuesto transitorio sobre la facturación, permitiendo la localización de los beneficios a la espera de conocer el resultado final de todo el paquete de reforma del Impuesto de Sociedades.La Comisión fracasó en el mismo empeño la legislatura pasada, después de que el Consejo rechazara una propuesta similar de 2011 para la creación de esa base imponible común y consolidada. En todo caso, los estados miembros parecían entonces más proclives a acordar la armonización de las normas contables que a pactar los sistemas de consolidación y reparto de las bases imponibles. Tras esa experiencia, Moscovici ha apostado en esta legislatura por dividir el proyecto en dos directivas. Por una parte, la Comisión ha establecido una norma contable común para el cálculo de los beneficios y, por otra, ha fijado un modelo de consolidación entre los resultados en distintos estados miembros que permita el reparto de las bases imponibles en virtud de criterios objetivos. La presentación de la propuesta en dos directivas debería a priori facilitar la negociación en el Consejo, acelerando un acuerdo en la primera de ellas que permita abordar luego la segunda. Ése es el calendarioque ha adoptado el Consejo, si bien la Comisión y el Parlamento han insistido en varias ocasiones que ambas directivas no se pueden desligar. Así, el Parlamento adoptó su opinión en pleno del 14 de marzo, respaldando ampliamente la propuesta y apostando por algunas medidas adicionales, si bien en esta materia sólo el Consejo es legislador y cualquier acuerdo necesita de la unanimidad de los estados, lo que genera retos adicionales sobre su tramitación, salvo que la Comisión apostara finalmente por recurrir al artículo 116 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).En fin, la propuesta de directiva para el establecimiento de una base imponible común en el Impuesto de Sociedades fija criterios únicos de contabilidad y unifica los distintos modelos de deducciones, todo ello para aquellas compañías cuya facturación anual supere los 750 millones de euros. En primer lugar, se propone una deducción común por gastos en inversión y desarrollo: hasta 20 millones de euros de inversión en I+D, la empresas podrían deducirse un 50%, y un 25% adicional a partir de volúmenes superiores. Además, las pequeñas empresas podrían deducirse totalmente sus gastos en esta partida.En segundo lugar, la directiva propone una nueva desgravación fiscal dirigida a corregir el actual sesgo regulatorio a favor de la deuda como vía de financiación, dada la deducibilidad fiscal de los intereses frente al pago de dividendos. Para ello, las empresas podrán deducirse una rentabilidad teórica de las nuevas emisiones de capital. En este sentido, se aplicará el tipo de interés libre de riesgo más un risk-premium sobre las emisiones cuyo importe podrá deducirse directamente en el Impuesto de Sociedades. Además, la propuesta de directiva contiene disposiciones adicionales para limitar la deducción de intereses, normas sobre sociedades extranjeras controladas desde Europa, asimetrías híbridas y medidas contra las prácticas abusivas.Por otra parte, la directiva de consolidación establece un sistema para distribuir los beneficios consolidados entre las distintas jurisdicciones donde operan las empresas, permitiendo, por otra parte, compensar pérdidas y ganancias registradas en uno u otro país. Para ello, una vez calculados los beneficios y la base imponible global, su reparto se realizaría en virtud de tres criterios: activos, empleados y ventas. A partir de una fórmula donde los tres principios tendrían igual peso, se irían asignando las distintas bases a los países europeos donde la empresa opere, eliminando así no sólo el arbitraje normativo, sino también el impositivo. Ambas directivas se encuentran ahora en proceso de negociación en el Consejo y, como suele ser habitual, esas discusiones son lo suficientemente opacas como para dificultar una valoración certera de su tramitación. En principio, algunos países están mostrando reticencias importantes en la medida en que se benefician del actual marco normativo para aflorar en sus jurisdicciones beneficios obtenidos en otras. De este modo, la presión ciudadana resulta esencial para llevar a buen puerto ambas iniciativas. Por último, la revisión de las directivas para absorber también las empresas digitales tan sólo ha iniciado el trámite en el que de nuevo el Parlamento sólo tiene opinión y el Consejo decidirá por unanimidad.En términos generales, las dos directivas más la revisión para las empresas digitales apuntan en la buena dirección: acabar con el arbitraje regulatorio y con la competencia fiscal a la baja entre países. Además, el acuerdo de gobierno en Alemania que respalda todo este paquete defiende también la fijación de un tipo mínimo para toda la Unión, que será el segundo paso y obligación para la siguiente legislatura si la actual negociación acaba en éxito. Redoblemos, pues, la presión sobre el Consejo, sobre los gobiernos nacionales, para avanzar hacia el camino de la recuperación de la soberanía fiscal, que sólo podrá hacerse de manera compartida, a través de la Unión Europea.
Diputado al Parlamento Europeo en el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, del que es coordinador en el Comité de Asuntos Económicos y Monetarios
